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XALAPA.- Luego de que una trabajadora denunció haber sido presionada y agredida para firmar una renuncia voluntaria, la gobernadora Rocío Nahle García informó que permanece abierta una investigación interna por el caso de la Dirección General de Catastro y Valuación de Veracruz. La mandataria estatal aclaró que ninguna de las dos trabajadoras involucradas ha sido despedida y señaló que el caso es revisado bajo los lineamientos de ética, conducta y relaciones laborales dentro de la administración estatal. “No se ha despedido y sí está una investigación abierta”, aseguró Nahle al ser cuestionada sobre la denuncia presentada por Litzy Rubí Ronzón Montiel, jefa del Departamento de Estadística Catastral. De acuerdo con la Gobernadora, a ambas servidoras públicas se les pidió respetar el código de conducta y las normas internas que regulan el trato laboral “Se les pidió a las dos trabajadoras que deben de respetar el código de conducta, de ética y sobre todo de las relaciones laborales”, expresó. El caso se originó después de que Ronzón Montiel denunció públicamente a Rachel Guadalupe Hernández Domínguez, directora general de Catastro y Valuación, a quien señaló de presuntamente presionarla, retenerla y agredirla físicamente para obligarla a firmar una renuncia voluntaria. La denuncia tomó relevancia tras la difusión de un video en redes sociales en el que presuntamente se observa a la directora bloquear la salida de la trabajadora mientras le insiste en firmar el documento. “No va a haber liquidación… fírmalo, por favor, esto es por las buenas”, se escucha en la grabación. Ronzón Montiel afirmó que los hechos ocurrieron el pasado 4 de mayo, después de una reunión institucional en oficinas de la dependencia estatal. Según su versión, Hernández Domínguez le entregó un documento de renuncia voluntaria con efectos al 15 de mayo y le pidió firmarlo. La trabajadora aseguró que, al negarse, fue sujetada del brazo y que la salida de la sala de juntas fue obstruida. También señaló que no recibió una explicación formal sobre las causas de su separación laboral, por lo que consideró el hecho como un intento de despido injustificado. Tras hacer pública la denuncia, la funcionaria pidió la intervención de la gobernadora Rocío Nahle García, del secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, de la Fiscalía General del Estado y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El secretario de Gobierno respondió que el caso sería atendido con respeto a la libertad de expresión, los derechos humanos y los derechos laborales de las trabajadoras involucradas. Ronzón Montiel también señaló que intentó presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, aunque afirmó que no fue atendida. Además, solicitó medidas de protección al considerar que su seguridad estaba en riesgo. Al respecto, Nahle García sostuvo que el asunto no está cerrado y que la revisión continúa en las áreas correspondientes, bajo el componente de ética y conducta laboral. Ahí llevan el tema de ética y conducta”, concluyó la Gobernadora.
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