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XALAPA.- En Veracruz es necesario revisar los casos de mujeres que permanecen en prisión por delitos como homicidio en razón de parentesco pero que fue derivado de haber sufrido un aborto, reclamó la integrante del Colectivo Akelarre, Sonia Alejandra Martínez García. Consideró que este es uno de los principales pendientes que se deben atender tras la reforma en materia de aborto en el Código Penal de Veracruz, que se logró el paso 20 de julio. “Urge revisar las carpetas de procedimientos legales contra mujeres que han sido criminalizadas por abortos desde el 2014, cuando se realizó la reforma que protege la vida desde su concepción hasta la muerte natural”, mencionó. Explicó que entonces aunque las mujeres no eran encarceladas por el aborto en sí, en algunos casos se les fincaban otros delitos como el de homicidio en grado de parentesco. “Se le imputaban crímenes como infanticidio u homicidio en razón de parentesco, se tiene que revisar a nivel judicial todas esas carpetas de mujeres presas en Veracruz uno por uno, porque muchos de estos crímenes no están catalogados por la interrupción legal del embarazo, sino como los que mencionaba”. A esto se suma la necesidad de establecer un protocolo a nivel estatal en materia de salud pública para que se contemple cuál será el seguimiento y atención de los casos de mujeres que soliciten el servicio de interrupción legal del embarazo. “Hace falta la capacitación del personal de salud para que estén actualizado con información laica y verídica sobre cuáles son los procedimientos que se realizan en la Ciudad de México y adaptarlos a nuestro contexto en Veracruz. Un caso muy sonado de criminalización del aborto, fue el de Diana Patricia Guzmán, quien estuvo en prisión por homicidio culposo por haber abortado, y que fue liberada el 14 de septiembre, durante una audiencia solicitada por la defensa de Diana, y ahí el juez ordenó dejarla en libertad, con lo cual se convirtió en la primera beneficiada con la despenalización del aborto en Veracruz. La fiscal de Veracruz, Verónica Hernández, mencionó que la liberación se dio porque se respetó la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de no penalizar el aborto, razón por la que la mujer fue liberada tras comprobarse que su aborto fue espontáneo. Mencionó que con éste criterio se presentó el sobreseimiento del proceso en virtud de manifestar y probar, con documentales periciales y médicas, que ella es una mujer imputable, dado a que el procedimiento legal que enfrentaba ya no era un delito. "Se llevo a cabo la fianza, se permitió a Fiscalía llevar a cabo también las valoraciones judiciales y se determinó por parte del juez y se hizo el procedimiento legal como lo marca la ley", expresó. Diana Patricia Guzmán fue encarcelada a finales de mayo de este año por tener un aborto espontáneo, en Oluta, al sur de Veracruz. La Fiscalía del Estado la acusaba de homicidio doloso en razón de parentesco, lo que significa el asesinato de un familiar. “Cometieron una injusticia conmigo”, dijo Diana Patricia Guzmán después de salir de la cárcel. En este panorama, la encargada de despacho del Instituto Veracruzano de la Mujer (IVM), Rocío Villafuerte, informó que desde que se despenalizó el aborto en Veracruz ,el mes pasado, tres mujeres han solicitado apoyo y acompañamiento de la institución para interrumpir su embarazo, entre ellas una menor de edad, a la cual personal del IVM junto con sus familiares estuvieron dando seguimiento en el proceso de intervención. "Estamos dando acompañamiento y vinculación con la Secretaría de Salud, yo creo que en el Instituto hemos podido canalizar tres casos, pero somos acompañantes de otros tantos a lo largo de la Entidad, sí es de interrupción legal y voluntaria", puntualizó.
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