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XALAPA.- Al cierre de enero de 2025, nuevas cifras oficiales revelan que ya son más de cuatro millones los procesos pendientes de resolver en los tribunales federales de los Estados Unidos a cargo de los juicios de deportación, lo que los tiene al borde del colapso. Se trata de una cifra récord, pues la cantidad de casos que cada día llegan a estas cortes superan, por mucho, a los que se resuelven. De acuerdo con migrantes consultados, hay casos que ya superan los cinco años de espera. Y si bien los procesos largos garantizan al migrante sin documentos que puede permanecer legalmente en el país en lo que se resuelve el proceso, ahora hay preocupación de que con Donald Trump en la Casa Blanca se detonen procedimientos fast track y posibles violaciones a derechos humanos. La información a detalle publicada por el Departamento de Justicia muestra que hasta enero pasado había un total de cuatro millones seis mil 396 casos pendientes de resolver en los tribunales de migración, lo que significa la primera vez en que se supera el techo de los cuatro millones pendientes desde que hay registros disponibles. El crecimiento de casos pendientes de resolver es meteórico. La cifra de juicios pendientes pasó de 744 mil 661 al cierre de 2015 a los ya referidos cuatro millones. Es un crecimiento, en una década, de más del 438 por ciento. Este ascenso ha sido sostenido cada año y abarca desde el último año de la administración del presidente Barack Obama, hasta el primer periodo del presidente Donald Trump y el gobierno del presidente Joe Biden. La misma estadística oficial evidencia la causa de la acumulación: los tribunales de migración resuelven menos casos de los que reciben. Y aunque la proporción anual de casos resueltos ha crecido año con año, lo ha hecho en márgenes más amplios la recepción de nuevos casos. Por ejemplo, en 2016 la diferencia entre casos nuevos frente a casos resueltos en ese periodo fue de 59 por ciento; para 2020 ese diferencial ya era del 110 por ciento, y para 2024 la diferencia entre casos nuevos frente a cerrados fue de casi 140 por ciento. El Instituto de Política Migratoria de los Estados Unidos (MPI por sus siglas en inglés) explicó en un análisis publicado este mes que los casos que llegan a estas cortes son los de migrantes que fueron arrestados por algún motivo y que se verificó que no contaban con una residencia regular en el país. Lo anterior incluye no solo a personas que hayan ingresado irregularmente a Estados Unidos por alguna de las fronteras, sino a aquellos que lo hayan hecho legalmente pero que decidieron permanecer de forma irregular más allá del tiempo en que permitía la visa con la que entraron a territorio estadunidense. En esos casos y salvo que ya exista una orden girada de deportación previa, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) solicita el inicio de procedimiento de deportación de la persona en cuestión ante el tribunal. Eso detona el procedimiento que es similar a un juicio, en el que la persona migrante tiene el derecho de ser escuchado en audiencia y presentar datos de prueba que considere beneficiosos para su causa. “Pero con los millones de casos pendientes en los tribunales de migración a octubre de 2024, las personas sometidas a estos procedimientos enfrentan esperas de varios años antes de su audiencia inicial”, señala la referida organización. Cuando una persona migrante enfrenta un juicio de deportación ante un tribunal estos pueden ser enviados a centros de detención en lo que dura el procedimiento. No obstante, los costos que esto implica sumado a la aun limitada capacidad de estas cárceles han provocado que el gobierno opte por otras opciones. Una de ellas, indica el MPI, es inscribir a las personas en un programa de monitoreo y supervisión para migrantes no detenidos, lo que se conoce como alternativa de detención. La otra opción es liberarlos sin monitoreo, pero con la condición de que acudan periódicamente a firmar un registro. “A principios de 2025, la agencia contaba con financiamiento para 41 mil 500 camas de detención, un número insuficiente para detener a todos los migrantes posiblemente sujetos al proceso de deportación (más de 4 millones). Como resultado, la gran mayoría de estas personas permanece en libertad durante el proceso”, indica la organización. A su vez, Kathleen Bush-Joseph, abogada especializada en temas migratorios e integrante del MPI advirtió en un análisis publicado en sus redes sociales que, de acuerdo con el ritmo de deportaciones que lleva la administración de Trump, se estarían deportando unas 400 mil personas al año, muy por debajo de la meta de deportar al menos un millón de personas por año. Lo anterior significa que el gobierno tiene que acelerar el ritmo de deportaciones, lo que podría abrir la puerta a procedimientos más expeditos. De hecho y como muestran los datos oficiales mostrados por Bush-Joseph, desde 2021 ha habido un crecimiento exponencial de los procedimientos de deportación que se resuelven en tribunales sin que la persona migrante esté presente. Tan solo en el último año, dice la especialista, 62 mil órdenes de deportación de un total de 87 mil, que equivalen a más del 70 por ciento, fueron resueltas en ausencia de las personas migrantes en las audiencias. Una situación provocada casi siempre por el propio gobierno que se retrasa en el envío de documentos o en las notificaciones. A finales de enero la administración del presidente Donald Trump revivió una política implementada en su primer término que permite la deportación acelerada de personas que no puedan demostrar que llevan más de dos años en Estados Unidos. Lo anterior, sin importar si han cometido algún delito o no. Es una expulsión acelerada de individuos sin pasar por un tribunal de migración. En la administración Biden esto solo se aplicaba a personas aseguradas en la zona fronteriza. El temor de los especialistas es que ahora esto se generalice en todo el país. Así las cosas.
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