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XALAPA.- Como una forma de tratar de evitar la pena de muerte por narcotráfico en Estados Unidos, Ismael “El Mayo” Zambada, fundador del Cártel de Sinaloa, acusó al gobierno de ese país de haber violado varios tratados internacionales durante su detención el pasado julio de 2024, por lo que pidió ayuda a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum para pedir su extradición y que sea juzgado en México. Zambada está acusado de varios cargos, incluido el de asociación delictiva para fabricar y distribuir fentanilo, y en enero fiscales estadounidenses indicaron que estaban discutiendo un posible acuerdo de culpabilidad con el narcotraficante. El narcotraficante denunció en una carta que Estados Unidos no verificó la legalidad de su ingreso al país y, además de solicitar ser juzgado en México, pidió al gobierno que interceda para evitar que Estados Unidos pueda imponerle la pena de muerte. El escrito de Zambada llegó justo después de que Estados Unidos designó como “organizaciones terroristas extranjeras” a seis cárteles mexicanos, entre ellos, el de Sinaloa, con el fin de tener más herramientas para luchar contra esas organizaciones criminales. En la carta, que fue difundida el pasado viernes por el periodista estadounidense Keegan Hamilton, ‘El Mayo’ Zambada aseguró que fue privado de su libertad en territorio mexicano, mediante coacción física y engaños. “Posteriormente, fui trasladado de manera coercitiva desde territorio mexicano hacia Estados Unidos de América, por un particular mexicano, sin autorización de las autoridades mexicanas”, acusó. Alegó que en su detención no se respetó lo establecido en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares que establece en su artículo 36 que las autoridades competentes del Estado receptor deben informar sin demora a los consulados sobre la detención de sus nacionales, permitiendo la comunicación y asistencia consular. “La falta de notificación consular puede constituir una violación de los derechos del detenido y del Estado de origen”, indica en su carta. ‘El Mayo’ Zambada acusó que el gobierno de Estados Unidos, que encabeza Donald Trump, ha sido omiso en solicitar las circunstancias de su detención en ese país, además de que en su detención no se cumplieron con los requisitos legales y compromisos internacionales que son de acatamiento obligatorio para ambos países. Los abogados del narcotraficante mexicano acusaron que México y Estados Unidos, quienes firmaron esta convención, no respetaron lo que indica el artículo 7 del documento que señala que nadie puede ser privado de su libertad arbitrariamente. Además, argumenta que se violaron el artículo 8 que asegura el derecho a un juicio justo, y el artículo 25 que garantiza el derecho a la protección judicial. “El traslado irregular de mi persona sin el debido proceso violenta, sin lugar a duda, estos derechos protegidos por la Convención”, asegura. Sobre este tratado internacional, que también firman México y Estados Unidos, Ismael ‘El Mayo’ Zambada argumentó que ambos países no respetaron el artículo 9 que establece el derecho de toda persona a la libertad y seguridad personales, prohibiendo la detención o prisión arbitrarias. Además, con su detención se hizo caso omiso al artículo 13 que establece que un extranjero legalmente en el territorio de un Estado parte solo puede ser expulsado en virtud de una decisión adoptada conforme a la ley. Los abogados de ‘El Mayo’ Zambada argumentaron que las autoridades no respetaron lo que indica el artículo 1° de la Constitución Mexicana, que establece la obligación del Estado mexicano de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Además, el artículo 15 obliga al Estado mexicano a garantizar que cualquier traslado de sus ciudadanos se realice conforme a procedimientos legales que respeten sus derechos fundamentales. “En el caso, la privación de la libertad de la que fui objeto encaja de manera perfecta y armónica en la hipótesis normativa que argumento y, por tanto, resulta una obligación ineludible por parte del Estado mexicano de solicitar de manera inmediata y sin excusa la repatriación del suscrito”, señaló. De igual forma, aseguró que si el gobierno mexicano no cumple con su obligación de velar por los derechos de sus ciudadanos, eso podría dañar las relaciones entre ambos países. “El traslado irregular de mi persona, sin cumplir con los requisitos legales establecidos por México y Estados Unidos, vulnera múltiples instrumentos legales internacionales y nacionales que protegen los derechos humanos y garantizan el debido proceso”, concluyó.
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