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XALAPA.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral analizó el proyecto de sanciones presentado por la Comisión de Fiscalización, y avaló sanciones por casi 33 millones de pesos a partidos que participaron en las pasadas elecciones del 1 de junio para elegir presidencias municipales. La consejera Carla Humphrey, presidenta de esa comisión, expuso que los candidatos recurrieron a diversas faltas como la entrega extemporánea de sus gastos de campaña, omisiones en los informes de sus ingresos festinados a su promoción y una de las anomalías más sobresalientes es uso de la publicidad en internet y redes sociales. Carla Humphrey destacó que la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) realiza un trabajo minucioso “para garantizar la transparencia y la legalidad y la equidad en el uso de recursos de las campañas”, además de que desplegó su facultad investigadora para realizar procedimientos de campo, como monitoreo de propaganda en vía pública y en internet, visitas de verificación a eventos y casas de campaña, así como monitoreo de medios impresos. “Todos los hallazgos identificados se hicieron del conocimiento de los sujetos obligados”, puntualiza. En total, se revisaron ingresos por 224,965,404.33 pesos y gastos por 225,129,018.89 pesos. En Durango se impusieron sanciones por 7,515,802.92 pesos y en Veracruz por 21,414,829.92 pesos. En estas elecciones locales se registraron 1,291 candidaturas de partidos políticos o coaliciones y 16 candidaturas independientes, por lo que se revisaron 1,314 informes de ingresos y gastos que se presentaron a través del Sistema Integral de Fiscalización, 200 de Durango y 1,114 de Veracruz. El Consejo General resolvió y avaló 167 procedimientos administrativos sancionadores y de queja en materia de fiscalización en contra de partidos políticos nacionales vinculados con los Procesos Electorales Locales Ordinarios en Durango y Veracruz 2024-2025. De éstos, 37 se consideraron fundados al quedar acreditadas irregularidades en cuanto al origen, monto, destino y la aplicación de los recursos de los sujetos obligados y fueron sancionados respecto a la normatividad electoral aplicable. Asimismo, 99 de los procedimientos se declararon infundados, ya que del análisis realizado por la Unidad Técnica de Fiscalización no fue posible acreditar la existencia de los hechos denunciados y en otros 17 asuntos se determinó el sobreseimiento, ya que la propaganda denunciada ya era materia de conocimiento de la autoridad
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