Acusa CNDH que FGE violó derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica, al acceso a la justicia, a la verdad y al derecho de búsqueda MEMORANDUM 1.- Ante la negativa de la Fiscalía General del Estado (FGE) de aceptar la Recomendación 126/2025, por deficiencias en la investigación para determinar el paradero de dos personas originarias de Coatzintla, tras ser presuntamente desaparecidas por elementos de la Fuerza Civil, en el gobierno de Javier Duarte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que la Fiscalía estatal incurrió en irregularidades que constituyeron violaciones a los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica, al acceso a la justicia, a la verdad y al derecho de búsqueda. La CNDH refirió que ante una investigación deficiente, deberá cumplir la Recomendación emitida y, si persiste la negativa, se solicitará su comparecencia ante el Congreso local. La Recomendación 126/2025, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), establece la obligación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz (FGE) de aceptar una resolución similar, emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Veracruz (CEDH), ante deficiencias para determinar el paradero de dos personas reportadas como desaparecidas. En marzo de 2019, dos personas acudieron a la Comisión de Derechos Humanos de Veracruz para presentar una queja en contra de la FGE por irregularidades en la investigación de dichas desapariciones, por lo que, tras analizar el expediente de queja emitió la Recomendación 062/2024 a esa dependencia, al acreditar violaciones a los derechos fundamentales de ellas y de otras personas más, a quienes asignó la calidad de víctimas indirectas. A pesar de ello, la Fiscalía de Veracruz se negó a aceptar dicho instrumento recomendatorio, por lo que dos víctimas presentaron un Recurso de Impugnación que, por razones de competencia, fue recibido y analizado por esta CNDH, acreditando violaciones a los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica en agravio de cuatro personas; al acceso a la justicia y a la verdad, en perjuicio de 14 personas más; así como al derecho de búsqueda, en perjuicio de dos de ellas. En ese tenor, la CNDH determinó que el Ministerio Público de Veracruz no inició, de forma inmediata ni exhaustiva, las acciones de búsqueda de las dos víctimas desaparecidas, toda vez que la denuncia presentada por su ausencia se realizó el 13 de mayo de 2013, lo que motivó que solo cuatro oficios fueran girados de inmediato y las ocho solicitudes de información restantes se gestionaron hasta septiembre y octubre de 2014. De la investigación realizada por la CEDH se advirtió que en la carpeta de investigación se mencionó la recepción de una llamada de alguien que dijo ser compañero de trabajo de una de las víctimas, en la que refirió datos de su desaparición, a pesar de lo cual el Ministerio Público no investigó la información proporcionada, lo que dio como resultado diligencias ineficaces y poco efectivas para la indagatoria, dificultando que se cumpliera el objetivo de dar con el paradero de dichas personas. Aunado a lo anterior, incumplió el Protocolo Homologado, el cual es uno de los instrumentos con las mejores prácticas para la investigación ministerial, pericial y policial, mismo que se deberá de implementar dentro de las 72 horas después de que se interponga la denuncia por la desaparición de una persona. Por lo anterior, la persona Titular de la Fiscalía General de Justicia de Veracruz deberá emitir una circular mediante la cual instruya a aceptar en 15 días hábiles la Recomendación en 062/2024 de la CEDH y cumplirla en todos sus términos, a fin de garantizar a las personas víctimas su derecho a la reparación integral del daño. En caso de persistir la negativa, se solicitará que funde, motive y haga pública su negativa, además de que se pedirá a la Legislatura de esa entidad federativa su comparecencia. Así las cosas.
