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| Rosa Icela Rodríguez y Evelyn Salgado se reúnen con desplazados de Chilapa. | ||||||
| Propusieron la instalación de una mesa de diálogo entre los comisarios ejidales y la administración estatal, que permita firmar un acuerdo para construir condiciones duraderas de paz y convivencia en la región de la Montaña Baja de Guerrero. | ||||||
| Jueves 14 de Mayo de 2026 | ||||||
| Por: La Jornada | ||||||
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Propusieron la instalación de una mesa de diálogo entre los comisarios ejidales y la administración estatal, que permita firmar un acuerdo para construir condiciones duraderas de paz y convivencia en la región de la Montaña Baja de Guerrero. “La violencia nunca será el camino. El camino es el diálogo, la construcción de acuerdos y la presencia responsable del Estado para acompañar a las comunidades y garantizar condiciones de paz, seguridad y dignidad para todas y todos”, puntualizó la funcionaria federal. Luego de que por la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que las autoridades federales y guerrerenses tomaron el control de la zona, Rodríguez Velázquez confirmó que lograron el retiro de bloqueos, dialogaron con los lugareños y se brindaron servicios médicos, de alimentación y seguridad. Junto con los integrantes de la Mesa de Paz estatal, recorrieron ambos poblados. Anunció “la regularización de programas del Bienestar y la construcción de un Banco del Bienestar para que los apoyos lleguen de forma directa a la población”. En un comunicado, la Secretaría de Gobernación explicó que en Alcozacán y Coatzingo, donde se encuentran alojadas las familias que tuvieron que abandonar sus hogares por los ataques a balazos y con explosivos lanzados con drones, conversaron con las personas afectadas y escucharon sus demandas; en respuesta, les ofrecieron condiciones de seguridad. También se estableció un corredor seguro que les permita acceder a víveres, atención médica, alimentación e insumos de primera necesidad. Las autoridades se comprometieron a restablecer las Bases de operaciones interinstitucionales de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional (GN) y Policía Estatal, así como el arribo de brigadas para el acceso a programas sociales de Bienestar. “Desde el gobierno federal creemos firmemente que la resolución de los conflictos entre personas, comunidades y autoridades debe construirse siempre mediante la concertación, el entendimiento y la búsqueda de acuerdos. Esos deben ser los principios rectores para la atención a la ciudadanía y la construcción de paz”, expuso la dependencia federal. Por su parte, la gobernadora Evelyn Salgado, quien acudió a la zona una semana después de que empezó la embestida de Los Ardillos, sostuvo: “No vamos a dejar solas a las familias; seguimos trabajando de manera coordinada para preservar la seguridad, atender a la población y fortalecer la paz en la región”, y aseveró que hay una atención permanente a la situación en la región de la Montaña Baja. Prometió que se levantará un censo preliminar de viviendas, que serán atendidas, así como la gestión de caminos artesanales para este y el próximo año, priorizando las necesidades de los pueblos indígenas. En dichas acciones participan la Defensa y Marina, así como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la GN, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía guerrerense, además de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Sin respuesta, la demanda de arrestar a capos criminales Jesús Plácido Galindo, dirigente del Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), se quejó de que la comitiva de los gobiernos federal y estatal no dio respuesta a su demanda central: la integración de carpetas de investigación para capturar a los cabecillas de Los Ardillos, “que en los últimos años ha dejado asesinatos y desapariciones en las comunidades de la Montaña Baja”. Afirmó que la mayoría de los más de mil 500 desplazados no han retornado a sus pueblos, por temor a que los ataquen con drones cargados de explosivos. “Nos dijeron que van a permanecer aquí en Alcozacán, esperamos que no se vayan, como siempre ha sucedido y realmente protejan a nuestras comunidades”. Los Ardillos –cuyo cabecilla es Celso Ortega– han atacado desde el 6 de mayo los poblados de las comunidades nahuas de Xicotlán, Tula y Acahuehuetlán, en el municipio de Chilapa, por lo que cientos de pobladores tuvieron que dejar sus casas y la mayoría se refugió en el poblado de Alcozacán. (Con información de la Redacción) |
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