Liberan a sujeto implicado en homicidio de periodista María Elena Ferral tras obtener un amparo; Anuncian PJE y SSP uso de localizadores electrónicos a imputados en procesos penales, en Veracruz MEMORANDUM 1.-
Un sujeto identificado como Luis Ángel “N”, alias “La Güicha”, señalado como uno de los participantes en el asesinato de la periodista María Elena F.H., en Papantla, obtuvo su libertad este jueves luego de que un tribunal federal le concediera un amparo. La resolución determinó que no existían elementos suficientes para mantenerlo vinculado al proceso penal 46/2020. El acusado fue detenido en 2022 por elementos de la Policía Ministerial en la terminal de autobuses de segunda clase, cuando intentaba trasladarse a una comunidad. Desde abril de 2020 permanecía prófugo de la justicia, hasta que finalmente fue aprehendido y trasladado a prisión preventiva por su presunta implicación en el homicidio ocurrido en marzo de ese mismo año. Durante su detención, el juez de control le dictó prisión preventiva oficiosa por un año y otorgado tiempo para las investigaciones complementarias. Sin embargo, la defensa presentó diversos recursos legales, logrando que se revisara la validez de los señalamientos en su contra. En la audiencia más reciente celebrada en la sala de juicios orales, el tribunal consideró que las pruebas presentadas eran insuficientes para acreditar su probable responsabilidad, lo que derivó en la revocación de la vinculación a proceso y en la concesión del amparo liso y llano que ordenó su liberación inmediata. María Elena F.H., reconocida por su labor periodística en el norte del estado, fue asesinada en marzo de 2020 en Papantla. Su trabajo se centraba en temas delicados como corrupción, abusos de poder y crimen organizado, lo cual la había convertido en blanco de amenazas. Su asesinato generó indignación y presiones nacionales e internacionales para que se haga justicia… COMO MEDIDA cautelar para personas imputadas en procesos penales, el Poder Judicial del Estado, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), comenzó la implementación gradual de localizadores electrónicos en modalidad de brazaletes. La medida forma parte de una estrategia institucional orientada a fortalecer la procuración e impartición de justicia, reducir el uso de la prisión preventiva como única forma de sujeción al proceso, y optimizar recursos públicos destinados a la manutención de personas privadas de la libertad. También se contempla como alternativa al arresto domiciliario. Para garantizar su correcta aplicación, el Consejo de la Judicatura emitió un protocolo que establece los criterios que deberán observar jueces y autoridades competentes. El documento detalla las condiciones físicas, domiciliarias, de conectividad y económicas que la persona imputada debe acreditar para solicitar el dispositivo, así como el compromiso de uso responsable. La solicitud deberá presentarse por escrito y será valorada por la persona juzgadora, quien determinará su procedencia conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y al protocolo emitido. En caso de aprobación, se instalará el brazalete y se activará el monitoreo a cargo de la Subdirección de Medidas Cautelares de la SSP (UMECA). La implementación se realizará de forma escalonada, iniciando con pruebas piloto en distritos judiciales seleccionados. Los resultados serán evaluados por el Órgano de Administración Judicial, que definirá su expansión progresiva hasta alcanzar cobertura estatal. El protocolo establece restricciones específicas para el uso del dispositivo, entre ellas: no apagarlo, no provocar fallas por negligencia, no salir de la geocerca sin autorización judicial, atender llamadas del centro de monitoreo y mantener carga suficiente. Las autoridades señalaron que el incumplimiento de estas condiciones podrá derivar en la revocación de la medida cautelar, el retiro del equipo y la ejecución de la garantía otorgada. Se informó que la aplicación de esta medida se fundamenta en un principio de adecuación práctica, procurando evitar formalismos excesivos y privilegiando la certeza jurídica en cada caso particular.
