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El “Comandante Emilio” será extraditado a Chile; está relacionado con el secuestro de Diego Fernández.
El “Comandante Emilio” será extraditado a Chile; está relacionado con el secuestro de Diego Fernández
Domingo 23 de Septiembre de 2018
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.- La Procuraduría General de República (PGR) inició con el proceso de extradición en contra de Raúl Julio Escobar Poblete, ex guerrillero chileno y presunto secuestrador de político panista Diego Fernández de Cevallos, para que responda en su país natal por un homicidio político perpetrado en 1991.

A través de un comunicado, la dependencia informó que derivado de un requerimiento de extradición formulado por el Gobierno de Chile, personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) dio cumplimiento por resolución liberada en contra de Escobar Poblete, también conocido como “Comandante Emilio”, y quien permanece en el centro Federal de Readaptación Social en Ocampo, Guanajuato.

“Raúl “E” es requerido por la Corte Suprema de la Justicia de Chile para ser procesado por la probable comisión del delito de atentado terrorista con resultado de muerte”, se lee en el comunicado.


Raúl Julio Escobar Poblete habría disparado, junto con otro, en contra del Senador Jaime Guzmán Errázuriz cuando salía en su vehículo de la Universidad Católica de Chile. Los hechos fueron registrados alrededor de las 18:30 horas el 1 de abril de 1991.

El pasado 30 de mayo de 2017, Escobar Poblete, prófugo desde 1991 por encabezar un grupo terrorista de ultraizquierda en su país, autor de un secuestro y un asesinato, fue detenido en San Miguel Allende, Guanajuato, donde radicaba desde hacía más de una década junto con su familia.

En ese estado, Raúl Julio formó otra banda especializada en secuestros que retenía a sus víctimas durante el cautiverio dentro de ataúdes. Para justificar su alto estatus económico, el chileno declaró dedicarse a los negocios inmibiliarios.

El día de su detención, el chileno se cercioraba de que el dedo que cortó a una mujer secuestrada llegara a sus familiares, a quienes exigía un pago de 6 millones de dólares. La víctima era Nancy Michell Kendall, una jubilada de origen estadounidense que pasó dos meses y medio privada de su libertad en un ataúd.

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