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Ramírez Cuéllar plantea posponer la elección judicial y reorganizar a la Corte, busca imparcialidad, pero eso no le gustará a la presidenta
MEMORANDUM 1.- El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, sostuvo que la elección de las personas integrantes del Poder Judicial debe posponerse y realizarse en una fecha distinta a los comicios federales de 2027, con el objetivo de preservar su carácter imparcial, técnico y ajeno a intereses partidistas; su opinión no será bien recibida en Palacio Nacional. Señala que la coincidencia con el proceso electoral más grande en la historia reciente del país, en el que se renovarán 17 gubernaturas, 500 diputaciones federales y un gran número de ayuntamientos, podría generar un entorno de alta presión política que pondría en riesgo la independencia judicial. Advierte que sí se pueden darse los riesgos de politización si la elección judicial coincide con los comicios federales, por lo que también se anunció que se plantean cinco grandes reformas para fortalecer el nuevo modelo de elección judicial. Comenta: “La naturaleza de ambas elecciones es distinta, mientras que en las elecciones judiciales se trata de elegir a personas que ejercerán una función jurisdiccional, en el resto de los cargos a elegir se trata de una competencia entre un conjunto de fuerzas partidistas presentando su oferta política ante el electorado. Por eso no pueden operarse bajo una misma lógica electoral”. El líder parlamentario destaca que diferir la elección permitiría la operación de un proceso electoral propio, con información focalizada únicamente en lo judicial y condiciones que favorezcan una participación informada, evitando la saturación del electorado y fortaleciendo la legitimidad del nuevo modelo de elección judicial. Para el diputado zacatecano, la experiencia del proceso electoral judicial de 2025 evidenció la necesidad de mejorar tanto los tiempos como la logística de la elección. Sin embargo, indica que se hace necesaria una nueva ruta para el perfeccionamiento del proceso de democratización del Poder Judicial, iniciado en 2024. Esta ruta está basada en cinco grandes reformas: Establecer reglas claras en materia de propaganda y promoción del voto, a fin de garantizar la equidad y preservar el carácter no partidista de este ejercicio. Reducir el número de candidaturas, con el propósito de facilitar una evaluación más objetiva, centrada en la trayectoria, el mérito y el conocimiento técnico de las personas aspirantes. Reorganizar el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en dos secciones: una de asuntos administrativos y laborales y otra de asuntos penales y civiles. Fortalecer la arquitectura institucional del sistema judicial, mediante una mejor coordinación entre el Órgano de Administración Judicial, el Tribunal de Disciplina Judicial y la Suprema Corte.
Cilia Flores, esposa de Maduro, construyó una red criminal en la que participaron sus familiares; se relacionaban con cártel mexicano
MEMORANDUM 2.- Cilia Flores, esposa del presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, ha sido vinculada por investigaciones judiciales en Estados Unidos con una compleja red de corrupción y narcotráfico que involucra a familiares cercanos y altos funcionarios del gobierno, de acuerdo a un reportaje publicado por el Wall Street Journal (WSJ). Según acusaciones presentadas por fiscales estadounidenses, miembros de su entorno participaron en operaciones para traficar cientos de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, aceptando sobornos, facilitando vuelos de droga y, presuntamente, ordenando actos violentos. De acuerdo con expedientes judiciales, en poder del WSJ, Flores habría construido una estructura de poder basada en familiares, conocida en Venezuela como “El Jardín de Flores”, un juego de palabras con su apellido. Esta red incluía hermanos, sobrinos y otros allegados, a quienes se les asignaron cargos dentro del gobierno, el sistema judicial y empresas estatales. Según exfuncionarios, esto permitió consolidar un sistema de impunidad, donde las actividades ilícitas podían operar con protección política. Durante las reuniones, ofrecieron acceso a altos niveles del gobierno venezolano y mencionaron conexiones con el Cártel de Sinaloa. En realidad, sus interlocutores eran informantes de la DEA. Las investigaciones señalan que el Cártel de Sinaloa aparecía como un posible socio logístico en estas operaciones, particularmente en la fase de distribución internacional de la cocaína. No obstante, en el caso específico de los sobrinos, los supuestos contactos con el cártel formaban parte de una negociación que en realidad estaba controlada por agentes encubiertos. El operativo culminó cuando los sobrinos viajaron a Haití para cerrar el acuerdo en 2015. Ahí fueron detenidos por agentes estadounidenses. Durante años, familiares de Flores ocuparon puestos estratégicos en áreas como: Finanzas públicas. Sistema judicial. Seguridad. Industria petrolera (incluyendo la estatal PDVSA) Esto permitió, según investigaciones, controlar decisiones clave y proteger operaciones ilegales, además de facilitar el movimiento de dinero y recursos. Flores se ha declarado inocente de todas las acusaciones: su defensa legal ha sostenido que las pruebas presentadas por el gobierno estadounidense deben ser impugnadas y revisadas en tribunales. Sin embargo, varios de sus familiares han sido sancionados por el Departamento del Tesoro de la Unión Americana. por presunta corrupción y vínculos con el narcotráfico. Cilia Flores fue capturada, junto a su esposo Nicolás Maduro, en una operación militar estadounidense en Caracas, el pasado 3 de enero.
Sheinbaum insiste en que se sigue trabajando en el tema de desaparecidos; pero prefiere que sea la titular de Segob quien se reúna con colectivos
MEMORANDUM 3.- Ante las críticas de diversos colectivos de familiares de personas desaparecidas sobre el informe oficial presentado el viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que su gobierno tiene la obligación de seguir buscando desaparecidos. Externó: “nuestra obligación es seguir buscando a las personas reportadas como desaparecidas, nunca hemos negado la obligación del gobierno y del Estado mexicano”. Señala que contrario a los señalamientos no solamente hay acciones de revisión de los registros (búsqueda administrativa) sino hay búsqueda en campo, se acompaña a los colectivos”. Mientras colectivos acusan que está minimizando la crisis de desaparecidos, expresó: “Hay atención a todos los colectivos. La Secretaría de Gobernación dedica mucho tiempo a esto. Nuestra obligación es buscar a todas las personas y al mismo tiempo erradicar este delito, particularmente los relacionados con delincuencia organizada. Se ha atendido a los colectivos el viernes se presentó lo que hemos realizado. Hablamos de que hemos encontrado a 31 mil personas y particularmente de años anteriores, se localizaron cerca de 5 mil personas”. Sheinbaum Pardo comenta que en el caso de los homónimos, no solo se trata de identificar el nombre sino corroborar la personalidad mediante huellas dactilares para confirmar esa identidad. Se confronta con la descripción de la persona que viene en los registros y hasta que nos encuentren haya prueba de vida o de no vida, no se retiran de los registros. Colectivos de personas buscadoras indican que las cifras de desaparecidos presentadas por el Gobierno Federal muestran una sola cosa: su intención por ocultar y minimizar la crisis de las personas no localizadas.

 

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