Para que no quede duda de quién manda, tremendo cagadón en público le pusieron al secretario de Turismo, Igor Rojí, en La Antigua.
Por Omar Zúñiga
Este jueves 30 de octubre trajo consigo un par de sentencias federales que no fueron sorpresa.
En primera instancia, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, confirmó la sentencia de la Sala Regional con sede en Xalapa, que le da el triunfo a Adanely Rodríguez como alcaldesa electa de Poza Rica. No hubo sorpresa. Adanely tomará protesta el próximo 31 de diciembre como presidenta municipal.
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Por otro lado, y aunque tampoco hubo sorpresa en la resolución final, sí la hubo en cuanto al procedimiento.
Resulta que apenas el martes pasado, uno de los juicios de amparo contra la decisión de la Junta de Gobierno de la mentada “prórroga” de Gerardo Martín Aguilar, el espurio Martincillo, fuer on turnado a la magistrada ponente.
De hecho, se apuraron pues tenían planeado hacerlo hasta diciembre, sin embargo, al final fueron turnados. Por ejemplo, en el expediente: 443/2025: “En síntesis. Visto el estado procesal en que se encuentra este asunto, con fundamento en el artículo 24, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para los efectos del artículo 101 de la Ley de Amparo, túrnese el presente toca a la licenciada Rosenda Tapia García, Secretaria en funciones de Magistrada de la ponencia 2, en la inteligencia de que este acuerdo surte los efectos de citación para sentencia a las partes”.
De entrada, en apenas 48 horas, Tapia García, secretaria en funciones de magistrada (sic), analizó, estudió el caso, elaboró el dictamen, en la sesión del día de ayer jueves 30 de los corrientes, lo sometió al conocimiento de los otros dos magistrados que integran el Colegiado y resolvieron.
Para tener un parámetro, un juicio de amparo que se realiza con celeridad y los debidos “estímulos procesales”, todo el asunto no se lleva menos de tres meses.
Aquí, los magistrados lo sacaron en 48 horas, tiempo que se utiliza solamente para leer un expediente.
Como contexto, Rosenda Tapia García está cubriendo al Magistrado Alfonso Ortiz, que se fue al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y allá se quedó.
Por su parte, la Magistrada Sheila, que a su vez estaba comisionada en el Segundo Tribunal, tuvo que irse para dejar su lugar a uno de los magistrados que resultaron ganadores de la votación.
En resumen, la decisión la han tomado personajes que son sustitutos y que ni siquiera son Magistrados titulares, pero que llegaron a serlo por ministerio de ley.
Más allá de que la sentencia completa se tendrá disponible hasta hoy, viernes 31 de octubre, el sentido de la misma fue declarar fundadas las quejas interpuestas por Martincillo y la JG.
El argumento es que la Universidad es autorregulable, vulgo es autónoma y por otro lado, la Junta de Gobierno “no es autoridad” y los magistrados aplicaron, ahora sí, la ley a rajatabla, sin dejar lugar a la interpretación que se realiza en muchas ocasiones para no dejar en la indefensión a los ciudadanos que solicitan la protección de la justicia federal, que al final es la esencia del juicio de amparo.
Luego de conocerse esto, muchos actores empezaron a correr como gallinas despescuezadas, tratando de echar culpas, pero lo peor, asumirse como derrotados: nada más alejado de la realidad; sin negarla, por supuesto.
Rectoría por su parte, comenzó con la divulgación de un texto, donde se aseguran, entre otras tonterías, que “con esta decisión, las resoluciones del tribunal quedan firmes y no podrán ser impugnadas ante otra instancia, consolidando así la permanencia de Martín Aguilar Sánchez al frente de la máxima casa de estudios de Veracruz”.
Y como aclarando amanece, debe destacarse que el Tribunal Colegiado no decidió sobre si la prórroga otorgada es legal o no, sino que, el amparo no puede decidir sobre esa cuestión por virtud de la autonomía universitaria, en otras palabras, las universidades, al amparo de su autonomía, pueden hacer lo que les venga en gana, aunque vulneren derechos humanos, leyes otorgadas por el Congreso Local, y los propios reglamentos universitarios.
Este texto, no por justo y bien trovado, deja de ser puro cuento, pues los leguleyos que dictaron la sentencia no lo hacen porque la prórroga sea legal, lo hicieron saliéndose por la tangente y evadir su responsabilidad de no querer entrarle al fondo del asunto y no cumplir con su obligación moral.
La ilegalidad sigue existiendo.
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La vía ahora vuelve a donde nunca ha dejado de irse: el Congreso de Veracruz, quien tiene en sus manos la elaboración de una Ley especial para destituir a Martincillo, disolver la Junta de Gobierno y nombrar a un Rector interino que se encargue de llevar a cabo el proceso de selección rectoral, con todas las de la ley, y al mismo tiempo despresurizar la UV y darle la tranquilidad que requiere para evitar una crisis mayor.
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Para documentar el optimismo…, quienes se sienten protagonistas en la resistencia de esta lucha, recuerden quiénes son los primeros en caer en el frente de batalla.
Pónganse todos en su sitio y jalen parejo, al final llevan una misma dirección, como dijo el cámpira: “ya después, ya se verá…”.
¡Qué barbaridad!
deprimera.mano2020@gmail.com
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