Anuncia HAMOTAC paro carretero este lunes a partir de las 8:00 de la mañana en protesta por construcción de nuevas casetas MEMORANDUM 1.- En protesta por el proyecto del gobierno federal que pretende instalar dos nuevas casetas de peaje en la zona centro, una en Vicente Guerrero y otra en Fortín de las Flores, la HAMOTAC Delegación Veracruz anunció que este lunes a partir de las 8:00 de la mañana realizará un paro carretero. El Delegado Estatal de HAMOTAC, Valentín Romero Trujillo, advirtió que la construcción de dos nuevas casetas afectaría gravemente la economía de los conductores y de la ciudadanía en general, pues implicaría mayores costos de traslado en una región clave para la conexión del sureste del país. "Nos quieren poner dos casetas más aquí en la zona centro, y la verdad es que no estamos de acuerdo”, afirmó el transportista. El dirigente señaló que el paro se desarrollará principalmente en la autopista 150D Orizaba–Córdoba, a la altura del paradero de San Cristóbal, donde se concentrarán transportistas de Veracruz, Puebla, Esperanza, Tehuacán, Cotepec y Camachalco. Aunque se prevé la liberación de un solo carril, el movimiento podría ampliarse según los acuerdos que se tomen durante la jornada. Romero Trujillo explicó que el proyecto de las nuevas casetas ya se encuentra en proceso de licitación y que la fecha límite para su aprobación sería el 30 de octubre, lo que ha generado preocupación y molestia entre el gremio. De igual forma, el dirigente transportista pidió la intervención de la gobernadora, al asegurar que “supuestamente no está enterada” de la licitación que impulsa CAPUFE. El delegado de HAMOTAC cuestionó que el proyecto se haya aprobado sin consultar a los transportistas ni a la población, calificándolo como un abuso y una forma de privatización de las vías. "Cuando arreglaron el puente de Jalapilla y el de Metlác tardaron años, y ahora quieren cobrar por venir de Ciudad Mendoza a Córdoba, y eso no lo vamos a permitir”, aseguró. Señaló que los transportistas exigirán una explicación oficial y la suspensión del proyecto, advirtiendo que el paro podría extenderse o radicalizarse si no reciben respuesta inmediata. Romero Trujillo concluyó que la lucha no solo pertenece a los transportistas, sino a todos los ciudadanos de la zona centro que se verían afectados con la instalación de nuevas casetas en territorio veracruzano.
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ASF registró un total de 58 mil 779.9 mdp pendientes de aclarar o recuperar durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador MEMORANDUM 2.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) registró un total de 58,779.9 millones de pesos pendientes de aclarar o recuperar en el periodo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, entre 2019 y el 2024. En ese tenor, de acuerdo con la Cuenta Pública 2024, la ASF reportó un monto pendiente por aclarar o recuperar de 5,823.5 millones de pesos cifra que representa una disminución del 81.8% respecto a los 32,044.5 millones de pesos observados el año previo. Según los datos oficiales, este monto coloca a 2024 como uno de los ejercicios más bajos de los últimos seis años, luego del repunte histórico registrado en 2023. Entre 2019 y 2024, los montos observados fluctuaron entre los 3,688 millones de pesos (2019) y el pico de más de 32,000 millones (2023). Durante la revisión de la Cuenta Pública 2024, la ASF realizó 698 auditorías, el número más bajo desde 2019, cuando se practicaron 1,361. En contraste, 2023 fue el año con mayor número de revisiones, al sumar 2,369. En el ejercicio 2024, la auditoría con el mayor monto por aclarar fue la 2024-A-30000-19-2006-06-009, que determinó un probable daño a la Hacienda Pública por 730 millones 64,000 pesos, derivado de irregularidades detectadas en la aplicación de recursos federales. Le siguió la 2024-A-13000-19-1115-03-001, una solicitud de aclaración al Gobierno de Hidalgo por 531 millones de pesos cuya documentación comprobatoria no fue presentada. Para 2023, la ASF identificó aún mayores posibles afectaciones. La auditoría 2023-A-19000-19-1455-03-004 al Gobierno de Nuevo León fue la de mayor monto por aclarar, con 1,354 millones 334,000 pesos. Le siguió la 2023-A-17000-19-1348-03-010, aplicada al Gobierno de Morelos, por 1,151 millones 242,000 pesos, y la 2023-A-15000-19-0917-06-003, que reportó un probable daño por 921 millones 760,000 pesos. Durante el 2022, la mayor observación se registró en la auditoría 2022-A-10000-19-0785-06-002, por un monto de 366 millones 480,000 pesos, seguida por la 2022-A-10000-19-0787-06-003, con 340 millones 431,000 pesos. Por su parte, en 2021, la auditoría más relevante fue la 2021-A-20000-19-1328-06-001, que presumió un daño a la Hacienda Pública por 298 millones 802,000 pesos, seguida por la 2021-6-90T9N-22-0206-06-002, aplicada a Petróleos Mexicanos (Pemex), por 269 millones 139,000 pesos. El ejercicio 2020 también concentró irregularidades relevantes, destacando el caso de Liconsa, S.A. de C.V., con un probable daño al erario por 518 millones 422,000 pesos en la auditoría 2020-2-08VST-23-0330-06-003. Mientras que, para 2019 la auditoría 2019-E-20005-19-1473-06-001 fue la más alta en todo el periodo, con 1,339 millones 164,000 pesos pendientes de aclarar. En el mismo ejercicio se reportaron otros casos relevantes, como el de la auditoría 2019-A-16000-19-0882-06-002, con 307 millones de pesos, y la 2019-6-90T9M-19-0410-06-001, con 282 millones 933,000 pesos. Así las cosas.
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Concluye el Congreso extinción del INAI y la creación del nuevo organismo llamado 'Transparencia para el Pueblo' MEMORANDUM 3.- Sin el apoyo de la oposición, Morena y sus aliados aprobaron las reformas derivadas de una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para expedir diversas leyes secundarias que armonizaran la legislación en materia de transparencia y protección de datos personales. De este modo, la Cámara de Diputados concluyó con el proceso legislativo para formalizar la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); en su lugar, se dio vida a un nuevo organismo llamado “Transparencia para el Pueblo”. Dicho documento fue enviado al Ejecutivo Federal para su publicación. Con estas modificaciones se expiden las leyes generales de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, se reforma el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y se crea un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, denominado “Transparencia para el Pueblo”, el cual servirá como una autoridad garante federal en la materia. Este organismo conocerá y resolverá recursos de inconformidad que interpongan los particulares en contra de resoluciones, quedando a salvo los recursos de carácter jurisdiccional. De igual forma, este nuevo esquema define la creación de 18 autoridades especializadas en diferentes ámbitos de la administración pública, como lo son cada Poder del Estado, así como los órganos autónomos, el Instituto Nacional Electoral en el caso de los partidos políticos, el Centro Federal de Registro de Conciliación y Registro Laboral y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para los sindicatos. También se reglamenta la operación de la Plataforma Nacional de Transparencia gestionada directamente por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. En lo que refiere al manejo de la información, se indica que ésta podrá ser clasificada como reservada por un periodo de 5 años, con la opción de ampliar dicho plazo otros 5 años, “siempre y cuando justifiquen que subsisten las causas que dieron origen a su clasificación, mediante la aplicación de una prueba de daño”. Las autoridades podrán reservar información en, al menos, 12 casos, tales como cuando se “comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública, la defensa nacional o la paz social”, o cuando “pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física”. Así las cosas.
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