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Morena propone garantizar acceso libre a playas y parques naturales debido a que el cobro genera desigualdad social, pero eso lo hace la 4T MEMORANDUM 2.-
Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para garantizar el ingreso libre y gratuito a las playas del país, así como a los parques y zonas protegidas. En la propuesta de modificaciones a las leyes generales de Bienes Nacionales y del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio ambiente, se plantea añadir la obligación de las autoridades federales, estatales y municipales, de procurar la menos un paso público por tramo costero y prohibir cobros, cuotas o condiciones restrictivas para el ingreso a las playas. La iniciativa de los diputados Ricardo Monreal y Enrique Vázquez considera cambios al artículo 127 de la Ley General de Bienes nacionales para garantizar que los particulares con concesiones o permisos en la Zona Federal Marítimo Terrestre no puedan impedir el ingreso público a las playas y deban de prever un acceso libre de uso común. En el caso de parques y zonas protegidas, la propuesta considera que, al menos un día a la semana, se permita el ingreso gratuito al público general. La iniciativa señala que hay varias áreas naturales protegidas en litorales o playas, por lo cual es fundamental encontrar un equilibrio para su resguardo eficaz y, al mismo tiempo, respetar los derechos de acceso público a las playas de los visitantes. Se recordó que, en 2007, el Programa Nacional de Áreas Protegidas propuso el cobro de cuotas para la entrada a esos espacios, con el argumento de que los ingresos permitirían financiar su restauración ambiental y reducir el flujo turístico para proteger la biodiversidad. No obstante, ello derivó “en un disgusto social ya que se limitaba el ingreso o se cobraba por el paso de personas que siempre habían disfrutado estos espacios” de manera gratuita. La solución, añade la iniciativa provocó “efectos no deseados” que afectan el ejercicio libre de derechos fundamentales, el bienestar de miles de personas en las zonas costeras e incluso propició desigualdad social. En distintas zonas del país, el libre paso a las playas ha sido restringido mediante cobro o bloqueos físicos, sobre todo en espacios privados que se otorgaron mediante concesión y resalta que la imposición de cuotas a la población y turistas “genera un efecto excluyente que se profundiza en contextos de desigualdad económica”. Se ejemplificó que, en Tulum, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas comenzó a cobrar una cuota de 58 pesos al público para acceder al Parque Nacional desde el 20 de febrero de 2023 y que, a pesar del descontento social, el 17 de diciembre de 2024 el Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca-Maya-Mexica administrada por el ejército impuso cuotas a más playas públicas como Santa Fe, Pescadores y Paraíso. La polémica creció porque las cuotas de entrada a áreas naturales protegidas aumentaron. Si bien en la Ley Federal de Derechos aprobada por la Cámara de Diputados la cuota era de 120.74 pesos para el público en general, el Grupo Aeroportuario “cobra tarifas diferentes y más altas”. Esto es, 415.37 pesos a extranjeros, 255 pesos a mexicanos, 105 pesos a residentes de Quintana Roo –previa comprobación de sus domicilios- y a militares, así como 31 pesos a estudiantes. “La situación se complica porque no se explica al público el fundamento legal dela medida ni el destino y uso de los recursos que son captados”, indica.
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Violencia sigue desatada, asesinan a varón de varios impactos de bala, en Tlapacoyan; Reportan a joven de 16 años desaparecida en la localidad de Alborada, municipio de Emiliano Zapata MEMORANDUM 3.-
La violencia sigue desatada en Veracruz. Un hombre fue asesinado a balazos en la localidad de Filipinas, en el municipio de Tlapacoyan. De acuerdo con los reportes, los cuerpos de emergencia y seguridad fueron alertados tras escucharse múltiples detonaciones de arma de fuego. Al llegar al sitio, los vecinos señalaron que los disparos habían provenido de una vivienda de la zona. En el interior, las autoridades encontraron a un hombre identificado como Jonathan Castillo Martínez, quien presentaba varios impactos de bala, y aunque los paramédicos intentaron brindarle atención de urgencia confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que fue declarado sin vida en el lugar. Elementos de la Policía Municipal procedieron a acordonar la zona mientras arribaban los peritos criminalistas y agentes ministeriales, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo que fue trasladado al Semefo para la necropsia de ley e integraron la carpeta de investigación correspondiente. Hasta el momento, nada se sabe de los responsables quienes lograron darse a la fuga….UNA ADOLESCENTE identificada como Mariela Morales Galán, de 16 años de edad, fue reportada como desaparecida desde el pasado sábado 23 de agosto en la comunidad de Alborada, en el municipio de Emiliano Zapata. Desde entonces, su familia ha iniciado una intensa búsqueda que se ha extendido a zonas cercanas, sin obtener resultados. Este jueves, familiares, amigos y vecinos se manifestaron sobre la carretera Las Trancas-Coatepec para exigir a la Fiscalía General del Estado (FGE) que agilice las investigaciones. Con pancartas, fichas de búsqueda y consignas, los manifestantes bloquearon el paso vehicular como medida de presión ante lo que consideran una respuesta lenta de las autoridades. Karina Morales Galán, hermana de Mariela, encabezó la protesta y pidió el apoyo de la ciudadanía para conformar brigadas de búsqueda; “mi hermana tiene 16 años y solicitamos a algunas personas que nos ayuden a realizar una brigada ya que somos pocos”. La familia teme por la integridad de la joven, por lo que han solicitado también el uso de drones para explorar terrenos de difícil acceso como fincas cafetaleras, potreros y cañadas. Mariela mide 1.57 metros; es de tez morena, cabello largo y negro, cara ovalada, ojos café oscuros, labios gruesos, nariz chata y, como señas particulares, hoyuelos en las mejillas. Su desaparición ocurrió mientras la familia se encontraba fuera de casa; al regresar, alrededor de las 16:30 horas del 23 de agosto, ya no la encontraron y desde entonces no han tenido contacto con ella. Los familiares de Mariela han solicitado a la FGE que se rastree el teléfono celular de la joven, con la esperanza de obtener pistas que conduzcan a su ubicación. Mientras tanto, la comunidad se mantiene en alerta y continúa organizando esfuerzos colectivos para dar con su paradero.
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