Tras cacería migratoria de Trump, hay 8 millones de empleos sin cubrir; empresarios están preocupados MEMORANDUM 1.- Se han encendido alarmas en el sector productivo de la primera potencia tras las deportaciones masivas de Estados Unidos, por ello el miércoles más de 100 empresarios acudieron a Washington para lanzar un llamado de emergencia en el Capitolio por el desplome de la mano de obra ocasionada por las deportaciones masivas de la Administración Donald Trump, que está poniendo en serio riesgo la marcha de la economía. Los patronos de diversos sectores económicos se reunirán con varios legisladores de ambos partidos para pedirles que saquen adelante de forma urgente una reforma que facilite permisos de trabajo para los migrantes indocumentados, imprescindibles para la supervivencia de sus empresas y que ahora están dejando sus puestos vacíos, o bien por miedo a ser detenidos o bien porque ya lo han deportados, víctimas de la campaña antiinmigración ordenada por el mandatario republicano. The American Business Immigration Coalition (ABIC), una coalición bipartidista que aglutina a más de 1,700 directores ejecutivos, propietarios de empresas y asociaciones comerciales en 17 Estados lleva meses alertando de las catastróficas consecuencias que las deportaciones de sus trabajadores están teniendo en sus negocios, pero ante la evidencia de que el gobierno no piensa dar marcha atrás y criminaliza a todos los indocumentados, han decidido atacar por la vía legislativa. Bajo el título “Asegurar la mano de obra de EEUU”, la misión de empresarios se ha plantado en la capital para presionar durante tres días a los legisladores, muchos de los cuales se presentan a la reelección en las elecciones a medio mandato que se celebrarán en noviembre del año que viene. “Gracias a su esfuerzo, los legisladores en Washington están oyendo nuestro mensaje alto y claro: La economía americana no puede crecer sin vías legales para los trabajadores que impulsan las industrias como construcción, agricultura, hotelería, sanidad...”, afirma Rebecca Shi, CEO de ABIC. Según los datos de la coalición, hay ocho millones de empleos sin cubrir en todo el país, lo que está “aumentando los precios en la economía, desde alimentación hasta materiales de construcción y limitando el acceso a productos diarios y servicios para los americanos”. En el caso de la construcción, la mitad de las 454 mil plazas ofertadas no se cubrieron, generando retrasos en las obras y en la entrega de materiales, cuya demanda está presionando los precios al alza.
|
Noroña el político que traicionó sus ideales ha sido investigado desde hace más de 40 años, al igual que su hermana MEMORANDUM 2.- El polémico Gerardo Fernández Noroña logra simpatía en sus seguidores que le son devotos, mientras que sus adversarios, implacables. El senador con licencia, que dejó de manera momentánea la Cámara alta para apersonarse en Palestina, en un vuelo auspiciado por la firma Emirates, la aerolínea de mayor envergadura en Oriente medio, en lo que algunos señalan como un posible conflicto de interés, ha devenido una marquesina de incongruencias en los últimos meses. Una mansión en Tepoztlán, vuelos privados e ingresos millonarios son algunos escándalos que han abollado la imagen pública del morenista, quien construyó una carrera mediante la denuncia y el ataque a figuras del antiguo régimen, encabezado por políticos del PRI y el PAN, a los que consideraba corruptos. Véanse: Calderón y García Luna, a quien incluso encaró en San Lázaro como diputado federal hace dos sexenios. Sin embargo, pocos saben, que posee tras de sí una extensa carrera de cuatro décadas, cuyo albor fueron las luchas por la vivienda en la Ciudad de México en la década de los 80, las cuales lo llevaron a ser investigado, incluso espiado, por el Gobierno de Miguel de la Madrid. El año era 1984, un joven Gerardo Fernández Noroña despertó el interés del Gobierno federal, tras encabezar exigencias vecinales por el derecho de la vivienda en la Ciudad de México y el Área Metropolitana. La Dirección Federal de Seguridad, extinta agencia de espionaje e inteligencia del Gobierno mexicano, le abrió el expediente 009-046-014, en donde se le investigó en su papel del presidente de la llamada Coalición Habitacional del Valle de México, la cual se reunió con las autoridades capitalinas para abordar la regularización de 5 mil familias que habitaban unidades habitacionales del IMSS, que el organismo planeaba vender. Lo que buscaban Fernández Noroña y la citada organización es que las familias pudieran