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XALAPA.- Pagos no justificados a empleados, adjudicaciones sin suficiencia presupuestal y deficiencias en licitaciones en los sectores de salud, educación e infraestructura, son algunas de las observaciones que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó como parte de un presunto daño patrimonial por más de 2 mil 470 millones de pesos en el Gobierno de Veracruz durante el ejercicio fiscal 2023, es decir, el penúltimo año de gobierno del morenista Cuitláhuac García. El principal rubro observado fue el de los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), donde se detectaron inconsistencias en adjudicaciones directas y licitaciones públicas por más de mil 195 millones 724.3 miles de pesos. De acuerdo con el informe, las contrataciones no contaron con estudios de mercado ni cotizaciones para garantizar condiciones óptimas. Además, SESVER adjudicó contratos sin suficiencia presupuestal ni dictámenes técnicos que justificaran excepciones a la licitación pública. En el sector salud, la ASF también identificó pagos irregulares a empleados. La revisión de una muestra de 6 mil 988.6 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) evidenció un presunto daño a la hacienda pública federal por 219.7 millones de pesos. Entre las irregularidades se incluyen pagos a 150 trabajadores contratados por honorarios sin documentación que acredite su asistencia y actividades, así como la falta de comprobantes del servicio subrogado de vigilancia en hospitales y centros de salud. Debido a estos hallazgos, la ASF emitió diversas acciones correctivas, incluyendo una "Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal" y "Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria". De igual forma, el Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral también fue objeto de observaciones. La ASF señaló un posible daño a la Hacienda Pública Federal por 169 millones 029.7 miles de pesos. Las irregularidades incluyen pagos a personal eventual sin documentación que respalde sus actividades y la falta de comprobación de servicios subrogados de vigilancia. Además, se identificaron incumplimientos en transparencia, como la entrega extemporánea de reportes sobre el avance del ejercicio de los recursos al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) y los Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS-BIENESTAR). La ASF destacó que el gobierno estatal omitió reportar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el destino de los recursos y los resultados obtenidos. La ASF también identificó irregularidades en la administración de recursos del Programa de Atención a la Salud en Veracruz. Según el informe, "los Servicios de Salud del estado reportaron de manera extemporánea faltas injustificadas y medidas preventivas de pago de personal en diversas quincenas de 2023". La fiscalización reveló que el gobierno estatal suscribió un convenio con el extinto INSABI para la asignación de personal de salud en regiones de alta marginación, pero no cumplió con las disposiciones del acuerdo. Como resultado, la ASF solicitó al Órgano Interno de Control de Veracruz que inicie procedimientos administrativos contra los funcionarios responsables y advirtió que las observaciones podrían derivar en nuevas acciones de fiscalización. El uso de las Participaciones Federales a Entidades Federativas (PFEF) también generó observaciones. La auditoría identificó un probable daño a la Hacienda Pública por 848 millones 029.6 miles de pesos. Entre las dependencias revisadas se encuentran las Secretarías de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), de Educación (SEV), de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) y SESVER. En infraestructura, la ASF detectó un posible daño patrimonial por 31.7 millones de pesos en el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA). El informe señala que el Gobierno del Estado y los municipios de Uxpanapa e Isla no acreditaron la propiedad de los inmuebles donde se ejecutaron obras, lo que contraviene la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Obras Públicas estatal. Además, se identificaron deficiencias en la documentación de licitaciones y contratos, incluyendo la falta de actas de fallo y documentos fiscales. La auditoría observó pagos mediante cheques sin documentación de respaldo, lo que derivó en la promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria contra servidores públicos involucrados. En materia educativa, la ASF identificó un presunto daño patrimonial por 11.3 millones de pesos en la gestión del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo en Veracruz. Entre las irregularidades se incluyen pagos indebidos a trabajadores fallecidos y omisiones en la documentación de egresos. "Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 1.5 millones de pesos por pagos a 48 trabajadores identificados como decesos", indica el informe. La revisión de la Cuenta Pública 2023 también reveló falta de facturas por 94.2 millones de pesos, pagos a empleados después de su baja definitiva y comprobantes fiscales cancelados. La ASF también reportó que la Secretaría de Educación no entregó el segundo informe trimestral sobre el ejercicio de los recursos. En el Programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, la ASF identificó que de los 1,395.7 millones de pesos transferidos en 2023, 1,038.4 millones fueron reintegrados de manera extemporánea a la Tesorería de la Federación, lo que incumple la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Como consecuencia, la ASF promovió una acción de responsabilidad administrativa sancionatoria para investigar a los servidores públicos responsables. Así las cosas.
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