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Revela informe del Cerfi que Cuitláhuac recibió 1.5 mdp para permitir operar campo de entrenamiento a grupos criminales en Las Choapas MEMORANDUM 2.- De acuerdo con un documento del Centro de Fusión de Inteligencia (Cerfi) difundido tras el hackeo de Guacamaya Leaks, en 2021, un campo de entrenamiento a grupos criminales habría operado en Las Choapas, en el sur del estado, con el permiso del entonces gobernador Cuitláhuac García Jiménez. De acuerdo con el medio de comunicación 24 HORAS, el documento, de 200 cuartillas, exhibió que el dueño, Luis Aarón Morales Gómez, alias ‘Capitán’, pagó 1.5 millones de pesos al ahora exmandatario por los permisos de operación del campo que entrenaba a las células delictivas con recursos de Israel y de otros países. Según esta versión, el Ejército mexicano intervino el teléfono del dueño de la empresa Get Off The X, Luis Aarón Morales Gómez, alias ‘Capitán’, por ser señalado como miembro de una célula dedicada a adiestrar a grupos criminales y comercializar armas. En ese tenor, la periodista Anabel Hernández señaló que Morales Gómez fue identificado por las áreas de inteligencia desde 2021. En una llamada realizada en septiembre de ese año, el ‘Capitán’ afirmó tener contacto con el entonces gobernador Cuitláhuac García, a quien aseguró haber pagado 1.5 millones de pesos para obtener los permisos del campo de entrenamiento. El campo operó en Las Choapas, en el sur de la entidad, con la fachada de escuela de tiro deportivo y defensa personal, pero se encargaba del entrenamiento de grupos delictivos, como Los Zetas. La Secretaría de Defensa (Sedena) estableció que Morales fue apoyado por exmiembros de fuerzas especiales. Además de contar con civiles expertos en combate, mercenarios rusos e incluso operó con recursos de Israel. “‘Capitán’ refirió a Junior que recibió recursos en Israel, asimismo puntualizó que le entregó 1 millón 500 mil pesos al gobernador de Veracruz (Lic. Cuitláhuac García)”, refirió la transcripción de la llamada. De igual forma, “‘Capitán’ comentó a ‘Junior’ que él conoce a varios integrantes de la delincuencia organizada y que les ha impartido adiestramiento. También argumentó que tiene una deuda de 8 millones de pesos con integrantes de ‘Los Zetas’ “la cual se encuentra pagando”. Días después, otra llamada con ‘Suegro’ exhibió que “el notario le entregó la documentación que enviará al entonces gobernador (posiblemente al ahora exgobernador del estado de Veracruz), con el fin de obtener los permisos para la realización de su proyecto del campo de tiro”. Así las cosas.
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Revelan identidad del interno fallecido este lunes en el penal de La Toma, José Roberto Ramírez Rodríguez, de 49 años de edad, quien cumplía condena de 30 años por secuestro; Internos denuncian que se habría suicidado por malos tratos del jefe de custodios MEMORANDUM 3.- El interno que fue localizado sin vida este lunes dentro de su celda del Centro de Readaptación Social (CERESO) de La Toma, en Amatlán de Los Reyes, fue identificado como José Roberto Ramírez Rodríguez, de 49 años de edad. Se informó que la Persona Privada de la Libertad (PPL) cumplía una condena de 30 años de prisión en el Penal de Mediana Seguridad, por el delito de secuestro agravado. También se confirmó que su ingreso al CERESO, ocurrido en diciembre del 2020, fue en cumplimiento de la condena dictada por la autoridad judicial competente. Hasta el momento, la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Gobierno del Estado no ha emitido ninguna información oficial sobre las causas del fallecimiento del recluso, ni las condiciones en las que ocurrieron los hechos que cobraron la vida del sentenciado. La Comisaría de Detectives de la Policía Ministerial y la Fiscalía Regional Zona Centro-Córdoba informaron que mantienen abierta una carpeta de investigación con el objeto de intentar esclarecer el hecho y fincar responsabilidades administrativas o penales. De acuerdo con la información proporcionada, la tarde de este lunes las autoridades penitenciarias alertaron a las autoridades sobre el hallazgo de un interno sin vida al interior del Penal. Al sitio acudieron elementos de la Fiscalía con Peritos Forenses y policías ministeriales, quienes tomaron conocimiento, realizaron las diligencias correspondientes, integraron una carpeta de investigación y efectuaron el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado a las instalaciones del SEMEFO Regional del Ejido San Miguelito, de Córdoba, para los trámites correspondientes. Se informó que el médico legista de la Unidad Integral de Procuración de Justicia con sede en Córdoba, será quién determine las causas de muerte a través de la necrocirugía de rigor…. A TRAVÉS de una carta dirigida al Director de Prevención y Reinserción Social, Capitán Alfredo López y a la Jefa de Reinserción Social Graciela Contreras Rivas, internos del CERESO de Amatlán de los Reyes solicitaron la colaboración y la intervención de las autoridades correspondientes, luego de reportar varias irregularidades que se viven diariamente dentro de este Penal. “Debido a que en el CERESO de Amatlán se están llevando a cabo actos y acciones vi0l@tori@s a los derechos humanos de las personas priv@d@s de su libertad al interior del centro de reinserción social por parte del comandante de custodios D3 de nombre RAFAEL OLIVA”. Señalaron que desde su llegada “se empezaron a realizar una serie de cobros y cuotas por su parte y aparte de cobrar cuotas les pega a los PPL, ellos por miedo a represalias no hacen nada al respecto para que no los meta al área de castigo MTI así como al PPL José Roberto Ramírez Rodríguez lo metió a la estancia 19 de esa área totalmente restringida 20 días golpeado, totalmente desnudo sin derecho a nada ya que se negó a pagar, fue tanto el maltrato físico, psicológico y moral que ya no pudo más y se quitó la vida ahorcándose, el día de hoy lunes 20 de octubre del 2025”. Denunciaron que “para comprobar que esto no es mentira aquí hay foto de una carta que con su puño y letra días anteriores hizo llegar a un familiar pero también tenía conocimiento su hermana de todas las golpizas y humillaciones”.
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