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Xalapa, Ver.- Dos iniciativas presidenciales de reforma para regular el uso del agua en el país llegaron el jueves a la Cámara de Diputados; los proyectos para expedir una nueva Ley General de Aguas y reformar diversos aspectos de la Ley de Aguas Nacionales. Desde el pasado 24 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que remitiría dicho proyecto, con el objetivo de aumentar sanciones para delitos hídricos --incluyendo extensión de dominio--, para evitar la “mercantilización” del líquido que se hizo desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Fue hasta el 1º de octubre que Sheinbaum firmó las iniciativas de expedición de ambas normas, cuyo propósito definió ella misma en su cuenta de la red social X: “es garantizar el derecho humano al agua” y recuperarla “como recurso de la nación”, así como eliminar “la visión del neoliberalismo del agua como mercancía”. Entre los aspectos que se proponen en ambos documentos está aumentar sanciones por delitos hídricos; establecer un fondo nacional de aguas, y acabar con el mercado negro de este recurso. También se propone fortalecer la detección de usos irregulares del agua y desaparecer el régimen de transmisiones de derechos del líquido entre particulares. Al detallar su contenido, en la iniciativa se menciona que la Ley General de Aguas busca “delinear las acciones que deben asumir las autoridades de los tres órdenes de gobierno para garantizar el acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico”, y “sentar las bases y modalidades para el acceso cualitativo y sustentable de los recursos hídricos”. Asimismo, pretende fomentar la cultura del agua para generar conciencia sobre la importancia que tiene este recurso para la vida y la dignidad de las personas; promover el uso racional y eficaz del líquido y reconocer los sistemas comunitarios de aguas. En lo que se refiere a los cambios a la Ley de Aguas Nacionales, la propuesta de Sheinbaum enfatiza que “el Estado mexicano será el único responsable de regular el uso de agua” y busca “desaparecer el régimen de transmisiones de derechos de agua entre particulares”. Por otro lado, recalca que “toda concesión de agua que no sea utilizada para los fines autorizados debe regresar a la Comisión Nacional del Agua para qué esta decida una mejor distribución y aprovechamiento de ese recurso”. Para tal efecto, se revisará que el agua se destine efectivamente al uso para el que se solicitó y fue concesionada. Además, indica que el Registro Público de Derechos de Agua transite hacia un Registro Nacional del Agua, “con el propósito de contar con una herramienta que favorezca el adecuado control y transparencia del régimen de concesiones y designaciones”. También se modifican las reglas aplicables a la determinación del pago de la cuota de garantía, en aras de erradicar prácticas de acaparamiento “y que el agua llegue a quien realmente la necesita y use”, y se establecen reglas claras aplicables a las concesiones que se otorguen para uso agrario, “a fin de garantizar la soberanía alimentaria”. De igual manera, se fortalece el procedimiento para detectar usos irregulares del agua y el incumplimiento de obligaciones, así como el régimen de sanciones para inhibir este tipo de conductas. Se incluye un catálogo de delitos hídricos, en complemento al esquema sancionador que ya existe al respecto.
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