continuar rentando esos inmuebles, en vez de comprarlos, como pretendían las dependencias gubernamentales. Pero Gerardo no fue el único integrante de su familia espiado por el Gobierno, meses después, en 1985, la DFS también le abrió un expediente a su hermana, Mónica Gabriela Fernández Noroña, que era en ese año estudiante de la Escuela nacional de Antropología e Historia. Al igual que su hermano, Mónica Gabriela cuenta con una larga trayectoria de activismo social: en 2015 encabezó la organización “Que se vaya”, la cual buscaba solicitar la revocación de mandato de Enrique Peña Nieto. Una vez que llegó la autodenominada Cuarta Transformación, apoyó a su hermano en labores de carácter administrativo durante su cargo como diputado en el Congreso federal. Posterior a su lucha por la vivienda, el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari mantuvo un monitoreo constante de las actividades de Gerardo Fernández Noroña en su cargo como presidente del PRD en el Estado de México en 1993. La Secretaría de Gobernación obtuvo reportes sobre los altercados en los que se vio envuelto, ya desde entonces, el joven perredista, como protestas contra resultados electorales, así como pleitos internos dentro del partido del sol azteca en Toluca, como uno con el entonces diputado local Miguel León López. Tres años después, en 1996, ya en la administración zedillista, Gerardo Fernández Noroña encabezó protestas de deudores de la banca contra asociaciones de banqueros, en el contexto de la crisis económica, lo que lo llevó a ser detenido un año después, en 1997.
|
Entre opacidad y corrupción cerró su sexenio AMLO; Detecta ASF posibles irregularidades por 5 mil 100 mdp en Cuenta Pública 2024 MEMORANDUM 3.- Pese al discurso constante de no corrupción, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó posibles irregularidades por 5 mil 100 millones de pesos, de los cuales el 89 por ciento corresponde a entidades federativas, municipios, y el resto al gobierno federal, esto en la segunda entrega de informes individuales de fiscalización de la Cuenta Pública 2024. Ojalá no queden pendiente y después en el olvido. Del monto federal, el Poder Judicial concentró casi la mitad de las observaciones detectadas. El informe que comprende 546 auditorías a más de seis mil entes públicos se presentó ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, donde el auditor superior David Colmenares Páramo informó que la intervención del órgano permitió recuperar más de mil millones de pesos que ya fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación. En su mensaje —que duró poco más de 15 minutos—, el auditor afirmó que “un auditor no debe buscar ni el reconocimiento ni el protagonismo individual”, y subrayó que la integridad y la discreción deben guiar la labor de fiscalización. Al término de su intervención, abandonó el auditorio en silla de ruedas, resguardado por personal de la Cámara. Al dirigirse a los diputados, Colmenares destacó que el sistema subnacional de gobierno continúa concentrando la mayor parte de las observaciones y que, pese a ello, entidades como Ciudad de México, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y Zacatecas no registraron montos pendientes de aclarar. Recordó también que la ASF tiene programadas 2 mil 266 auditorías en total para la fiscalización del ejercicio 2024 y que durante su gestión se han recuperado más de 28 mil millones de pesos para la hacienda pública. En la sesión, los diputados de distintos grupos parlamentarios reconocieron el trabajo de la ASF, pero coincidieron en la necesidad de agilizar la aclaración de irregularidades de cuentas públicas anteriores. El presidente de la Comisión de Vigilancia, Javier Octavio Herrera Borunda (PVEM), pidió “celeridad en la conclusión del proceso de fiscalización” para que los casos pendientes sean aclarados o consignados ante las autoridades competentes. Por su parte, Miguel Ángel Guevara Rodríguez (PAN) afirmó que el cierre del sexenio anterior estuvo marcado por opacidad y corrupción, y pidió fortalecer presupuestalmente a la ASF para mantener su autonomía. Carmelo Cruz Mendoza (Morena) afirmó que la fiscalización es “una herramienta real para combatir la corrupción” y sostuvo que “no puede haber transformación sin honestidad”. El diputado Gerardo Olivares (PT) resaltó la importancia de sancionar los actos de corrupción y de fortalecer las auditorías de desempeño, mientras que Celia Fonseca (PVEM) reconoció el esfuerzo de los auditores y aseguró que “cada informe bien hecho fortalece el tejido democrático”.
|
|