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Xalapa, Ver.- Al señalar que no hubo consulta, comunidades nahuas y nuntajiiyi’ de Mecayapan, Tatahuicapan y Pajapan presentaron una queja ante un tribunal colegiado para impugnar el desechamiento de un amparo promovido contra el gasoducto Puerta del Sureste por falta de consulta y riesgo ambiental, confirma Greenpeace. El juicio de amparo fue presentado el 25 de junio en juzgados federales de Coatzacoalcos. Está dirigido contra la presidenta Claudia Sheinbaum, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), por presuntas violaciones al derecho a la libre autodeterminación y al uso del territorio marítimo indígena. Greenpeace destaca que, “En este juicio de amparo se reclaman: la falta de información pública hacia nosotras, las comunidades indígenas afectadas, y la violación de nuestro derecho como pueblos indígenas a la libre autodeterminación relacionada con la disposición de nuestro ‘maritorio’”. Las comunidades solicitaron al juez una medida cautelar para detener la operación del gasoducto hasta comprobar científicamente que no habrá daños ambientales ni afectación a fuentes de alimentación. “Lo que implica que se compruebe científicamente que no existirán daños al ambiente y a los ecosistemas (...) y que no afectarán a las especies de especial cuidado y protección de acuerdo con las normas vigentes”, indica la organización. El 28 de junio, el juzgado desechó el amparo. Las comunidades acusaron que la resolución ignoró sus derechos colectivos y sus prácticas comunitarias de toma de decisiones. “El Juzgado (...) decidió desechar nuestro juicio de amparo siendo omiso a nuestro planteamiento y desconociendo nuestro derecho a acceder a la justicia en materia ambiental”, denunciaron. El gasoducto Puerta del Sureste, concluido en enero y operativo desde mayo, conecta Tuxpan con Coatzacoalcos y Paraíso, Tabasco. Mide 715 kilómetros y transporta mil 300 millones de pies cúbicos de gas natural diarios. Su construcción requirió una inversión de 3 mil 900 millones de dólares. Desde su planeación, el proyecto ha sido cuestionado por dividir su evaluación ambiental en dos manifestaciones —una terrestre y otra marina— y por omitir la existencia de un arrecife en la zona de Tuxpan.
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