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Xalapa, Ver.-
Luego de que Organizaciones de la Sociedad Civil se pronunciaron en contra la iniciativa del gobierno federal de la nueva Ley General de Aguas (LGA) al señalar que mantendrá el modelo de concesiones de la Ley de Aguas Nacionales (LAN) de 1992, y demandan que se apruebe la propuesta de ley ciudadana en este tema, que se presentó hace una década. Sin embargo, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) afirmó que con la Reforma a la Ley General de Aguas, no desaparecerá, por el contrario, se fortalece su papel institucional y técnico. Reitera que la iniciativa tiene tres propósitos fundamentales: Fortalecer y garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, mediante una distribución clara de competencias entre los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, asegurando el consumo personal y doméstico; así como el impulso a la profesionalización de los organismos operadores. Recuperar la rectoría del Estado en la gestión del agua, con el fin de garantizar la seguridad hídrica de las generaciones presentes y futuras, y ordenar el régimen de concesiones, para asegurar una distribución equitativa de los recursos hídricos, brindar certeza jurídica, evitar el acaparamiento y sancionar los actos de abuso, ilegalidad y corrupción en el manejo del agua. Indica que con la emisión de dicha Reforma, todos los usuarios que tienen un título vigente, conservarán los derechos que le fueron concesionados. Explicó que “ninguna Ley es retroactiva”. Además, se conserva la regla de que las prórrogas de los títulos de concesión se otorguen hasta por el mismo tiempo y características. Asimismo, no se promueve la especulación ni la expropiación de títulos de concesión; en cambio, asegura que se busca dar certeza jurídica y consolidar el compromiso del Estado en la gestión de las aguas nacionales. “No se vulneran los derechos del campo; se impulsa la tecnificación del riego y el acceso a programas de apoyo como el Programa Especial de Energía para el Campo en materia de Energía Eléctrica para Uso Agrícola (PEUA). “Se elevan las sanciones administrativas por el mal uso y manejo del agua y se tipifican los delitos hídricos, sin criminalizar a los usuarios; solo se establecen medidas para prevenir prácticas que afecten la distribución y disponibilidad del agua, especialmente, aquellas que lucran con la necesidad de este recurso o den lugar a actos de corrupción”. Detalla que el ejecutivo federal propone que no se considere el agua como una mercancía, eliminando la transmisión entre particulares y el cambio de uso sin autorización de la Conagua. “Se promueve una gestión eficaz y sustentable de los recursos hídricos, así como la responsabilidad compartida entre autoridades y concesionarios. Además, la iniciativa, impulsa el rehúso del agua bajo principios de sustentabilidad, sostenibilidad y protección ambiental. Además, afirma que la iniciativa respeta plenamente los derechos del sector agrícola, manteniendo la autonomía de los Distritos y Unidades de Riego en la administración de las aguas que tienen concesionadas, conforme a sus propios reglamentos. Agregó que con el proyecto, el Gobierno de México reafirma su compromiso de garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento para todos. Las organizaciones alertan que dicha reforma enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum profundizará la privatización, el acaparamiento, la mercantilización y la contaminación del agua.
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