Corte de Nueva York multa a Ricardo Salinas Pliego con 21 mdd por desacato en caso con AT&T MEMORANDUM 1.- La Corte Suprema del estado de Nueva York impuso una multa de 21 millones 47 mil 378.90 dólares al empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego por violar una orden judicial de hace más de un año, dentro de un proceso legal con la compañía AT&T. De acuerdo con la sentencia, firmada el 22 de septiembre de 2025, la sanción incluye 20 millones de dólares por desacato civil, además de un millón 47 mil 378.90 dólares para cubrir los costos y honorarios de los abogados de la empresa estadounidense. El fallo establece que la sentencia se dicta a favor del demandante AT&T Mobility Holdings BV, con sede en Dallas, Texas, y en contra de Ricardo Salinas, Grupo Elektra, Banco Azteca y Francisco Borrego. El pasado 23 de septiembre, la agencia Bloomberg informó que Ricardo Salinas Pliego pagó una fianza de 25 millones de dólares para evitar su arresto en Estados Unidos, derivado de la misma disputa con AT&T. Según el documento judicial publicado en los estrados de la Corte Suprema de Nueva York, el 12 de agosto de 2025 se determinó que Salinas, Grupo Elektra, Banco Azteca y Francisco Borrego violaron una orden judicial emitida el 18 de julio de 2024, que los obligaba a entregar ciertos activos a AT&T. Hasta el cierre de esta edición, el Grupo Salinas no había emitido postura sobre el caso. Mientras tanto, Tv Azteca, otra de las empresas del conglomerado, pidió a una corte del Distrito Sur de Nueva York reconsiderar y anular la orden que la obliga a desistirse de las demandas que mantiene abiertas en México contra sus acreedores. La defensa de la televisora argumentó que la desestimación del litigio en México se consideraría “con perjuicio” y limitaría su derecho a continuar el caso en tribunales nacionales. Los fondos de inversión involucrados también presentaron una solicitud de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial, en la que acusan al Estado mexicano de permitir que Tv Azteca evada el pago de sus compromisos, lo que consideran una violación al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). En los escritos judiciales, la defensa de Tv Azteca insiste en que la orden estadounidense debe reconsiderarse, ya que bajo la legislación mexicana desistir de una acción judicial significa perder el derecho subyacente y cerrar el caso definitivamente. La abogada María Teresa Llantada Voigt, especialista en litigios en México, explicó que “bajo la ley mexicana, desistir o retirar una demanda provoca la extinción del derecho a continuarla, y no puede volver a presentarse”. Añadió que, si Tv Azteca busca retirar su demanda, deberá contar con el consentimiento de los demandados que ya fueron notificados o, en su defecto, podría ser obligada a pagar las costas procesales si el tribunal considera que actuó de mala fe.
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Familia Batres, opositores, comunistas y líderes sindicalistas, investigados por el gobierno desde los 60 MEMORANDUM 2.- Con la victoria de Morena en los comicios de 2018, no sólo llegó Andrés Manuel López Obrador al poder, sino también una nueva camada de cuadros políticos, algunos tránsfugas del PRI y el PAN, pero muchos de ellos provenientes de movimientos sociales, entre los que se encuentran los Batres. Pocas familias son tan poderosas y polémicas en el México actual, como los hermanos Martí, Lenia y Valentina, que ocupan algunos de los principales cargos a nivel local y federal: el primero, es director del ISSSTE; la segunda, ministra de la Corte; mientras que la tercera, tiene un escaño en el Congreso de la CDMX. La historia de los Batres, sin embargo, se remonta a la década de los años 60, donde la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), antigua agencia de inteligencia del Estado mexicano, investigó al padre de la familia: Cuauhtémoc Batres Palacios. De acuerdo a documentos consultados por LA CRÓNICA en el Archivo General de la Nación, el papá de Lenia, Martí y Valentina, quien cumplió 90 años en enero pasado, en su juventud fue un militante comunista, además de auxiliar de Iván García Solis, uno de los líderes históricos de la izquierda mexicana. En 1968, en plena efervescencia estudiantil, que culminó con la Masacre de Tlatelolco el 2 de octubre, Cuauhtémoc Batres y García Solís, fueron vigilados por la DFS, quien les abrió expedientes por sus supuestas actividades subversivas. Ese mismo año, también el hermano de Cuauhtémoc, Alejandro Batres Palacios, fue investigado por el Estado por su cercanía con los profesores y guerrilleros Othón Salazar y Timoteo Mendoza, dentro del Movimiento