El programa 'Sí al Desarme, Sí a la Paz' es inservible, porque entregan armas que han dejado de funcionar o adquirieron una de mejor calidad MEMORANDUM 1.- Para agentes de la Policía de Investigación de México, (PDI), la fácil adquisición de arma de fuego y la debilidad para combatir su distribución y venta se debe a que la facultad para perseguirlo lo tiene únicamente la Fiscalía General de la República (FGR), institución que, señalan, no realiza operativos en tianguis y mercados donde a la vista de todas las personas se comercializan estos dispositivos mortales, sumado a que su resguardo no indica altas penas en el código penal, inclusive, si no se accionó la pistola, rifle o subametralladora, acusan, el infractor únicamente es acreedor a una multa y a permanecer en reclusión durante un corto periodo. Además, narran que los infractores y grupos delincuenciales que se asientan en la capital también superan en equipo táctico a la Fiscalía local, de cuatro mil 100 elementos adscritos a la PDI, que aparentemente todos tendrían que estar armados, agentes de la corporación afirman que la criminalidad tiene armamento de mayor calidad y precisión que las autoridades. En entrevista con Crónica, agentes de la PDI que prefirieron reservar su identidad, refirieron que la falta de personal especializado en la FGJCDMX para investigar la entrada, distribución y resguardo de armas a la metrópoli impide desarrollar líneas de investigación, adicional a que, denuncian, las células delictivas han superado en nivel de armamento a las autoridades, dado que mientras los policías únicamente tienen armas de bajo calibre para defenderse, los delincuentes pueden responder a los ataques con equipo de mayor nivel. “En la FGR no investigan el tráfico de armas, los aseguramientos lo hacen con la Secretaría de Seguridad Federal, con delitos conexos, como el huachicol, donde también aseguran armas, no está en su agenda conocer cómo ingresan al país. Son complicadas las sentencias por la portación de arma, sólo que sea exclusiva del Ejército, pero aún con una nueve milímetros, se puede resolver con multa, cinco años de cárcel; si es de las permitidas, pisarán cinco días máximo el reclusorio y después se acude a firmas periódicas, lo que origina que vuelvan a comprar armas”, indica. “Hay un incremento (de decomiso) en las armas de grueso calibre, pero también en las de bajo calibre, la Secretaría de la Defensa resuelve en un mes si es que autoriza a tener un arma o no, no existen tantas trabas como antes, por eso la gente las adquiere legalmente y las tiene en sus negocios, en taxis, que están armados, dada la percepción de inseguridad”. El programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, desde su creación en 2019 hasta 2025, en la capital se han recibido para su destrucción nueve mil 150 armas, que pudieron haber sido utilizadas en riñas y conflictos. Con todo, los PDI afirmaron que en dicho programa de despistolización, las personas entregan el equipo porque es inservible, dejó de funcionar o adquirieron uno de mejor calidad. Del total de armas entregadas al programa de desarme, la criminalidad, con sus dos mil 279 artefactos decomisados desde 2019 hasta el primer semestre del 2024, poseía el equivalente al 24.9 por ciento de armamento que las autoridades recaudaron, sin contar el que aún mantienen oculto. “No podemos entrevistar a las personas, pero discretamente hacemos inteligencia, dan las armas porque les falló, no sirve, entonces nos volvemos recaudadores de ese mismo mercado. En número es bueno, es cierto que están fuera del mercado, pero cuando revisamos la funcionalidad, no sirven, por dentro los rifles son inoperantes, la recámara está fracturada, la granada que entregaron estaba soldada; entonces, como no se juzga y sólo se cumple con el propósito de retirarlas, son semi funcionales y no afectan a la comunidad. La granada que entregaron”. Explicaron que en los últimos dos años, los casquillos encontrados en escenas delictivas y que posteriormente se analizan en el Sistema Integrado de Identificación Balística IBIS, han aumentado en el número de coincidencias con otros delitos, donde, detallaron, de cada cinco ejecuciones, tres corresponden a que se realizaron con la misma pistola que otros crímenes que ya están en investigación. “La delincuencia nos rebasó, en la Policía de Investigación, las policías que portan las mujeres son calibre 380 deportivo y de competencia, porque según es más fácil para ellas manejarlo, están en desventaja contra la delincuencia, que tienen mínimo de nueve milímetros, que es la que tenemos los hombres”. “Los criminales también usan armas grandes como calibre punto 40, con un poder de daño muy alto que ni siquiera las usan para las escoltas, son para la guerra. Ningún PDI de la ciudad tiene armas largas, a diferencia que en el Estado de México, Sinaloa y Morelos, nuestras armas largas siempre están en las bases, no las traemos con nosotros, si las necesitamos para un operativo, tenemos que hacer un oficio para sacarlas de la bodega”. Denunciaron que la metodología para acceder a la corporación con convocatorias por asignación directa, sin examen de admisión ni proceso de selección e historial administrativo, aunado a fallas administrativas como falta de exámenes psicológicos o médicos para la portación de armas, desembocó que actualmente el 20 por ciento de los elementos estén desarmados, de los cuatro mil 100 policías de investigación.
