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XALAPA.- De acuerdo con la Red UV por la legalidad, el juzgado décimo octavo admitió una cuarta demanda de amparo promovida por tres académicos que argumentan un interés colectivo. A diferencia de los tres anteriores, el cuarto amparo admitido contra la prórroga de Martín Aguilar Sánchez en la rectoría de la Universidad Veracruzana no está basado en aspiraciones personales, pues los tres promoventes presentaron la demanda bajo el argumento de representar un interés colectivo, es decir, en defensa de los derechos de toda la comunidad universitaria: estudiantes, académicos, investigadores y personal administrativo. Según los expertos, este cuarto amparo podría abrir la posibilidad de revertirla y obligar a la Junta de Gobierno a emitir la convocatoria conforme a la legislación universitaria. A diferencia de los tres amparos anteriores –interpuestos por aspirantes a la rectoría– esta nueva acción judicial busca defender los principios de legalidad, equidad y participación en la vida institucional de la universidad. Los promoventes sostienen que la decisión de la Junta de Gobierno viola los principios constitucionales al haberse realizado sin convocatoria pública ni fundamento claro en la Ley Orgánica de la UV. “(El juez) ordenó emplazar a las autoridades universitarias señaladas como responsables. También se solicitó un informe justificado sobre los hechos reclamados. Aunque no se ha concedido la suspensión provisional de la prórroga, el proceso judicial sigue su curso”. En todos los amparos se ha cuestionado la legalidad del procedimiento, así como la falta de consulta y la ausencia de una convocatoria abierta para nuevos aspirantes. El primer amparo fue presentado por la académica Marisol Luna Leal, aspirante a la rectoría, quien argumentó exclusión y falta de equidad en el proceso de designación. Su demanda fue admitida y se celebró una audiencia incidental el pasado 17 de julio. La resolución definitiva aún está pendiente. El segundo amparo lo promovió el doctor Rafael Vela Martínez, quien expuso violaciones a los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, al considerar que la Junta de Gobierno actuó fuera de la ley al modificar unilateralmente los términos del mandato rectoral. Su querella fue admitida el 9 de julio. Hay que recordar que varias veces se ha señalado que la prórroga representa un retroceso en la vida democrática de la institución y se considera que se vulneraron principios como la transparencia, la pluralidad de ideas y la participación activa de los sectores universitarios en la elección de su rector. En contraparte, la Junta de Gobierno ha defendido su decisión señalando que se dio tras un proceso de evaluación institucional que arrojó resultados favorables a su gestión. Argumenta que se actuó dentro del marco jurídico y en aras de mantener la estabilidad institucional. No obstante, la decisión ha sido fuertemente criticada por exrectores, organizaciones académicas y diversos sectores de la comunidad universitaria. Exautoridades como Víctor Arredondo y Raúl Arias Lovillo han solicitado revertir la prórroga y convocar a un proceso abierto y plural. En redes sociales, la etiqueta #UVsinPrórroga ha sido utilizada para expresar el rechazo al procedimiento y se han convocado foros y pronunciamientos públicos en defensa de una universidad más democrática. Así las cosas.
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