Familia Batres, opositores, comunistas y líderes sindicalistas, investigados por el gobierno desde los 60 MEMORANDUM 1.- Con la victoria de Morena en los comicios de 2018, no sólo llegó Andrés Manuel López Obrador al poder, sino también una nueva camada de cuadros políticos, algunos tránsfugas del PRI y el PAN, pero muchos de ellos provenientes de movimientos sociales, entre los que se encuentran los Batres. Pocas familias son tan poderosas y polémicas en el México actual, como los hermanos Martí, Lenia y Valentina, que ocupan algunos de los principales cargos a nivel local y federal: el primero, es director del ISSSTE; la segunda, ministra de la Corte; mientras que la tercera, tiene un escaño en el Congreso de la CDMX. La historia de los Batres, sin embargo, se remonta a la década de los años 60, donde la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), antigua agencia de inteligencia del Estado mexicano, investigó al padre de la familia: Cuauhtémoc Batres Palacios. De acuerdo a documentos consultados por LA CRÓNICA en el Archivo General de la Nación, el papá de Lenia, Martí y Valentina, quien cumplió 90 años en enero pasado, en su juventud fue un militante comunista, además de auxiliar de Iván García Solis, uno de los líderes históricos de la izquierda mexicana. En 1968, en plena efervescencia estudiantil, que culminó con la Masacre de Tlatelolco el 2 de octubre, Cuauhtémoc Batres y García Solís, fueron vigilados por la DFS, quien les abrió expedientes por sus supuestas actividades subversivas. Ese mismo año, también el hermano de Cuauhtémoc, Alejandro Batres Palacios, fue investigado por el Estado por su cercanía con los profesores y guerrilleros Othón Salazar y Timoteo Mendoza, dentro del Movimiento Revolucionario del Magisterio. Alejandro Batres Palacios También el tío de Lenia y Martí Batres fue investigado por la DFS, por su relación con maestros y guerrilleros. Veinte años después también la propia Lenia, actual ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que arribó al cargo tras la elección judicial, fue fichada por la DFS junto a su mamá, en el año de 1985. En el caso de Lenia, el expediente que se le abrió, fue por ser militante del Partido de la Revolución Socialista, en el cual también participaron personas como Rogelio Sosa Pulido y César Navarro Gallegos, mientras que su mamá, Rosario Guadarrama, fue investigada por formar parte de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), junto a Cuauhtémoc Batres y René Bejarano, también conocido como “El señor de las ligas”. La familia Batres Lenia, su papá y su mamá, Rosario Guadarrama, fueron fichados por la DFS. Nacido en 1936, Iván García Solís es uno de los líderes históricos del magisterio disidentes. Ya desde muy joven se vinculó al movimiento de maestros, durante 1958, para después mantener una carrera dentro de organizaciones sindicales y partidos socialistas y de izquierda. El líder izquierdista, además, ha sido dos veces diputado federal: la primera, en la LII legislatura, mediante el Partido Socialista Unido Mexicano; y después en la LIX Legislatura, abanderado por el PRD, en tiempos de Vicente Fox. Durante cuatro décadas, de 1947 a 1985, la DFS se encargó de espiar no sólo a narcotraficantes y criminales, sino también a opositores, comunistas y líderes sindicalistas, además de integrantes del Gobierno y funcionarios del más alto nivel, como el propio expresidente Miguel de la Madrid, a Carlos Salinas de Gortari y al siniestro Arturo “El Negro” Durazo, líder criminal, narcotraficante y ex director de la Policía capitalina.