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Marko Cortés exige transparencia en envíos de combustible a Cuba, luego de que AMLO y Sheinbaum se la han pasado regalando petróleo MEMORANDUM 2.- Al considerar que hay una falta de claridad en el manejo de los recursos públicos y que persiste la duda sobre por qué no se destinan a atender emergencias dentro del país, el senador del Partido Acción Nacional (PAN) Marko Cortés Mendoza exhortó al gobierno federal a presentar, de manera inmediata, un informe público y detallado sobre los envíos de hidrocarburos y combustibles subsidiados a Cuba realizados desde el primero de octubre. Por ello, solicitó la comparecencia del director general de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez Padilla, y de la secretaria de Energía, Luz Elena González, a fin de aclarar el destino de los recursos y los criterios con los que se aprobaron dichas exportaciones. El senador del PAN, Marko Cortés recordó que de acuerdo a una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad los envíos de hidrocarburos y petróleo al gobierno cubano encabezado por Miguel Díaz Canel, se han triplicado en las últimas fechas. Indica: “Los embarques a Cuba de “Gasolina Bienestar”, empresa sucursal de Pemex, sumaron 3 mil millones de dólares entre mayo y agosto de 2025, esto es equivalente a aproximadamente 60 mil millones de pesos, mientras que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018 – 2024) los envíos fueron de mil millones”. Por ello considero que el informe debe detallar de manera exhaustiva los volúmenes totales de petróleo crudo, diésel, turbosina y otros derivados enviados, así como su valor económico estimado, incluyendo los subsidios implícitos. Y se desglosen también, los puestos de salida, tales como Coatzacoalcos, Veracruz y Tampico, Tamaulipas y los de destino en Cuba. Cortés sostuvo que en las operaciones ha participado el buque “Sandino”, incluido desde el 24 de septiembre de 2019 en la lista OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en la que se encuentran entidades sancionadas por actividades ilícitas como narcotráfico, terrorismo o lavado de dinero. En el punto de acuerdo que presentará ante el Senado, el legislador demandó que se envíe la lista de los buques petroleros utilizados, incluyendo el buque ‘Sandino’, el ‘Ocean Mariner’ y cualquier otra embarcación. De igual manera, que se detallen las rutas marítimas, fechas de zarpe y arribo, y las razones que justifiquen usar un buque sancionado con la evaluación respectiva de riesgo de sanciones económicas, financieras y diplomáticas para México derivadas de dichas operaciones. El legislador panista señala que es importante incluir la descripción de las empresas estatales o filiales responsables, tales como Gasolinas bienestar, S.A. de C.V., creada en 2022 como filial de Pemex para estas exportaciones, así como contener el impacto financiero en Pemex, considerando las pérdidas reportadas por esta filial superiores a 324 millones de dólares, aproximadamente 5 mil 836 millones de pesos, atribuidas a estos subsidios y la fuente de financiamiento con recursos públicos mexicanos. Cortés demandó explicar los motivos que se han considerado para estos envíos bajo la etiqueta de “ayuda humanitaria”, cuando el régimen cubano tiene a mil 185 personas presas -incluidas mujeres y niños- por motivos políticos. Advirtió que el gobierno no puede hacer uso de los principios de política exterior que considere convenientes y dejar del lado el principio de respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos. Por ello, llamó a explicar los motivos que se han se han considerado estos envíos bajo la etiqueta de “ayuda humanitaria”, cuando el régimen actual tiene a mil 185 personas presas -incluidas mujeres y niños- por motivos políticos, y a manera de represión por manifestarse pacíficamente; según reportes de la organización no gubernamental Prisioners Defenders. El senador por Michoacán expuso que este exhorto es con la finalidad de garantizar la transparencia y rendición de cuentas en el uso de recursos públicos del gobierno de Claudia Sheinbaum, ya que dada la opacidad de esta información es importante conocer cuál es la justificación para no invertir ese dinero en prioridades nacionales tales como la atención a desastres naturales, infraestructura educativa, investigación de delitos federales y seguridad.
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Nuevamente, clausura Profepa mina de mercurio en Querétaro por operar sin permiso MEMORANDUM 3.- Por segunda ocasión, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó la clausura “total temporal” de la mina de mercurio conocida como El Guamúchil o La Adriana, localizada dentro de la Reserva de la Biósfera Sierra Gorda, en el estado de Querétaro. En el yacimiento, ubicado en la localidad La Plazuela, municipio de Peñamiller, ya había sido clausurada en octubre de 2022, tras lo cual en diciembre de 2024 se le aplicó una medida correctiva consistente en exhibir la autorización de impacto ambiental (MIA) otorgada por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para llevar a cabo actividades de exploración, explotación y beneficio de minerales. Sin embargo, al atender las denuncias ciudadanas, la Profepa realizó una nueva inspección el pasado 15 de octubre en la que pudo constatar que las actividades de extracción de mercurio no habían sido suspendidas y aún no contaba con la MIA, omitiendo la medida ordenada hace tres años. Además, apuntó que en el sitio laboraban 13 trabajadores que “no contaban con ningún tipo de protección personal”, lo que supone un “grave riesgo” a su salud debido a la alta toxicidad del mercurio. Destaca: “Ante la violación a la clausura vigente y la falta de la autorización de impacto ambiental, personal de la Profepa repuso los sellos de clausura total temporal e inició un nuevo procedimiento administrativo”. Indica: que el mercurio es capaz de alterar las funciones cerebrales y deteriorar la coordinación motriz y la memoria, además de dañar los pulmones y la vista, aumentar la presión sanguínea o acelerar los latidos del corazón y, en casos extremos, ocasionar parálisis y muerte. De ahí que este metal se encuentra regulado por el Convenio de Minamata, cuyo objetivo es proteger la salud humana y el medio ambiente.
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