De Veracruz al mundo
Senado de la Republica pide al Congreso de Veracruz eliminar el delito de “ultrajes a la autoridad”.
El delito de ultrajes a la autoridad es un tipo penal abierto que viola el derecho humano de la seguridad jurídica y exacta aplicación de la ley, destacó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal
Lunes 20 de Diciembre de 2021
Por: El Heraldo de México
Foto: Cuartoscuro .
CDMX.- Como presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, envió un exhorto al Congreso de Veracruz para que legislen sobre la eliminación del delito de ultrajes a la autoridad.

En un documento enviado a la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de Veracruz, el legislador morenista argumenta que el delito de ultrajes a la autoridad es un tipo penal abierto que viola el derecho humano de la seguridad jurídica y exacta aplicación de la ley.

"Los conceptos amenaza y agresión son de suyo amplios, al carecer de una definición específica para el tipo, por lo que en sí mismos generan falta de certeza en cuanto a conocer cuáles son las acciones que penalmente se consideran reprochables, es decir, la descripción típica no debe ser de tal manera vaga, imprecisa, abierta o amplia que permita la arbitrariedad en su aplicación", expuso.



Monreal, quien también es líder de la bancada de Morena en el Senado, solicitó atentamente al Congreso veracruzano lleve a cabo las acciones legislativas que correspondan para derogar el tipo penal de ultrajes a la autoridad, previsto en el Capítulo XIII del Código Penal de Veracruz, toda vez que su existencia ha dado lugar a eventos en los que se acusa de manera arbitraria a personas, privándolas de su libertad.

El legislador zacatecano también expuso en el documento dirigido a la diputada Cecilia Josefina Guevara, presidenta del Congreso de Veracruz, que el Máximo Tribunal sustento la inconstitucionalidad del tipo penal de ultrajes a la autoridad, dada la afectación a los principios de legalidad y seguridad jurídica de las personas destinatarias de la norma, lo cual conlleva una aplicación arbitraria por parte de las autoridades que tienen a su cargo la persecución de los delitos y la impartición de justicia.

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