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XALAPA.- A través de un Acuerdo número 176/2025, firmado por la fiscal general Verónica Hernández Giadáns, que entró en vigor este martes, se modifica el reglamento de la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas y se autoriza que los fiscales ingresen a inmuebles durante investigaciones por desaparición forzada o cometida por particulares, sin necesidad de obtener autorización judicial previa, siempre que se cumpla lo establecido en el artículo 290 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La medida forma parte de la adecuación de la FGE a la reciente reforma de la Ley en Materia de Desaparición de Personas del Estado de Veracruz, publicada en la Gaceta Oficial. Sin embargo, abogados señalaron que el acuerdo podría contravenir el artículo 16 de la Constitución mexicana, que establece que nadie puede ser molestado en su domicilio sin mandamiento escrito de autoridad competente y que solo un juez puede autorizar cateos a solicitud del Ministerio Público. También recordaron que el artículo 73 constitucional otorga únicamente al Congreso de la Unión la facultad de legislar en materia de procedimientos penales, por lo que una disposición estatal que amplíe atribuciones de esa naturaleza podría ser impugnada mediante amparos o controversias constitucionales. Hasta ahora, la FGE no ha emitido declaraciones adicionales sobre la interpretación del acuerdo ni sobre los mecanismos de control que se aplicarán en su ejecución. El acuerdo también amplía las atribuciones de la Fiscalía en materia forense. Entre los nuevos lineamientos se incluyen: Localizar a familiares de personas fallecidas no reclamadas para su entrega digna. Realizar pruebas genéticas antes de enviar cuerpos a fosas comunes y subir los resultados al Banco Nacional de Datos Forenses en un plazo máximo de tres días. Mantener un registro detallado de restos humanos conforme al Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas. Garantizar que toda inhumación sea digna, individualizada y realizada en sitios identificables. Además, cuando una persona desaparecida sea localizada o identificada, el fiscal deberá notificar a Servicios Periciales en un plazo máximo de tres días para desactivar los perfiles genéticos correspondientes. Hasta el momento, no se han presentado recursos judiciales formales contra el acuerdo, que continúa vigente….LA MOVILIZACIÓN de vehículos y sujetos armados en El Lencero, municipio de Emiliano Zapata, provocó alarma entre los vecinos al mediodía de ayer lunes, luego de que circularan versiones en redes sociales sobre un presunto levantón. Sin embargo, las autoridades ministeriales confirmaron que se trató de un operativo oficial para ejecutar una orden de aprehensión. Fuentes cercanas a la investigación señalaron que agentes de la Policía Ministerial realizaron la intervención para detener a un sujeto presuntamente relacionado con un crimen. La diligencia se llevó a cabo en un domicilio particular y formó parte de un procedimiento judicial previamente autorizado. De acuerdo con los reportes, el malentendido surgió cuando habitantes del poblado observaron el arribo de varias camionetas, algunas de color blanco, de las que descendieron personas armadas que ingresaron rápidamente a una vivienda. Los testigos difundieron en redes sociales que se había tratado de un presunto secuestro del dueño de un gimnasio local. Minutos más tarde, se aclaró que los elementos pertenecían a la Policía Ministerial del Estado y cumplían una orden de aprehensión girada por un juez. Hasta el momento, la identidad del detenido y los detalles del delito por el que se le acusa no han sido revelados de manera oficial. De acuerdo con la Fiscalía, el procedimiento se desarrolló dentro del marco legal y con respeto a los derechos del detenido. El suceso provocó expectación entre los pobladores de El Lencero, quienes inicialmente temieron que se tratara de un grupo delictivo.
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