Por Miguel Ángel Cristiani
Ahora que desde los Estados Unidos están destapando la cloaca de la corrupción en nuestro país, como lo es el hecho de la detención del empresario petrolero Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, acusado de liderar una red de sobornos para obtener contratos millonarios con Pemex, no es una anécdota aislada. Es, en realidad, la confirmación de lo que muchos advertimos desde hace una década: la llamada reforma energética del sexenio de Enrique Peña Nieto no abrió la modernización del sector, sino la puerta grande a la corrupción trasnacional, disfrazada de “inversión privada”. Ahora se sabe cómo es que la corrupción petrolera entre otras tantas formas llegó hasta el Estado de Veracruz.
El caso Rovirosa ilustra la perversión de un esquema que, en teoría, buscaba atraer capital y tecnología para aprovechar los hidrocarburos nacionales, pero que en la práctica se convirtió en un festín de privilegios, componendas y sobornos. La historia, revelada por el periódico español El País esta semana, es clara: mediante pagos ilegales a altos funcionarios de Pemex y PEP, Rovirosa aseguró contratos jugosos, incluido el bloque petrolero VC-01 en Veracruz, una zona de 125 kilómetros cuadrados que abarca seis municipios.
Ese campo, adjudicado en 2018 a través de la empresa Bloque VC 01 S.A.P.I. de C.V., fue construido sobre arena movediza. Primero lo ganó una firma china, pero al incumplir con un incentivo de 2 millones de dólares, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) trasladó el contrato al “segundo lugar”: Rovirosa. Así, el empresario, que ya tenía tentáculos en Texas mediante la firma Roma Exploration and Production, se convirtió en concesionario por tres décadas. Suerte demasiado buena como para ser casualidad.
Desde 2020, Rovirosa ha extraído 160,000 barriles de petróleo de tierras veracruzanas. Según datos del Banco de México, de marzo de 2023 a mayo de 2024 vendió 34,000 barriles por 2 millones de dólares, de los cuales el Estado recibió apenas 790,000 en regalías. Pero en el siguiente periodo —junio de 2024 a mayo de 2025— se comercializaron 88,501 barriles por casi 5 millones de dólares sin que exista registro de pago alguno al erario. ¿Qué significa esto? Simple: el negocio privado avanzó, pero la nación quedó en segundo plano.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos señala que Rovirosa operó en mancuerna con Mario Alberto Ávila Lizárraga, exfuncionario panista de Pemex Exploración y Producción, y que al menos entre 2019 y 2021 sobornaron a tres funcionarios de la petrolera para obtener contratos y limpiar auditorías. La acusación también apunta a familiares involucrados en la maquinaria de corrupción. Un ejemplo es Irma Cristina Payró Rovirosa, quien fungía como representante legal ante la CNH en los trámites de permisos.
Conviene no olvidar que la reforma energética de 2013 fue vendida al país como la panacea para modernizar el sector, atraer tecnología y generar riqueza. Hoy, lo que vemos es que las rondas de licitación se convirtieron en rondas de corrupción. Empresarios como Rovirosa —hasta hace poco discretos, pero con fuertes conexiones políticas— son el espejo de un modelo que subordinó el interés público al lucro privado.
Veracruz, rico en recursos naturales y pobre en beneficios sociales, vuelve a ser escenario de esta contradicción. Los municipios que integran el bloque VC-01 son ejemplo de comunidades que ven salir el petróleo, pero no ven llegar desarrollo, salud ni seguridad. El petróleo se extrae aquí, las ganancias se reparten allá.
Frente a esta evidencia, la Secretaría de Energía guarda silencio. No hay, hasta ahora, una postura clara sobre si se revisarán las concesiones otorgadas bajo sospecha de corrupción. El gobierno mexicano no puede pretender que este caso es “asunto extranjero”. Los barriles se extrajeron de nuestro suelo, los contratos se firmaron bajo nuestras leyes, los funcionarios sobornados eran de Pemex.
¿Dónde queda la rendición de cuentas? ¿Quién revisará que las regalías faltantes sean restituidas? ¿Quién se atreverá a depurar las cloacas de Pemex, donde exfuncionarios de todos los colores partidistas han encontrado un terreno fértil para su enriquecimiento?
El caso Rovirosa es más que una historia de sobornos: es un espejo de lo que significó la reforma energética. Una apuesta que, en lugar de fortalecer la soberanía, la hipotecó; que en lugar de blindar a Pemex contra la corrupción, lo abrió a nuevos esquemas de saqueo; y que en lugar de garantizar beneficios sociales, dejó al Estado con migajas.
Hoy, cuando Estados Unidos actúa y procesa a los corruptos de “nuestro” sistema, el silencio en México resulta doblemente vergonzoso. Si dependemos de cortes extranjeras para limpiar lo que en casa toleramos, entonces el verdadero problema no es Rovirosa ni Ávila: es la complicidad estructural de un sistema político que permitió que esto ocurriera.
La lección es clara: los recursos de la nación no se privatizan sin consecuencias. El petróleo de Veracruz debe servir a los veracruzanos, no a los bolsillos de empresarios y políticos con padrinos en Pemex. Mientras no entendamos eso, cada reforma energética será, en realidad, una reforma para el saqueo.
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