Revolucionario del Magisterio. Alejandro Batres Palacios También el tío de Lenia y Martí Batres fue investigado por la DFS, por su relación con maestros y guerrilleros. Veinte años después también la propia Lenia, actual ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que arribó al cargo tras la elección judicial, fue fichada por la DFS junto a su mamá, en el año de 1985. En el caso de Lenia, el expediente que se le abrió, fue por ser militante del Partido de la Revolución Socialista, en el cual también participaron personas como Rogelio Sosa Pulido y César Navarro Gallegos, mientras que su mamá, Rosario Guadarrama, fue investigada por formar parte de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), junto a Cuauhtémoc Batres y René Bejarano, también conocido como “El señor de las ligas”. La familia Batres Lenia, su papá y su mamá, Rosario Guadarrama, fueron fichados por la DFS. Nacido en 1936, Iván García Solís es uno de los líderes históricos del magisterio disidentes. Ya desde muy joven se vinculó al movimiento de maestros, durante 1958, para después mantener una carrera dentro de organizaciones sindicales y partidos socialistas y de izquierda. El líder izquierdista, además, ha sido dos veces diputado federal: la primera, en la LII legislatura, mediante el Partido Socialista Unido Mexicano; y después en la LIX Legislatura, abanderado por el PRD, en tiempos de Vicente Fox. Durante cuatro décadas, de 1947 a 1985, la DFS se encargó de espiar no sólo a narcotraficantes y criminales, sino también a opositores, comunistas y líderes sindicalistas, además de integrantes del Gobierno y funcionarios del más alto nivel, como el propio expresidente Miguel de la Madrid, a Carlos Salinas de Gortari y al siniestro Arturo “El Negro” Durazo, líder criminal, narcotraficante y ex director de la Policía capitalina.
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Juez rechaza descongelar cuentas bancarias de la diputada morenista Hilda Brown, tras sanción por vínculos con ‘La Mayiza’ MEMORANDUM 3.- Un juez de distrito negó la suspensión provisional a la diputada federal de Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo, contra la inclusión la lista de personas bloqueadas y descongelamiento de sus cuentas bancarias, por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), debido a que no acreditó ser la titular. La legisladora de Baja California promovió el recurso de amparo el pasado 2 de octubre ante el Juzgado Décimo de Distrito en el estado de Baja California, con residencia en Tijuana, donde reclamó la emisión del acuerdo 282/2025, donde se le integró en dicha lista y se bloquearon las cuentas que tiene en Banco Mercantil del Norte. La lista de acuerdos señala que la quejosa pidió la suspensión provisional del acto para los efectos siguientes: “Bajo los términos de la ponderación del buen derecho que le asiste a la suscrita, y derivado de lo ostensiblemente inconstitucional de los actos de las autoridades responsables, se solicita que sea otorgada la suspensión de los actos reclamados, para el efecto de que se elimine de la lista de personas bloqueadas a la suscrita y, con ello, pueda acceder a los fondos de las cuentas que me fueron bloqueadas con motivo de actos inconstitucionales”. Al respecto, Marco Antonio Arreola Herrera, titular del Juzgado Décimo de Distrito con residencia en Baja California, señaló que Brown Figueredo no exhibió la documentación que acredite que es la titular de las cuentas bancarias. “Se niega la suspensión provisional, toda vez que, si bien la parte quejosa solicita la medida cautelar y con su concesión no se transgreden disposiciones de orden público ni de interés social, lo cierto es que no se advierte que con la ejecución de dicho acto se causen perjuicios en su esfera jurídica, pues no acreditó ni aun de manera presuntiva su interés suspensional. Ello es así, puesto que la quejosa no exhibió documento alguno del cual se pueda advertir que es titular de las cuentas bancarias cuyo bloqueo reclama”. Asimismo, el juzgador requirió a la autoridad responsable su informe previo respectivo que deberá rendir dentro de 48 horas, con la advertencia que en caso de ser omisa, "se presumirá cierto el acto reclamado para el sólo efecto de la suspensión; además, se hará acreedora a una multa de 230 a 2295 Unidades de Medida y Actualización”. En septiembre pasado, Brown Figueredo, quien es señalada por autoridades estadounidenses de tener presuntos vínculos con la facción criminal “La Mayiza” del Cártel de Sinaloa, negó que sus cuentas bancarias hayan sido congeladas o haber recibido alguna sanción del gobierno mexicano.
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