El 16 de noviembre de 2006 por indicaciones directas del Sr. Gobernador Fidel Herrera Beltrán quedó debidamente instalada la oficina de Defensa Pública en nuestra Entidad.
Esta importante dependencia se instaló gracias al apoyo que brindó para tal fin la Unión Europea en uno de los varios programas que se han realizado conjuntamente con el Gobierno del Estado.
La idea surgió con la realización del Foro Defensoría Pública Bilingüe realizado en Boca del Río Veracruz durante los días comprendidos del 4 al 8 de abril de 2006, dentro del programa Fortalecimiento y Modernización de la Administración de Justicia en México auspiciado por la entonces Procuraduría General del República y la Unión Europea.
El objetivo principal que dio origen a éste proyecto fue el de fortalecer a las defensorías estatales, y sobre todo otorgarle mayor atención a la defensa del indígena, en un estado como el nuestro con gran presencia étnica.
Dada la importancia que revestía esta actividad, a la inauguración asistió el Presidente de la República Vicente Fox Quesada; durante su intervención el Gobernador Herrera Beltrán, destacó la importancia que reviste contar con una defensa pública sobre todo para propiciar el acceso a la justicia de la población indígena, siendo en este acto que se comprometió a crear el Instituto Veracruzano de Defensoría Pública ofrecimiento que se cumplió en la fecha señalada líneas arriba.
Desde el año de 1847 en que el diputado Ponciano Arriaga, propuso al Congreso de San Luis Potosí el establecimiento de las procuradurías de los pobres, en virtud de que existe en nuestra sociedad una clase desvalida, menesterosa, pobre y abandonada a sí misma, siendo la más numerosa, recayendo sobre ella no solamente el peso y rigor de las leyes sino, también la arbitrariedad e injusticia de muchas autoridades, desde ese momento se estaba señalando la urgente necesidad de contar con dependencias oficiales
que proporcionaran defensa y asesoramiento legal a los más desprotegidos de forma gratuita; creándose así la defensa pública.
Por lo tanto normalmente, la defensoría pública es considerada como uno de los instrumentos jurídicos que el Estado pone a disposición de los particulares que se encuentran privados de su libertad, para que puedan hacer valer sus defensas procesales. la visión que sobre la defensoría se tiene es normalmente marginal, tanto por la forma en que se encuentra concebida e insertada en la estructura del estado, como por el tipo de sujetos a quienes atiende: pobres y delincuentes; posiblemente por ello es que tradicionalmente se le han destinado pocos e insuficientes recursos públicos para un desempeño de excelencia, su ámbito de actuación continúa limitado preferentemente a la materia penal, existiendo hasta la fecha una discusión recurrente acerca del Poder a que debe adscribirse, pues mientras para unos lo ideal es al poder judicial, otra corriente opina que debe depender del ejecutivo, considero que lo importante es su desempeño y los beneficios que debe de otorgarle a los demandantes de justicia.
Para el jurista italiano Luigi Ferrajoli, la incorporación del instituto de la defensoría pública representa uno de los grandes méritos de la experiencia jurídica latinoamericana; se trata, en realidad, de una institución de garantía para asegurar efectividad, o por lo menos a reducir la inefectividad del modelo garantista en el proceso penal, y en particular de ese derecho fundamental de la persona que es el derecho a la defensa consagrado en la Constitución.
Los fundamentos de la defensa pública se pueden resumir fundamentalmente en tres, todos ellos de relevancia constitucional.
El primero es el carácter de derecho fundamental y por lo tanto universal del derecho a la defensa, requiriéndose por lo tanto que debe estar asegurado y pagado por el estado a fin de que el imputado no decida elegir un defensor particular de su confianza.
El segundo es el interés público: que no es solo el interés de que se condenen los culpables, sino a la vez el interés de la tutela de los inocentes.
El tercero es de carácter procesal.
En contra de la defensoría pública se han esgrimido argumentos como el que significa un costo muy elevado para el Estado; no hay que perder de vista que todos los derechos fundamentales tienen un costo para el Estado, y es precisamente sobre su tutela que reside las razón de ser de la esfera pública en la democracia constitucional. pero se puede decir que esto vale aún más si nos referimos a los costos que se necesitan para garantizar el ejercicio de ese especial derecho de todos, que es el derecho a la defensa; y en efecto es justamente el Estado el que a través de la Fiscalía, lleva a un ciudadano a juicio. Por lo tanto puede considerarse doblemente inequitativo que el ciudadano acusado, presunto inocente, deba no sólo padecer el proceso con sus evidente daños materiales y ofensa a su reputación, sino también, y a pesar de su derecho fundamental a la defensa, sostener los gastos del juicio que puede terminar con una absolución.
Si se reconoce que la defensa de confianza es en los hechos un lujo reservado a quienes pueden pagar costosos honorarios a un Abogado particular, si consideramos que la vieja defensoría de oficio no es idónea para garantizar efectividad al derecho de defensa, debemos aceptar como un verdadero acierto del Estado la implementación de la Defensoría Pública.
En nuestra Entidad Federativa en los 15 años de vigencia los avances en esta materia han sido realmente mínimos, tal vez lo más trascendente ha sido el que se le haya dotado de edificio propio, en tanto que en lo operativo sigue existiendo la necesidad de contratar a un mayor número de Defensores Públicos, sobre todo si tomamos en cuenta que somos más de ocho millones de veracruzanos que reclamamos Justicia pronta, expedita y gratuita.
El actual Director Lic. Gullebaldo Maciel Mercado, es un funcionario con amplia experiencia administrativa y judicial, y realmente hace verdaderos esfuerzos con los pocos recursos tanto humanos como materiales y económicos con los que cuenta para atender la creciente demanda del servicio, ojalá y las autoridades superiores valoren su empeño y dedicación y dispongan mayores recursos para este servicio tan necesario para nuestra sociedad.
Xalapa, Ver. Marzo 1° de 2021
°Vice Presidente Sur de Colegiados del Derecho en Defensa de la República A.C. “Todo el esfuerzo por México “ Sugerencias: 1942mapes@gmail.com mario.ulises.p@hotmail.com |
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