|
|
Foto:
.
|
XALAPA.- A unos meses de que concluya su condena por lavado de dinero y asociación delictuosa, al ex gobernador Javier Duarte de Ochoa le podrían aparecer más esqueletos en el armario. Y es que, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) violó los derechos a la legalidad, seguridad jurídica, acceso a la justicia, a la verdad y a la búsqueda de dos personas originarias de Coatzintla, que presuntamente fueron desaparecidas por elementos de la extinta Fuerza Civil durante su gobierno. Por lo anterior, la CNDH emitió la Recomendación 126/2025, al resolver el recurso de impugnación CNDH/1/2024/647/RI, luego de que la Fiscalía se negara a aceptar la Recomendación 062/2024 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). El organismo nacional precisó que la FGE “no compartió las afirmaciones realizadas por la Comisión Estatal”, al argumentar que “la investigación se ha desarrollado de manera oficiosa, oportuna y exhaustiva”. Sin embargo, la CNDH sostuvo que dichos argumentos “no son congruentes con el principio pro persona” y que “no especificaron las diligencias practicadas en el caso en estudio”. La CNDH concluyó que la negativa de la Fiscalía “genera que RVI1, RVI2, V1 y V2 se encuentren en un estado de incertidumbre jurídica sobre las consecuencias de ese documento recomendatorio y, por ende, continúen recibiendo afectaciones jurídicas y materiales”. En la Recomendación 126/2025, el organismo resolvió que la FGE es responsable de violaciones a los derechos humanos de las víctimas directas e indirectas, al negar la aceptación de la resolución emitida por la CEDH, lo que impidió su acceso a la justicia y a la reparación del daño. La CEDH había emitido la Recomendación 64/2024 por la desaparición de tres personas en Coatzintla el 9 de noviembre de 2014, y señaló que la Fiscalía “omitió integrar con la debida diligencia la Investigación Ministerial iniciada el 13 de noviembre de 2014”. Una de las madres declaró: “A mi hija de nombre V15 el día nueve de noviembre de dos mil catorce la invitaron a una fiesta en Coatzintla... Cuando acudo a la Fiscalía me dicen que ya no hay nada”. Otra denunciante dijo: “Mi hija V13 salió de casa aproximadamente 21:40 horas... desde ese entonces no sabemos nada de ella... interpuse la denuncia correspondiente y pasó a la ciudad de Poza Rica”. Una tercera madre relató: “Por una llamada que me realizó la novia de mi hijo... unas personas nos dicen que la noche anterior los elementos de la Fuerza Civil habían hecho un operativo y que ahí se habían llevado a mi hijo y a otras dos muchachas”. La CEDH documentó que la Fiscalía “no investigó esa línea” ni agotó la posible participación de la Fuerza Civil, pese a ser “una línea de investigación que surgió desde el inicio”. También registró que el Ministerio Público “no realizó las diligencias mínimas ordenadas en el Acuerdo 25/2011”, como solicitar información sobre cadáveres no identificados o requerir reportes policiales. El organismo estatal precisó que “fue hasta el 14 de abril de 2020, más de seis años después del inicio de la indagatoria, que el Fiscal giró el oficio requiriendo a la SSP un informe sobre su probable participación”. Así las cosas.
|
