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XALAPA.- La organización internacional Artículo 19 reveló que del primero de enero al 31 de julio del 2025 se ha documentado un alarmante aumento de acoso judicial contra periodistas en el país, pues hasta el momento se contabilizan 51 instancias documentadas en 17 estados. Los tres estados con más procesos iniciados contra periodistas son Veracruz, con 10; Ciudad de México, con nueve, y Jalisco, con seis, seguido por Campeche, Oaxaca y Puebla con tres instancias cada uno. Con relación a Veracruz, Artículo 19 lleva el registro de que hay procesos donde una misma figura política denuncia por violencia política de género a decenas de personas, a medios de comunicación y organizaciones de sociedad civil por una mera mención de nepotismo en sus publicaciones. “A la fecha de redacción de este reporte, el Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE Veracruz) sigue enviando notificaciones, resaltando como una misma persona puede silenciar a grupos enteros abusando de estas herramientas”, detalla el texto. La organización emitió un documento donde lamentó que se está haciendo uso de las leyes como mecanismo de censura, por lo que se ha reportado que 39 periodistas (28 hombres y 11 mujeres), así como 12 medios de comunicación, han sido notificados sobre procesos legales iniciados en su contra. Refirió que la cifra significa que, en promedio, se inicia un nuevo proceso judicial o administrativo contra periodistas cada cuatro días, lo que refleja un uso faccioso del marco legal mexicano que pone en grave riesgo la libertad de expresión y el derecho a la información. Aunque los primeros sucesos comenzaron desde el año 2016, en el primer semestre de 2025 la cifra ha crecido de forma preocupante, lo que representa que ahora, la violencia contra la prensa ya no se limita a agresiones físicas o amenazas, sino que se traslada a los tribunales mediante demandas, denuncias y procedimientos administrativos o electorales. “Preocupa especialmente el uso indebido de la figura de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPEG), diseñada originalmente para combatir la discriminación estructural que enfrentan las mujeres en México. Esta figura se ha convertido en un instrumento para inhibir el debate público, llegando incluso a eliminar publicaciones críticas o incómodas para personas en el poder”, se lee en el desplegado. Los procesos judiciales o ministeriales iniciados contra periodistas están relacionados con sus investigaciones, notas periodísticas o publicaciones en redes sociales que para los denunciantes llegan a resultar incómodos. El acoso judicial representa una estrategia de desgaste, de recursos económicos, legales y humanos para la prensa y buscan enviar no sólo un mensaje individual a quien se le inicia el proceso, sino un mensaje colectivo a todas las personas periodistas o personas defensoras de derechos humanos quienes ejercen su libertad de expresión. De las incidencias, 23 fueron personas funcionarias públicas (varias de ellas en proceso reelección de su puesto o en proceso de candidatura de uno nuevo), seguido de 18 particulares, y con 10 procesos iniciados directamente por partidos políticos y candidaturas (sin un puesto como persona funcionaria al momento de la agresión). En ese tenor, la organización consideró que, si esta tendencia continúa, el espacio para el periodismo crítico se reducirá aún más, por lo que hizo un llamado urgente a revisar los marcos normativos que están siendo utilizados como herramientas de censura en México. “La organización exige a las autoridades abstenerse de hostigar a la prensa mediante vías electorales, civiles, penales o administrativas (…) Utilizar medios como el derecho a réplica enmarcado en el Artículo sexto Constitucional, así como su Ley Reglamentaria, como un mecanismo para corregir o contrarrestar información inexacta o errónea. A los poderes ejecutivos estatales y federal, abstenerse de utilizar la VPEG y el aparato electoral y judicial para acallar a la crítica, recordando que deben ser tolerantes al escrutinio público, a discursos críticos, incómodos o incluso chocantes u ofensivos”. También al Poder Judicial de la Federación y poderes judiciales locales, a aplicar con rigor los estándares de libertad de expresión en la valoración de casos que incluyan la crítica y la información sobre temas de interés público; al Congreso de la Unión y congresos estatales, reformar la legislación sobre VPEG para establecer límites claros sobre su uso, incorporando excepciones que excluyan expresamente el periodismo y la crítica ciudadana a personas con proyección pública o personas funcionarias públicas, así como derogar aquellas legislaciones contrarias a la libertad de expresión en el ámbito penal como lo son los “delitos contra el honor”, “el halconeo”, “los ultrajes”, la “difamación” o “calumnias” en acorde a los estándares internacionales de libertad de expresión. Y al INE y al TEPJF, a revisar sus criterios interpretativos para garantizar que no se sancione el ejercicio de la libertad de expresión bajo la figura de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.
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