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XALAPA.- De mal en peor: La productividad de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha descendido alrededor del 20 por ciento, según estimaciones de especialistas en derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de la Universidad de Baja California y de la Universidad de San Diego, en Estados Unidos. José Antonio Caballero, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la universidad nacional, destaca que de enero a abril de 2026 se listaron mil 383 asuntos, de los cuales se resolvieron 945, pues el pleno “ha sido incapaz de suplir el ritmo de las antiguas salas”, por lo que existe un rezago creciente. Al respecto, la iniciativa presidencial, recién aprobada en el Congreso de la Unión, también señaló que la falta de salas ha propiciado retrasos, por lo que se propuso retomarlas con la creación de “secciones” para agilizar la resolución de asuntos, medida que anticipa el retorno parcial al esquema de salas, extintas apenas el primero de septiembre del año pasado. Por tanto, la SCJN se perfila hacia una reconfiguración en su operación interna para abatir el rezago en asuntos no abordados. No obstante, a lo que se aprobó en la Cámara de Diputados, durante el conversatorio “Balance y Proyección de la Reforma del Poder Judicial en México”, los ponentes coincidieron que además del rezago en la resolución de asuntos, se ha generado una opacidad institucional porque ya no se publican estadísticas oficiales desde septiembre de 2025 y hay una política de "anonimización" excesiva en las sentencias que impide el escrutinio público. El investigador de la universidad nacional afirmo que esta reforma, lejos de solucionar los problemas históricos de acceso a la justicia, ha creado nuevos desafíos estructurales, como la invisibilidad de la corrupción, la cual podría aumentar, debido al descontrol institucional y a la dificultad de identificar irregularidades en expedientes técnicos complejos “sin liderazgos claros”. Consideró también que persiste falta de certeza jurídica y “la percepción de un poder judicial capturado ideológicamente representan un riesgo para la inversión y las negociaciones internacionales” (como la revisión del T-MEC). En este conversatorio, los ponentes como David Shirk de la Universidad de San Diego y Enrique Concepción Montiel de la Universidad de Baja California vislumbraron que el diseño actual es insostenible, lo que ha dado lugar a la denominada "reforma de la reforma", la cual busca corregir problemas logísticos y de evaluación técnica sin abandonar el control político. A decir de Sergio López Ayllón, el papel de los secretarios de estudio y cuenta son los que han mantenido la estabilidad de los tribunales, pues se trata de personal de carrera, quienes sostienen el apego a precedentes mientras los nuevos jueces adquieren experiencia o se adaptan al sistema. "Desmontar instituciones es mucho más rápido que construirlas. Se requerirán al menos 10 años para normalizar la situación tras este daño estructural”, advierte Caballero.
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