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Xalapa, Ver.-
Pateando su discurso de austeridad, la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) adquirió nueve camionetas tipo Jeep, según porque las unidades que usaban las ministras y ministros ya no cumplían con las medidas para garantizar su seguridad e integridad personal ante la alta responsabilidad que desempeñan. Otra muestra de que nunca han odiado los privilegios, solo odian no ser ellos quienes los reciben. Las nuevas camioneta Jeep Cherokee, una para cada ministro, tienen un precio en el mercado que oscila entre un millón 70 mil pesos y un millón 777 mil pesos, sin considerar posibles adecuaciones como blindaje. El alto tribunal justificó la medida por razones de seguridad, al tratarse de vehículos modelos 2019 y 2020. Su reemplazo es parte de un proceso en marcha para la renovación de una flotilla más amplia, aunque no se ha precisado el número de unidades. “La SCJN tomó la decisión de renovar la flotilla vehicular asignada a ministras y ministros, mediante la adquisición de nueve unidades. Esta determinación contó con opiniones técnicas emitidas por autoridades federales, concluyéndose que las unidades en uso ya no cumplían con los estándares adecuados de seguridad, por lo que su continuidad comprometía su operación”. “La adquisición de los nuevos vehículos responde, por tanto, a criterios de prevención, seguridad institucional y no a consideraciones discrecionales.”, indica la Corte en una tarjeta informativa. No que muy cercanos al pueblo que sería la pura austeridad, les urgia hacer uso de los privilegios que tanto criticaron. Pero justifica la medida con base en una norma interna, el Acuerdo General de Administración 2019, que en su artículo 32 establece que “el reemplazo de los vehículos utilizados para apoyo de la Dirección General de Seguridad podrá realizarse una vez que hayan cumplido cuatro años de servicio o antes, cuando las condiciones del automotor no sean seguras”, previo dictamen la misma dirección. “Con el propósito de no generar un gasto mayor para la institución, esta adquisición se llevó a cabo de manera paralela al proceso de desincorporación de un parque vehicular mayor al adquirido. Con ello, la SCJN reafirma su compromiso con una gestión responsable del gasto público y el uso racional de los recursos, sin comprometer las condiciones de seguridad para el ejercicio de la función jurisdiccional”, concluye la tarjeta.
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