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Xalapa, Ver.- De acuerdo con el diputado Esteban Bautista Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), esta semana quedará definido el protocolo que coordina una comisión especial en conjunto con el equipo de la gobernadora Rocío Nahle García, rumbo al próximo 1 de septiembre, cuando el Congreso del Estado será sede de la toma de protesta de los 21 magistrados, 77 jueces de Primera Instancia y los cinco integrantes del Órgano de Administración Judicial que integrarán el Poder Judicial de Veracruz. En ese tenor, el legislador afirmó que se prevé la asistencia de legisladores federales, presidentes municipales y titulares de diversas dependencias. El presidente de la Jucopo adelantó que el recinto legislativo lucirá lleno y que incluso se habilitarán pantallas y asientos en el exterior para los familiares e invitados que no puedan ingresar al salón de sesiones. La organización contempla ajustes en la distribución de espacios para garantizar la presencia de las autoridades e invitados especiales. Aunque en el contexto de este relevo histórico se destacó la posibilidad de una ceremonia encabezada por representantes de pueblos originarios —en reconocimiento a que por primera vez una mujer indígena presidirá el Tribunal Superior de Justicia—, Bautista Hernández aclaró que ese acto no ha sido incorporado formalmente al programa. La protesta se realizará en bloques: primero los magistrados por especialidad —Sala Constitucional, Penal, Civil, Familiar, Tribunal de Disciplina Judicial y Tribunal de Conciliación y Arbitraje— y posteriormente los jueces de las materias Civil, Familiar, Penal, Laboral y Mixta. El protocolo ocurrirá después de la instalación del segundo año legislativo y del relevo en la Mesa Directiva. Los 98 cargos a renovar fueron definidos mediante voto ciudadano en las elecciones del pasado 1 de junio, como parte de la reforma constitucional aprobada en diciembre. Entre los nombramientos destaca la integración de la Sala Constitucional con Rosalba Hernández Hernández y Adriana Morales García; la permanencia de Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre —actual presidenta del Tribunal— en la Sala Penal, junto con otros cinco magistrados; además de la conformación de las salas Civil y Familiar, y del Tribunal de Disciplina Judicial. Luz María López Aburto ocupará la única plaza del Tribunal de Conciliación y Arbitraje. También entrará en funciones el Órgano de Administración Judicial, integrado por cinco representantes designados por el Ejecutivo, el Legislativo y el propio Tribunal Superior de Justicia. Este órgano tendrá a su cargo la carrera judicial, la organización territorial de los distritos y la elaboración del presupuesto del Poder Judicial, con independencia técnica y de gestión. En 2027 se efectuará un nuevo proceso para consolidar la renovación integral del Poder Judicial.
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