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Cuarto amparo de interés colectivo contra prórroga del rector de la UV podría abrir la posibilidad de revertirla y emitir convocatoria para elecciones
MEMORANDUM 1.- De acuerdo con la Red UV por la legalidad, el juzgado décimo octavo admitió una cuarta demanda de amparo promovida por tres académicos que argumentan un interés colectivo. A diferencia de los tres anteriores, el cuarto amparo admitido contra la prórroga de Martín Aguilar Sánchez en la rectoría de la Universidad Veracruzana no está basado en aspiraciones personales, pues los tres promoventes presentaron la demanda bajo el argumento de representar un interés colectivo, es decir, en defensa de los derechos de toda la comunidad universitaria: estudiantes, académicos, investigadores y personal administrativo. Según los expertos, este cuarto amparo podría abrir la posibilidad de revertirla y obligar a la Junta de Gobierno a emitir la convocatoria conforme a la legislación universitaria. A diferencia de los tres amparos anteriores –interpuestos por aspirantes a la rectoría– esta nueva acción judicial busca defender los principios de legalidad, equidad y participación en la vida institucional de la universidad. Los promoventes sostienen que la decisión de la Junta de Gobierno viola los principios constitucionales al haberse realizado sin convocatoria pública ni fundamento claro en la Ley Orgánica de la UV. “(El juez) ordenó emplazar a las autoridades universitarias señaladas como responsables. También se solicitó un informe justificado sobre los hechos reclamados. Aunque no se ha concedido la suspensión provisional de la prórroga, el proceso judicial sigue su curso”. En todos los amparos se ha cuestionado la legalidad del procedimiento, así como la falta de consulta y la ausencia de una convocatoria abierta para nuevos aspirantes. El primer amparo fue presentado por la académica Marisol Luna Leal, aspirante a la rectoría, quien argumentó exclusión y falta de equidad en el proceso de designación. Su demanda fue admitida y se celebró una audiencia incidental el pasado 17 de julio. La resolución definitiva aún está pendiente. El segundo amparo lo promovió el doctor Rafael Vela Martínez, quien expuso violaciones a los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, al considerar que la Junta de Gobierno actuó fuera de la ley al modificar unilateralmente los términos del mandato rectoral. Su querella fue admitida el 9 de julio. Hay que recordar que varias veces se ha señalado que la prórroga representa un retroceso en la vida democrática de la institución y se considera que se vulneraron principios como la transparencia, la pluralidad de ideas y la participación activa de los sectores universitarios en la elección de su rector. En contraparte, la Junta de Gobierno ha defendido su decisión señalando que se dio tras un proceso de evaluación institucional que arrojó resultados favorables a su gestión. Argumenta que se actuó dentro del marco jurídico y en aras de mantener la estabilidad institucional. No obstante, la decisión ha sido fuertemente criticada por exrectores, organizaciones académicas y diversos sectores de la comunidad universitaria. Exautoridades como Víctor Arredondo y Raúl Arias Lovillo han solicitado revertir la prórroga y convocar a un proceso abierto y plural. En redes sociales, la etiqueta #UVsinPrórroga ha sido utilizada para expresar el rechazo al procedimiento y se han convocado foros y pronunciamientos públicos en defensa de una universidad más democrática. Así las cosas.
Emite titular de Sefiplan, Miguel Santiago, acuerdo para controlar gasto de gabinete de Nahle. Pero a quien debe controlar es a funcionarios
MEMORANDUM 2.- Vaya caso, el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Miguel Santiago Reyes Hernández, emitió un acuerdo mediante el cual se modifican los lineamientos que regulan la operación y control de los fondos revolventes en cada una de las dependencias del gobierno del estado. El acuerdo establece que si bien se contará con dichos fondos, éstos ya no podrán renovarse o ampliarse de manera automática, sino que siempre estarán sujetos a disponibilidad financiera, deberán requisitarse y justificarse, además de comprobar previamente que ya fue gastado y sobre todo en qué fue hecho. El monto de los fondos revolventes será autorizado por el titular de la SEFIPLAN, previa justificación del mismo, por lo que los titulares de las dependencias deberán enviar a la Tesorería del Estado debidamente requisitada la documentación, a más tardar en los primeros diez días hábiles del mes de enero de cada año, junto con el Requerimiento de Anticipo de tipo deudor y recibo debidamente firmado. En caso de requerir ampliación al Fondo Revolvente inicial autorizado, ésta podrá solicitarse durante el ejercicio fiscal en curso, bajo justificación para ser sometido a consideración y autorización del titular de la SEFIPLAN. Los titulares de las unidades, como responsables del manejo de los fondos revolventes, deberán realizar los trámites necesarios ante la Subsecretaría de Egresos de la SEFIPLAN, para obtener el dictamen de suficiencia presupuestal. Se precisó que el fondo revolvente es un monto de dinero que se asigna para cubrir gastos imprevistos o urgentes, se utiliza para cubrir necesidades operativas y de administración y, se limita a una cantidad constante, que en casos excepcionales puede aumentarse según lo justifiquen las necesidades de operación de cada dependencia, supuesto que actualmente no se encuentra en el contenido de dichos lineamientos, por lo que se considera indispensable su adición para facilitar el quehacer de las unidades administrativas. Así las cosas.
Veracruz, segundo lugar nacional con más casos de crímenes de odio; van entre 6 y 7 asesinatos en 2025
MEMORANDUM 3.- El estado de Veracruz ocupa el segundo lugar a nivel nacional con más casos de crímenes registrados contra la comunidad LGBTQ+, pues solo en lo que va del 2025 se han contabilizado entre seis y siete crímenes de odio y la mayoría de las víctimas son personas transgénero. En ese tenor, el presidente de la organización “Orgullo Xalapa”, Leonardo Ruiz, confió en que la nueva iniciativa que se presentó para modificar el Código Penal de Veracruz con el fin de tipificar el asesinato de integrantes de la comunidad LGBTQ+ como “Crimen de Odio por Prejuicio” y los transfeminicidios, pueda ser aprobada. Y es que recordó que otras legislaturas han llevado el tema, sin embargo, siempre se ha quedado en la congeladora. “Es precisamente el tema de los crímenes de odio por prejuicio, es un logro, es un avance que se esté presentando (la iniciativa), que va de la mano con lo que es la prohibición de las terapias de conversión, que bueno, va dentro del paquete de esta reforma al Código Penal (…) no solamente es para la comunidad LGBTIQ+, sino para la población en general”. El activista refirió que es importante que ahora sí se tomen en cuenta los crímenes como son, más allá de la violencia que ya existe. También se buscará la creación de la Fiscalía Especializada para Crímenes de Odio, “también se ha pedido, pero ese es un paso fundamental para que sea motor a que se dé pie a la Fiscalía Especializada”. Señaló que con esta ley, se tendrá que investigar con perspectiva de género y diversidad sexual, lo que permitirá que los asesinatos estén tipificados legalmente. Por último, el dirigente de Orgullo Xalapa señaló que incluso podrían solicitar que se emita una alerta por la diversidad sexual ante el incremento de homicidios registrados en el estado.

 

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