Uno de los tantos factores que contribuyeron a la crisis financiera en el estado de Veracruz, que todavía seguimos padeciendo muchos sectores de la sociedad, fue la retención ilegal por parte del gobierno del estado, de las aportaciones federales que debieron de ser entregadas a los municipios, pero que fueron desaparecidas y nunca llegaron a los respectivos ayuntamientos.
Fueron otros muchos millones de pesos, los que se dejaron de entregar a los municipios, los que a su vez se convirtieron en deudas y compromisos sin cumplir.
Por eso es muy importante el triunfo legal que se acaba de alcanzar en el municipio de Jalcomulco, en donde gracias a que se interpuso una demanda en su momento, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación condenó para al Gobierno del Estado de Veracruz, a que le entregara un adeudo por más de medio millón de pesos, más intereses, correspondientes a los fondos federales que les debían desde el año 2016.
Por Demanda de Controversia Constitucional que promovió ante la Suprema Corte de la Nación la Lic. Edith Montero Morgado, socia de la prestigiada firma de abogados “Poblete Consulting Group” -División Veracruz- como mandataria del Ayuntamiento de Jalcomulco, la Corte en Pleno resolvió a su favor y se constituyó en el primer Ayuntamiento en ganar, el juicio en la materia, de los 97 municipios que promovieron el mencionado proceso jurisdiccional.
Los municipios demandantes ven en la resolución favorable que obtuvo Jalcomulco, “el diamante verde agua” como se le conoce en el mundo, tanto una posibilidad de ganar, como un precedente que les asegura la oportunidad de hacerse de recursos para realizar la obra política y social a que se comprometieron, por lo que, algunos ayuntamientos, han buscado la asesoría de la jurista Montero Morgado para garantizarse el éxito en sus demandas que les significan millones de pesos, con los que puedan cumplir con los compromisos que hicieron con los votantes que los llevaron al triunfo.
Los reclamos de los municipios querellantes han sido por adeudos pendientes, fundamentalmente, del ramo federal 033, aportaciones para entidades y municipios, relacionados a: Fondo para infraestructura social y Fondo para el fortalecimiento de los municipios.
Dentro de los municipios que interpusieron demanda de Controversia Constitucional, se encuentran Veracruz, Boca del Rio, Minatitlán, entre los 97, que tendrán que esperar las respectivas resoluciones, ahora de las Salas como lo determinó el Tribunal Supremo, y no del Pleno de la Suprema Corte como fue el caso, singular, de Jalcomulco; municipalidad que es hoy por hoy, dentro de los dos mil cuatrocientos cuarenta y seis municipios del país, ejemplo de aplicación del Control de la Constitucionalidad, cuando, con conocimiento especializado, se sabe reclamar la legalidad.
Algunas controversias, incluso, se remontan a años previos de la administración de Duarte, cuando también hubo reclamos por estos fondos.
El Municipio de Veracruz, por ejemplo, exigió en su controversia al menos 140 millones de pesos, y otras demarcaciones de las más importantes del Estado también demandaron pagos por decenas de millones, entre ellas Boca del Río y Minatitlán.
La mayoría de los reclamos se refieren a los fondos para Infraestructura Social (FISM) y Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun) y en algunos casos también se piden participaciones federales no etiquetadas.
Luego de tres sesiones, la Corte acotó los pagos para Jalcomulco a los meses de mayo y septiembre de 2016, aunque habrá variaciones en cada controversia, pues en algunos casos hubo omisiones totales de entrega de recursos, mientras que en otros sí se pagaron, pero de manera extemporánea y procede el pago de intereses.
El debate en el Pleno fue uno de los más confusos y repetitivos de los últimos años y requirió una decena de votaciones, ante la dificultad de los Ministros para aclarar la naturaleza jurídica de la retención de los recursos, y sobre todo, para fijar los meses por los que sí procede pago.
Si bien el Pleno había listado siete controversias, los Ministros ya no quisieron dedicar más tiempo al asunto.
"En esta controversia (de Jalcomulco) si ven, estamos con un mes o con dos meses, teniendo muchas dificultades, pero vienen todas las controversias que cada uno tenemos que se van años hacia atrás, entonces vamos a tener que estar viendo intereses, como acto positivo con fecha de impugnación, omisiones totales sin fecha de impugnación y, además, aceptando impugnaciones de hace cinco años", advirtió en la sesión el Ministro Javier Láynez.
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