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Siete años después de los hechos, rectifica FGE y acepta recomendación de CEDH relacionada con ataque a bar Caballo Blanco donde fallecieron 34 personas.
La titular del organismo autónomo, Minerva Regina Pérez López, confirmó que la autoridad ministerial dio marcha atrás al rechazo inicial, lo que abre la ruta para el cumplimiento de medidas de reparación integral del daño en favor de las víctimas indirectas de la masacre ocurrida el 27 de agosto de 2019.
Miércoles 15 de Abril de 2026
Por: REDACCION GOBERNANTES
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XALAPA.- Ya sin Verónica Hernández Giadáns al frente de la Fiscalía General del Estado, y sin Cuitláhuac García en la gubernatura, siete años después del ataque al bar Caballo Blanco, en Coatzacoalcos, el organismo de procuración de justicia rectificó su postura y aceptó la Recomendación 030/2025 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, CEDH, con la que se acreditan violaciones a la dignidad y a los derechos de víctimas y familiares del caso. La titular del organismo autónomo, Minerva Regina Pérez López, confirmó que la autoridad ministerial dio marcha atrás al rechazo inicial, lo que abre la ruta para el cumplimiento de medidas de reparación integral del daño en favor de las víctimas indirectas de la masacre ocurrida el 27 de agosto de 2019. La Recomendación 030/2025 documentó un conjunto de violaciones graves en la atención institucional del caso. Entre ellas, la CEDH señaló trato indigno hacia víctimas y familiares, negligencia en la preservación de evidencias, deficiencias en los procesos de identificación y entrega de cuerpos, así como falta de acompañamiento institucional a los deudos. “La del caso del bar en Coatzacoalcos, de Caballo Blanco había sido rechazada y ya fue aceptada”, aseguró la titular de la CEDH. Con esta decisión, la Fiscalía no solo reconoce la recomendación emitida por el organismo autónomo, sino que también asume la obligación de atender los puntos establecidos en el documento, entre ellos una disculpa pública, el inicio de procedimientos administrativos para deslindar responsabilidades y el reconocimiento formal de la calidad de víctimas. “En el momento de aceptar la recomendación, la autoridad en este caso, la Fiscalía se compromete a dar cumplimiento a los puntos que se establecieron en la recomendación”, aseguró la ombudsperson. Pérez López indicó que, una vez aceptada la recomendación, la Fiscalía dispone de 15 días hábiles para remitir un informe en el que detalle qué acciones realizará y en qué plazos prevé cumplir cada una de las medidas ordenadas. “En un lapso de 15 días hábiles nos tienen que mandar un oficio con las acciones que van a realizar y los tiempos estimados para dar cumplimiento a cada uno de los puntos recomendatorios”, señaló. La aceptación ocurre después de que familiares de las víctimas impugnaron la negativa inicial de la Fiscalía, al considerar que el rechazo desconocía las irregularidades documentadas en la investigación y prolongaba la revictimización de quienes han exigido justicia desde hace casi siete años. Para la presidenta del organismo, la rectificación de la Fiscalía representa una señal de apertura institucional en un contexto marcado por cambios en la titularidad de esa dependencia, lo que, dijo, ha derivado en una mayor disposición para aceptar las resoluciones de la Comisión. “Es importante reconocer cuando hay voluntad de las autoridades y a raíz del cambio que hubo (de titular) en la Fiscalía se ha tenido un nivel de aceptación alto de nuestras recomendaciones”, sostuvo. La funcionaria afirmó que la aceptación de la recomendación tiene un efecto inmediato en el reconocimiento de las víctimas, al validar que existieron violaciones a sus derechos durante la actuación de las autoridades encargadas de investigar y atender las consecuencias del ataque. “Implica para las víctimas un gran apoyo, y se sienten sobre todo reconocidas en su calidad por parte de la autoridad y les abre un camino a la reparación integral”, aseguró. El caso Caballo Blanco se mantiene como uno de los episodios de mayor impacto en la historia reciente de Veracruz. La noche del 27 de agosto de 2019, un grupo armado incendió el bar ubicado en Coatzacoalcos, con saldo de al menos 34 personas fallecidas. Desde entonces, familiares de las víctimas han demandado justicia, sanción para los responsables y garantías de no repetición.

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