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XALAPA.- Con una votación dividida de cinco votos contra cuatro, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo este miércoles el Amparo en Revisión 54/2024, mediante el cual determinará si debe ejecutarse la orden de aprehensión contra del ex gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero. Mediante una Solicitud de Ejercicio de Facultad de Atracción (SEFA) formulada por la Fiscalía General de la República (FGR), la Corte aceptó conocer del Amparo en Revisión 54/2024 contra la sentencia a favor del exgobernador. En contra de la atracción votaron los ministros Hugo Aguilar Ortiz (presidente), Yasmín Esquivel Mossa, Giovanni Figueroa Mejía y Arístides Guerrero García; a favor se pronunciaron Sara Irene Herrerías Guerra, Lenia Batres Guadarrama, Loretta Ortiz Ahlf, Irving Espinosa Betanzo y María Estela Ríos González. El asunto deriva de una orden de aprehensión contra García Cabeza de Vaca girada el 4 de octubre de 2022 por un juez federal con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, en la que la FGR lo acusó de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, denunciados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Según la FGR, el ex mandatario habría sido responsable de operaciones irregulares, entre ellas haber favorecido, desde su cargo de gobernador, a empresas de las que era accionista para celebrar contratos de obras públicas con su gobierno por un monto acumulado de 105 millones de pesos. Sin embargo, el 11 de octubre, Francisco Javier García promovió un amparo indirecto ante los juzgados de distrito en Tamaulipas, reclamando la ilegalidad de la orden de captura. El 27 de febrero de 2023, el juez Faustino Gutiérrez Pérez, titular del Juzgado Octavo de Distrito, emitió una primera sentencia, en la que concedió la protección de la justicia federal al integrante del Partido Acción Nacional (PAN) contra la orden de aprehensión. Inconforme de la sentencia, el Ministerio Público Federal interpuso un recurso de revisión ante el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito. El 17 de agosto de 2023, el tribunal revocó la resolución e instruyó al juzgado Octavo de Distrito, entonces a cargo de Adriana Yolanda Vega Marroquín, a reponer el procedimiento. En acato a la instrucción del tribunal, el 30 de noviembre de 2023, el Juzgado Octavo de Distrito en Tamaulipas dictó una nueva sentencia, en la que nuevamente otorgó el amparo y protección de la justicia federal al ex gobernador. En su fallo, ordenó a Enrique Beltrán Santes, juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, que deje insubsistente la orden de aprehensión del 4 de octubre de 2024 contra Cabeza de Vaca y dicte una nueva resolución en la que debía señalar que “no existen datos que acrediten que se han cometido los hechos con apariencia de delitos de delincuencia organizada, con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita, y el operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la modalidad de recibir y transferir recursos, ni la probabilidad de que (el ex gobernador) los cometió o participó en su comisión”. El juzgador concluyó que el Ministerio Público no aportó las pruebas suficientes para acreditar la existencia de delito ni la probable responsabilidad, y que actuó con insuficiencia probatoria, omitiendo datos relevantes que justificaban las transferencias bancarias como compraventas de inmuebles declaradas ante el SAT. En un mensaje publicado en sus redes sociales, el exgobernador dijo ser un perseguido político de Morena y del expresidente, Andrés Manuel López Obrador, “por no haberme sometido a su política autoritaria y por haber destapado la cloaca de la red criminal, corrupción y complicidad política más grande en la historia de México: el huachicol fiscal”, escribió. En el largo mensaje publicado en su cuenta de x, mencionó que las otras dos personas que fueron involucradas en el supuesto caso de delincuencia organizada ya fueron absueltas, por lo que consideró que la solicitud de la FGR a la Corte de atraer el caso en su contra es una forma de mantenerlo como “rehén político”.
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