°Por Mario Ulises Pereyra Esquivel
Dentro de las pocas cosas positivas que le hemos escuchado a la ex Ministra y actual Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ocurrió el pasado fin de semana en la conferencia mañanera al afirmar que “ fortalecer el Sistema de Justicia Penal en el País, es combatir la impunidad y reducir el riesgo de ser víctima de diversos delitos, para tal fin, primero se debe de restructurar la Justicia en México volviéndola eficiente, asequible y confiable”.
“Si hay impunidad hay corrupción y hay corrupción porque hay impunidad, y lo que tenemos que hacer para combatirla es fortalecer los sistemas de justicia penal”. Mencionó que de acuerdo a las cifras del Inegi, del 100 % de los delitos que se cometen, el 93 % no se denuncia o quedan impunes”, reconoció que aún hay mucho en que trabajar para avanzar a un País “ en donde no sea la Justicia una herramienta de los poderosos para tener venganzas políticas o económicas, por lo que pidió que en inicio sean los Estados los que fortalezcan sus propia Defensorías Públicas.
Cuánta razón le asiste a la Jurista, desafortunadamente estamos viendo en nuestro País un manipuleo de la Justicia, misma que se aplica únicamente a los supuestos enemigos del régimen, por ello toma realmente valor el que sea la propia Secretaria de Gobernación quien lo reconozca y recomiende el fortalecimiento de nuestro Sistema de Justicia Penal a través de las Defensorías Públicas Estatales, pues he ahí en donde se encuentra realmente el problema, con una población empobrecida que carece de recursos económicos suficientes para poder cubrir honorarios a un Abogado Defensor particular, dando por resultado que en los llamados Centros de Readaptación Social se encuentren purgando sanciones no delincuentes, sino ciudadanos pobres cuyas familias en muchos casos tienen que vender la parcela o sus animales de trabajo para contratar a un Abogado que represente o defienda al familiar acusado muchas veces injustamente.
Este tema lo hemos venido tratando y estudiando desde el año de 2006 en que el visionario Gobernador de nuestro Estado Maestro Fidel Herrera Beltrán
firmó el Decreto de Creación del Instituto Veracruzano de Defensoría Pública, haciéndonos la honrosa distinción de ser el Director Fundador, desde siempre hemos manejado conceptos como la importancia de la Asistencia Jurídica Gratuita Oficial, toda vez que el Derecho a la Defensa es un Derecho Humano fundamental, establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 20 y en el 2°, en cuanto a los miembros de los pueblos y comunidades indígenas, así como en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos signados por nuestro País.
La obligación del Estado es clara, así el Pacto de Derechos Civiles y Políticos señala “ al imputado compete el derecho irrenunciable a ser asistido por un Defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no, según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por el mismo ni nombrase defensor dentro del plazo establecido por la ley.
El Derecho a la Defensa constituye una condición de legitimidad y validez en el menos el 70% de los procesos penales en todas sus etapas ya que preferentemente se otorga o debe de otorgarse a las personas que se encuentran en alguna condición de vulnerabilidad, en los que se incluye: edad, sexo, preferencia sexual, pertenencia a grupos indígenas, discapacidad, pobreza, etc. . Esta garantía se ha tratado de otorgar en distintas épocas de la vida institucional a través de organismos como las Procuradurías de los pobres, Direcciones de Asistencia Legal, o Defensorías de Oficio, sin que se les haya dado la importancia necesaria, en muchas ocasiones como apéndices del ,Poder Ejecutivo o Judicial.
Para lograr la igualdad procesal de las partes, el Estado debe construir una verdadera Defensa Pública, que otorgue satisfacción a las exigencias constitucionales y a los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, para ellos debe asegurar que se cuente con profesionales capacitados y especializados en las materias de su competencia; debe asignar presupuestos suficientes a fin de que se cuente con el número de Defensores que sean necesarios para atender a todos los demandantes de Justicia y que además sean remunerados en la misma cantidad que los fiscales.
Frente al Sistema de Justicia Penal que ya está operando, debe de establecerse un programa de cambios profundos en la Defensa Pública, como primer punto
es indispensable la reorganización de la Defensoría que se adapte a las nuevas necesidades y demandas, fincando modernos mecanismos de gestión, contando con nuevas herramientas y apoyos para ponerla al mismo nivel del Ministerio Público; la Autonomía técnica es indispensable para lograr la consolidación del servicio, preservar el intangible al interés del defendido protegiendo el trabajo del Defensor.
Considero que la intervención de la Secretaria de Gobernación en un tema como este es de vital importancia ojalá y no haya sido únicamente una mención en la mañanera, que tome la iniciativa y convoque a Foros Académicos a las Asociaciones de Abogados, de todo el País a manifestar sus opiniones para mejorar nuestro sistema de Justicia Penal y en su momento realizar los cambios profundos necesarios y se plasmen en la Constitución y Leyes respectivas.
Quiero aprovechar éste espacio que tan generosamente me brindan para expresar mis sentidas a condolencias a familiares y amistades de mis recientemente fallecidos amigos: Lic. Antonio Gallegos Bonilla quien fuera ejemplar Notario Público en la demarcación de Jalacingo, Veracruz. Lic. En Economía Ernesto Gerardo Fernández Panes, con quien compartimos muchas e interesantes pláticas, Lic. Eudocio Colorado Valdez, magnifico catedrático durante muchos años en la Escuela Secundaria” Antonio María de Rivera”, paisano y contemporáneo en la Escuela Secundaria y de Bachilleres” Miguel Alemán” de Coatzacoalcos y finalmente recordar con cariño y especial estimación a la magnífica periodista de “diario del Istmo “ durante muchos años, Azucena Rosado Sosa, quien hoy perdió la batalla ante el terrible mal que representa el coronavirus, entre sus múltiples menciones que sobre mi persona hizo en su extraordinaria vida de reportera recuerdo cuando me entrevistó en una visita oficial que hice al sur del Estado el 4 de mayo de 1996 y tituló su columna “El Sub procurador de Asuntos Indígenas Lic. Mario Ulises Pereyra Esquivel, desmiente que existan, grupos subversivos en el sur del Estado de Veracruz”.
Descansen en Paz todos ellos y para sus familiares resignación ante lo inevitable deseando que en sus corazones encuentren tranquilidad.
° Vicepresidente de Colegiados del Derecho en Defensa de la República A.C. “Todo el Esfuerzo por México”
Sugerencias:1942mapes@gmail.com/ mario.ulises.p@hotmail.com |
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