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XALAPA.- El polémico Gerardo Fernández Noroña logra simpatía en sus seguidores que le son devotos, mientras que sus adversarios, implacables. El senador con licencia, que dejó de manera momentánea la Cámara alta para apersonarse en Palestina, en un vuelo auspiciado por la firma Emirates, la aerolínea de mayor envergadura en Oriente medio, en lo que algunos señalan como un posible conflicto de interés, ha devenido una marquesina de incongruencias en los últimos meses. Una mansión en Tepoztlán, vuelos privados e ingresos millonarios son algunos escándalos que han abollado la imagen pública del morenista, quien construyó una carrera mediante la denuncia y el ataque a figuras del antiguo régimen, encabezado por políticos del PRI y el PAN, a los que consideraba corruptos. Véanse: Calderón y García Luna, a quien incluso encaró en San Lázaro como diputado federal hace dos sexenios. Sin embargo, pocos saben, que posee tras de sí una extensa carrera de cuatro décadas, cuyo albor fueron las luchas por la vivienda en la Ciudad de México en la década de los 80, las cuales lo llevaron a ser investigado, incluso espiado, por el Gobierno de Miguel de la Madrid. El año era 1984, un joven Gerardo Fernández Noroña despertó el interés del Gobierno federal, tras encabezar exigencias vecinales por el derecho de la vivienda en la Ciudad de México y el Área Metropolitana. La Dirección Federal de Seguridad, extinta agencia de espionaje e inteligencia del Gobierno mexicano, le abrió el expediente 009-046-014, en donde se le investigó en su papel del presidente de la llamada Coalición Habitacional del Valle de México, la cual se reunió con las autoridades capitalinas para abordar la regularización de 5 mil familias que habitaban unidades habitacionales del IMSS, que el organismo planeaba vender. Lo que buscaban Fernández Noroña y la citada organización es que las familias pudieran continuar rentando esos inmuebles, en vez de comprarlos, como pretendían las dependencias gubernamentales. Pero Gerardo no fue el único integrante de su familia espiado por el Gobierno, meses después, en 1985, la DFS también le abrió un expediente a su hermana, Mónica Gabriela Fernández Noroña, que era en ese año estudiante de la Escuela nacional de Antropología e Historia. Al igual que su hermano, Mónica Gabriela cuenta con una larga trayectoria de activismo social: en 2015 encabezó la organización “Que se vaya”, la cual buscaba solicitar la revocación de mandato de Enrique Peña Nieto. Una vez que llegó la autodenominada Cuarta Transformación, apoyó a su hermano en labores de carácter administrativo durante su cargo como diputado en el Congreso federal. Posterior a su lucha por la vivienda, el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari mantuvo un monitoreo constante de las actividades de Gerardo Fernández Noroña en su cargo como presidente del PRD en el Estado de México en 1993. La Secretaría de Gobernación obtuvo reportes sobre los altercados en los que se vio envuelto, ya desde entonces, el joven perredista, como protestas contra resultados electorales, así como pleitos internos dentro del partido del sol azteca en Toluca, como uno con el entonces diputado local Miguel León López. Tres años después, en 1996, ya en la administración zedillista, Gerardo Fernández Noroña encabezó protestas de deudores de la banca contra asociaciones de banqueros, en el contexto de la crisis económica, lo que lo llevó a ser detenido un año después, en 1997.
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