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Juez rechaza descongelar cuentas bancarias de la diputada morenista Hilda Brown, tras sanción por vínculos con ‘La Mayiza’ MEMORANDUM 2.- Un juez de distrito negó la suspensión provisional a la diputada federal de Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo, contra la inclusión la lista de personas bloqueadas y descongelamiento de sus cuentas bancarias, por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), debido a que no acreditó ser la titular. La legisladora de Baja California promovió el recurso de amparo el pasado 2 de octubre ante el Juzgado Décimo de Distrito en el estado de Baja California, con residencia en Tijuana, donde reclamó la emisión del acuerdo 282/2025, donde se le integró en dicha lista y se bloquearon las cuentas que tiene en Banco Mercantil del Norte. La lista de acuerdos señala que la quejosa pidió la suspensión provisional del acto para los efectos siguientes: “Bajo los términos de la ponderación del buen derecho que le asiste a la suscrita, y derivado de lo ostensiblemente inconstitucional de los actos de las autoridades responsables, se solicita que sea otorgada la suspensión de los actos reclamados, para el efecto de que se elimine de la lista de personas bloqueadas a la suscrita y, con ello, pueda acceder a los fondos de las cuentas que me fueron bloqueadas con motivo de actos inconstitucionales”. Al respecto, Marco Antonio Arreola Herrera, titular del Juzgado Décimo de Distrito con residencia en Baja California, señaló que Brown Figueredo no exhibió la documentación que acredite que es la titular de las cuentas bancarias. “Se niega la suspensión provisional, toda vez que, si bien la parte quejosa solicita la medida cautelar y con su concesión no se transgreden disposiciones de orden público ni de interés social, lo cierto es que no se advierte que con la ejecución de dicho acto se causen perjuicios en su esfera jurídica, pues no acreditó ni aun de manera presuntiva su interés suspensional. Ello es así, puesto que la quejosa no exhibió documento alguno del cual se pueda advertir que es titular de las cuentas bancarias cuyo bloqueo reclama”. Asimismo, el juzgador requirió a la autoridad responsable su informe previo respectivo que deberá rendir dentro de 48 horas, con la advertencia que en caso de ser omisa, "se presumirá cierto el acto reclamado para el sólo efecto de la suspensión; además, se hará acreedora a una multa de 230 a 2295 Unidades de Medida y Actualización”. En septiembre pasado, Brown Figueredo, quien es señalada por autoridades estadounidenses de tener presuntos vínculos con la facción criminal “La Mayiza” del Cártel de Sinaloa, negó que sus cuentas bancarias hayan sido congeladas o haber recibido alguna sanción del gobierno mexicano.
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'No hay dato oficial' sobre cuántos recursos implica el ‘huachicol’ fiscal, Sheinbaum vuelve a contradecir lo dicho por la fiscal MEMORANDUM 3.- No hay un dato oficial de la Secretaría de Hacienda sobre cuántos recursos implica el llamado huachicol fiscal, reitera la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, e indicó que al cierre de este mes el gobierno contará con la trazabilidad de combustibles, con lo cual “vamos a poder contestar la pregunta de si todavía hay contrabando de combustible y de qué tamaño es”. Además, volvió desestimar las declaraciones de la procuradora fiscal, Grisel Galeano, de que el daño al erario es de 600 mil millones de pesos “fue en referencia a declaraciones de un diputado”. No existe información a la fecha porque “tenemos que cuadrar toda la información”, expresó. Por tanto, “no podríamos decir en estas fechas se estima que hubo tanto y a la fecha cuánto se estima que hay”. El secretario de Hacienda, Edgar Amador, ratificó que el saldo histórico de querellas por este tipo de ilícitos asciende a 16 mil millones de pesos. Sheinbaum Pardo afirmó que “más allá de los propios cálculos de la procuradora fiscal, hasta no tener la base de datos completa -que trabajan diversas dependencias-, no podemos saber si hay venta de combustible que no está contabilizada”. En la mañanera del pueblo, dijo que todos los ingresos en aduanas, a partir del buque asegurado en Tamaulipas, “se ha controlado muchísimo, pues se siguieron una serie de protocolos mucho mayores de la entrada de buques”. Asimismo, “de la revisión de los pedimentos de combustible y de la revisión con laboratorios de qué trae cada buque, en caso de que haya presunción de que trae combustible y no lo esté declarando. Entonces eso ha disminuido mucho gracias a la revisión que se está haciendo en aduanas”. La mandataria precisó que el gobierno tiene un grupo de trabajo, integrado por Energía, Hacienda, Aduanas, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, Profeco, Seguridad, la Agencia de Transformación Digital y “la Fiscalía también participa, a veces,” que trabaja en la construcción de una sola base de datos “que nos permita saber día con día cuántos combustibles se importan”, cuánto se vende y cuánto se produce. Indica que se están integrando las bases que tiene Petróleos Mexicanos (Pemex), Energía, el Servicio de Administración Tributaria, “de tal manera que haya una sola fuente de información en el gobierno federal sobre la cantidad de combustible que se importa, vinculado con la cantidad de combustible que se vende y la que se produce”. Resaltó que por ley, sólo Pemex produce en las siete refinerías que tiene en el país, más Deer Park, en Texas. Entonces ellos son los únicos que tienen los datos de producción y Pemex, Aduanas y SAT tienen datos de la importación, así como Energía, en cuanto a ingreso de combustible por parte de privados. “Las bases de datos son distintas; unas son en pesos, otras son en volumen. Lo que no había es esta trazabilidad de la que yo les he hablado, para que separamos lo que se importó de gota de gasolina”, agregó.
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