Administrar con inteligencia. Fortalecer las finanzas propias. Traducir los recursos públicos en servicios y obras de calidad. Nadie podría estar en desacuerdo con ese llamado que ayer lanzó el Congreso del Estado al entregar las Leyes de Ingresos a los 212 municipios de Veracruz. El mensaje es impecable. El problema, como casi siempre, no está en el discurso, sino en la historia que lo antecede y en la realidad que lo pone a prueba.
El diputado Esteban Bautista Hernández habló de finanzas sanas, de autonomía municipal y de rendición de cuentas claras. Incluso fue más allá: negó intermediarios, rechazó la “limpieza” de cuentas públicas y reivindicó un código de ética y transparencia. Dicho así, frente a alcaldes y alcaldesas que apenas inician su gestión, suena a un nuevo comienzo. Pero en Veracruz aprendimos, a fuerza de decepciones, que las palabras no bastan para cambiar inercias profundamente arraigadas.
Porque si algo ha caracterizado a la vida municipal veracruzana es la fragilidad financiera crónica, la dependencia de transferencias federales y estatales y, en demasiados casos, una administración del dinero público marcada por la improvisación, el endeudamiento irresponsable o la corrupción abierta. Las Leyes de Ingresos, por sí mismas, no corrigen esos vicios. Son una herramienta. Y como toda herramienta, pueden servir para construir o para simular.
El Congreso habla hoy de acompañamiento, asesoría y puertas abiertas. Bien. Pero conviene no olvidar que durante años el mismo Poder Legislativo fue incapaz —o renuente— a ejercer una fiscalización efectiva. Las comisiones de Hacienda Municipal y los órganos de control conocieron irregularidades que nunca derivaron en sanciones ejemplares. Municipios quebrados, obras inconclusas, observaciones repetidas año con año y funcionarios que se marcharon sin rendir cuentas forman parte del expediente histórico que no puede borrarse con un acto protocolario.
La presencia de la Secretaría de Fiscalización y los cursos-taller sobre gestión de ingresos son pasos necesarios, pero insuficientes si no se acompañan de una señal inequívoca: quien desvíe recursos, quien mienta en su recaudación, quien haga del presupuesto un botín político, será investigado y sancionado, sin importar partido, cargo o cercanía con el poder.
Ahí está el verdadero desafío. No en entregar documentos, sino en vigilar su aplicación. No en hablar de legalidad, sino en hacerla valer. No en proclamar transparencia, sino en practicarla cuando incomoda.
Los municipios, es cierto, enfrentan enormes dificultades al inicio de sus administraciones: baja recaudación, demandas sociales urgentes, estructuras administrativas débiles. Pero nada de eso justifica repetir los errores del pasado. Administrar bien no es una consigna: es una obligación legal y ética. Y el Congreso, que hoy ofrece respaldo, también debe asumir su papel de contrapeso, no de cómplice silencioso.
La ciudadanía no necesita más ceremonias ni más discursos bien redactados. Necesita resultados. Calles pavimentadas que existan, servicios que funcionen, cuentas claras que puedan revisarse peso por peso. Si esta entrega de Leyes de Ingresos marca el inicio de una nueva relación entre el Congreso y los municipios, habrá que celebrarlo. Pero si se queda en la foto y el boletín, será solo otro episodio de la larga simulación veracruzana.
La prueba no está en el auditorio del Palacio Legislativo. Está en los ayuntamientos, en sus estados financieros y, sobre todo, en la vida cotidiana de la gente. Ahí es donde la política deja de hablar y empieza a rendir cuentas.
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