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Xalapa, Ver.-
Aunque de dientes para afuera dicen que en la 4T no son neoliberales, la organización Agua para Todos criticó que de frente a la discusión del dictamen a la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Cámara de Diputados perpetuará una “ley salinista”, con discrecionalidad en el cobro de derechos a los grandes concesionarios industriales y de servicios, que actualmente sólo pagan derechos sobre 20% de los volúmenes concesionados. En sus señalamientos, aseguró que el dictamen “creado” por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) incluye un capítulo dedicado a “promover y fomentar” la privatización de obras hidráulicas, y permite la privatización de sistemas de agua y saneamiento, pese “a las desastrosas” experiencias al respecto en todo el país. “En Agua para Todos alertamos el intento de perpetuar la ‘ley salinista’, con cambios mínimos, cuando por mandato constitucional la Ley de Aguas Nacionales tendría que ser reemplazada con una Ley General de Aguas que garantice el acceso equitativo y sustentable a través de una verdadera participación ciudadana y gubernamental”, destacó la organización. Refirió que el proyecto legislativo de la Conagua fue dictaminado sin integrar las propuestas generadas en los Parlamentos Abiertos Ciudadanos y en las Audiencias Públicas organizadas por el Poder Legislativo. También destacó que permanece la discrecionalidad en el cobro de derechos a los grandes concesionarios industriales y de servicios, que actualmente sólo están pagando derechos sobre el 20% de los volúmenes concesionados. “Se mantienen los Consejos de Cuenca, y sólo están representados los grandes concesionarios, como única instancia de coordinación gobierno-ciudadanía”, aseguró la organización. Agua para Todos señala que el dictamen excluye el reconocimiento de los derechos al agua de los pueblos y comunidades indígenas, así como cualquier medida para corregir el sobreconcesionamiento, o para prevenir la contaminación de acuíferos kársticos o la destrucción de acuíferos por el fracking. “Seguiremos buscando que el poder Legislativo defienda la Constitución y los Pactos Internacionales vinculatorios con el Estado mexicano, a la vez que nos construyamos como un contrapeso frente a la violación sistemática de derechos por parte de la Conagua, a través de actos y omisiones ampliamente documentados en los Parlamentos Abiertos Ciudadanos y en las audiencias públicas”, concluyó la ONG en su pronunciamiento.
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