Como veracruzano resulta lamentable la situación que prevalece en la entidad; percibir cómo el enorme capital político y de respaldo social que representó la elección de julio de 2018, se erosiona a la vuelta de 15 meses de gobierno, ante una esperanza incumplida de transformación política y social.
No se trata de personalizar el análisis de la realidad de Veracruz, pero sí es necesario ponerla en contexto, preguntarse de manera honesta y sin autoengaños o complacencias, si se han cumplido las expectativas generadas por la llamada Cuarta Transformación en el estado.
Entre otros, dos son los temas de urgente resolución en la agenda pública de Veracruz.
En principio, hay que subrayar que en un estado con más de 8.5 millones de habitantes, es inaceptable política, social y éticamente, que el 61 por ciento viva en condiciones de pobreza, y de estos el 17.7 por ciento, casi un millón de conciudadanos, sobreviva en situación de pobreza extrema, es decir, que en el día a día enfrentan la carencia de lo más elemental para subsistir, el alimento, el agua potable, el acceso a la salud, a la educación, a la vivienda y al trabajo digno y remunerado.
En términos socioeconómicos, de ese tamaño es el reto de la administración estatal para revertir los índices de pobreza a través de la aplicación urgente de políticas públicas que permitan mejorar la calidad de vida de los veracruzanos en condiciones de vulnerabilidad.
El problema de la seguridad pública sigue siendo el otro gran pendiente de la agenda pública, un tema que la población y sus familias resienten de manera significativa, porque el respeto a la vida, a la integridad física y a los bienes y propiedades es un derecho humano fundamental.
No puede hablarse de un gobierno reparador de derechos humanos de los veracruzanos, económicos, sociales y culturales, en un contexto de violencia donde las más elementales garantías se ven amenazadas y confrontadas a diario.
En este sentido, se requiere emprender una transformación a fondo de la forma de enfrentar el problema, donde se involucre a todos los sectores sociales, productivos y políticos; convocar a los padres de familia, a los maestros, a las iglesias, a los colegios de profesionales, organizaciones campesinas, obreras, sindicales, a los estudiantes universitarios, a los jóvenes, a establecer junto con las instituciones públicas, un gran pacto social por la seguridad y el combate a la pobreza, que proponga y plantee compromisos básicos, elementales, de convivencia social y de conducta personal, enfocados a un mismo objetivo: rescatar a Veracruz del clima de inseguridad, para garantizar la tranquilidad del entorno social y el bienestar de las familias veracruzanas.
A nivel nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ya marcó la pauta al tender puentes de comunicación y sostener encuentros con el sector empresarial y organizaciones obreras, lo que aún no ocurre en Veracruz.
Pese a ello, no se puede apostar, desde una posición de mezquindad política o de grupo, al fracaso de una administración a costa de poner en riesgo la viabilidad de las instituciones del Estado, y sobre todo, a su componente esencial, que es la población.
Sin embargo, corresponde a quienes gobiernan asumir el liderazgo necesario, no desde una posición aislada o exclusivista, sino capaz de tender puentes de comunicación con todos los sectores políticos y sociales para articularlos en una estrategia de unidad política del Estado frente a un problema que atañe a todos.
Los veracruzanos dieron un voto de confianza en los comicios de hace dos años, al pronunciarse por un cambio de manera pacífica e institucional.
Hoy toca a las autoridades constituidas, en un acto de generosidad y madurez política, corresponder con una auténtica visión de Estado, y anteponer el bienestar de Veracruz a los intereses de grupo o de partido.
Así las cosas. |
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