Por segunda ocasión en menos de un mes, el gobernador del estado Miguel Angel Yunes Linares les tuvo que volver a corregir la plana a los señores y señoras diputadas del Congreso veracruzano, luego de que habían aprobado y turnado para su publicación en a Gaceta Oficial dos tremendas barbaridades legislativas.
en un mensaje difundido en sus redes sociales el Ejecutivo aseveró que los cambios a la Ley ponen en riesgo las finanzas del Instituto de Pensiones y de la entidad. Al regresarles la propuesta de modificación a la ley del IPE Yunes Linares les dijo a los diputados: “Solamente citaría lo siguiente, en los años próximos el Gobierno de Veracruz tendría que entregarle al Instituto de Pensiones más de 17 mil millones de pesos, y la siguiente administración tendría que entregarle más de 2 mil millones adicionales a los 2 mil 400 millones de pesos que ya les entregamos”.
Esto significaría un quebranto en las finanzas públicas del Estado, de ahí que optó por devolver el proyecto con observaciones.
Pero por si no fuera poco, la semana pasada con 40 votos a favor, cero abstenciones y cero votos en contra, el Congreso Estatal aprobó un decreto denominado “Acoso Cibernético” y reformas al Código Penal para castigar hasta con dos años de cárcel a quien se burle o critique a alguien en las redes sociales.
¡Hágame usted el grandísimo favor!
Casi casi, que los y las diputadas del Congreso, que afortunadamente ya están a unos días de terminar su “gestión” pero que al parecer no han aprendido nada, nada, ni lo más elemental, como el hecho de que ninguna ley, decreto, reglamento o disposición puede estar en contra de lo establecido en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.
Por si no han alcanzado a leer el documento, los artículos 6 y 7 se refieren a la Libertad de Expresión y Derecho a la Información de que se supone gozamos todos los mexicanos.
Pero a los legisladores veracruzanos, se les ocurrió que para que no los ridiculicen, critiquen y exhiban sus incapacidades, pues simplemente habría que hacer un decreto que ya fue calificado por la opinión pública como “Ley Anti Memes”.
Desafortunadamente no es nada nueva la idea de tratar de censurar y limitar el derecho a opinar y criticar, pues como se recordará en los últimos días del desgobierno de Javier Duarte de Ochoa también se emitió por el Congreso del Estado una ley mordaza contra twitteros, lo que permitió el encarcelamiento de la activista Maruchi Bravo en el puerto de Veracruz, porque según estaba causando terrorismo en las redes sociales.
Pero ahora los diputados de la actual Legislatura decidieron mejorar la versión y no solamente se referían al Twitter, sino a todas las redes sociales, incluyendo el famoso Facebook y los WhatsApps con lo que prácticamente resultaría prácticamente imposible enviar un mensaje, sin correr el riesgo de ser acusado de dañar la imagen de algún funcionario o simple ciudadano y terminar pagando más años que Javier Duarte en la cárcel.
Además, ya se estaba señalando en las redes sociales, que en el fondo, el autor de ese bodrio legislativo no eran los diputados de las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Procuración de Justicia, cuyos miembros suscriben, la adición del “Acoso Cibernético” sino que como suele suceder, se estaba endilgando el santo al mismísimo gobernador del estado Miguel Angel Yunes Linares.
Por eso fue que para parar en seco y por lo sano, esta mañana el gobernador en su cuenta de Twitter anunció que no enviaría a publicar ese decreto y la reforma al Código Penal, sino que se los regresaría a los diputados para que lo analizaran y corrigieran porque la mala redacción se prestaba a confusiones de interpretación.
El multirreferido decreto que presentado por el Diputado José Kirsch Sánchez, integrante del Grupo Legislativo del Partido de la Revolución Democrática PRD y a la que se adhieren las Diputadas “independientes” Miriam Judith González Sheridan y Eva Felicitas Cadena Sandoval; así como las Diputadas María Josefina Gamboa Torales y María Elisa Manterola Sainz, del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional.
El artículo único que se pretendía agregar al Código Penal dice textualmente:
LIBRO SEGUNDO TÍTULO VI, CAPÍTULO III BIS, ACOSO CIBERNÉTICO:
“Artículo 196 Bis. Se impondrán de seis meses a dos años de prisión, y hasta cien días de trabajo a favor de la comunidad, a quien, utilizando cualquier medio de comunicación digital, difunda información lesiva o dolosa de otra persona, revelando, cediendo o transmitiendo una o más imágenes, grabaciones audiovisuales o textos, que dañen su reputación o su autoestima y le causen con ello afectación psicológica, familiar, laboral o en su entorno cotidiano.”
No pues sí, mejor simplemente hubieran dicho que quedaba prohibido terminantemente el uso de cualquier tipo de comunicación a través de las redes sociales.
Y no solamente fue una comisión del Congreso del Estado sino dos, las que emitieron el dictamen que fue aprobado por el pleno de la mayoría de los diputados de las fracciones de todos los partidos, habrá que preguntarle a los y las diputadas en qué estaban pensando cuando hicieron esa propuesta, ahora sí, a todas luces indecorosa.
Por la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales el todavía diputado, Bingen Rementería Molina, presidente; diputado. Carlos Antonio Morales Guevara, secretario, diputado. Gregorio Murillo Uscanga, vocal; Comisión Permanente de Procuración de Justicia, diputado José Luis Enríquez Ambell, presidente; diputada María Josefina Gamboa Torales, secretaria; diputado Zenyazen Roberto Escobar García, Vocal.
Así las cosas, la actual Sexagésima Cuarta Legislatura, próxima a terminar para bien de los veracruzanos, acaba presumiendo que ha sido la más prolífera en la historia del Poder Legislativo, pero no dice que también es la que más equivocaciones ha tenido, al grado que el mismísimo gobernador del estado les tiene que regresar su mal hecha chamba para que la corrijan.
Ni modo, habrá que esperar la próxima, en donde Morena tendrá mayoría, para ver como van a trabajar.
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