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Xalapa, Ver.-
Michoacán es reflejo del empoderamiento de cárteles que se expresa no sólo territorialmente y en la diversificación de la economía criminal, sino también en la creciente sofisticación tecnológica para sembrar terror con el uso de drones y narcominas, así como la incorporación cada vez a más temprana edad de los jóvenes a las bandas criminales, señala Lorena Cortés, especialista en criminología. Destaca que en esta ecuación hay un factor que no se ha considerado, pero fundamental en esta crisis desde 2014 y que se ha profundizado año tras año. “La clase política es parte del problema si queremos entender lo que está sucediendo en Michoacán. Hay una percepción de que hay un grupo del crimen organizado de cuello blanco del cual no se está hablando. Es parte de esta gobernanza criminal”, la cual, declara, ha trascendido a todos los partidos políticos. En el mejor de los casos, subraya la investigadora, se ha convertido en espectadora del crimen en la entidad. Por ello, permeó tanto la narrativa del alcalde de Uruapan asesinado, Carlos Manzo, porque estaba construida desde el dolor de las víctimas. Ha sido un largo periodo donde se ha bajado la guardia, abandonando las tareas de seguridad, mientras el crimen organizado se empoderó al percibir una omisión del Estado. Autora del libro Los hijos de la violencia y el narco en Michoacán, Cortés destaca que estas organizaciones “tienen el control no sólo para dejar hacer, sino para dejar pasar. Hay muchos testimonios de policías que tienen que pagar cuotas a mandos superiores y se les ve extorsionando. Es muy común ver a la Guardia Civil que detiene tráileres para extorsionar. Es la muestra de algo más complejo, de una corrupción generalizada, de la normalización de la gobernanza criminal.” Por eso, ahora es clara la fuerte presencia territorial en gran parte de las zonas rurales de la Tierra Caliente. Hay un despliegue de grupos criminales armados en la zona oriente, en Zitácuaro, en las colindancias con los estados de México, Guanajuato y Jalisco. En paralelo, hay que hablar de una realidad clara: la sofisticación de su forma de operación, pues han alcanzado una capacidad de fuego por encima de las que tienen las policías municipales e incluso la Guardia Civil (del estado), con el uso de drones artillados, bombas antipersonales, una serie de aparatos de guerra. Señala que “El crimen organizado ha pasado de ejercer un control indirecto sobre algunos aspectos de la vida comunitaria a imponer directamente a las autoridades municipales. Los alcaldes, originalmente electos para proteger a sus comunidades, se ven forzados a trabajar bajo las órdenes de estos grupos”. Frente a este escenario, la investigadora se pregunta: si hay una gran presencia militar y de fuerzas federales, ¿por qué ha habido tanta ineficacia en su actuación? “Tenemos una participación del Ejército que tiene un aparato de inteligencia y un despliegue como nunca antes. Saben cuáles son esos objetivos criminales. Lo dijo muchas veces el alcalde Manzo. Por eso hay varias dudas y explicaciones que debe el gobierno federal.” Cortés alerta sobre la captación de jóvenes en las filas del crimen organizado a edades cada vez más tempranas. Hay casos en que los incorporan desde los 11 años para sumarlos a sus filas en tareas elementales: el halconeo. En su investigación revela: “el sicariato juvenil no sólo evidencia una crisis de violencia, sino una estructura que ha normalizado el uso de jóvenes como instrumentos de terror en un sistema que prioriza la brutalidad sobre el desarrollo humano”. Señala que como parte de las entrevistas que realizó en penales a varios jóvenes, hubo uno de ellos que reivindicaba, casi con orgullo, su participación en el descuartizamiento de cuerpos con motosierra. Era su participación en esta espiral del horror en Michoacán.
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