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Xalapa, Ver.-
El caso de la joven española Noelia Castillo y la reciente legalización de la eutanasia en Uruguay ponen de nuevo sobre la mesa este tema en México donde está pendiente la discusión de la iniciativa llamada Ley Trasciende, impulsada por la activista Samara Martínez. De acuerdo con especialistas, lo fundamental en la eutanasia es que sea personal autorizado, un médico, quien aplique el procedimiento de manera indolora a petición expresa de la persona cuando su cuerpo ya no responda al tratamiento o cuando la enfermedad está tan avanzada que ya no tiene posibilidad de salir adelante. En el mundo son pocas las naciones, no más de 10, donde su práctica es legal. En 1984, los Países Bajos la despenalizaron, pero fue hasta 2022 cuando se legalizó. En América Latina está vigente en tres países: Colombia (2015), Ecuador (2024) y Uruguay hace prácticamente unos días. El propósito es reformar el Código Penal Federal para que quien lleve a cabo o permita el proceso de eutanasia no sea llevado a prisión. Busca cambiar el artículo 166 Bis 21 de la Ley General de Salud, que hasta ahora prohíbe y califica la eutanasia como homicidio por piedad. Propone que el Estado permita esta práctica para personas mayores de 18 años en pleno uso de sus facultades mentales que padezcan alguna enfermedad crónico-degenerativa en etapa avanzada o terminal, o padecimientos incapacitantes o amenazantes para la salud. Plantea respetar la objeción de conciencia de los profesionales de la salud. Suiza es hasta ahora el único país donde una persona extranjera podría recibir la eutanasia, en caso de optar por ella; sin embargo la opción no es fácilmente accesible, debido a su costo, que oscila en los 800 mil pesos. La Ley Trasciende, impulsada por Samara Martínez (joven de 30 años que entre su diagnóstico incluye lupus eritematoso sistémico), junto con otras 122 iniciativas no han podido ser dictaminadas en la Comisión de Salud del Senado debido a que la autoridad en la materia, en este caso la secretaría encabezada por David Kershenobich, no ha emitido la opinión técnica que se requiere. Al igual que ocurrió en Colombia y Ecuador, donde personas con enfermedades incurables cuyos casos llegaron a la Corte y obtuvieron fallo a favor, Samara Martínez, paciente con insuficiencia renal crónica en etapa terminal, enarbola el proyecto que “no habla de muerte sino de dignidad humana”. El proyecto fue presentado en octubre del año pasado ante el Senado y apoyado por un puñado de legisladoras y legisladores del PRI, Morena, PT y MC, y sin respaldo alguno del PAN. Y desde noviembre del año pasado, el documento fue turnado a la Comisión de Salud de esa Cámara y permanece aparentemente archivado. A diferencia de la eutanasia, en México la voluntad anticipada, figura legal al menos en Michoacán, Puebla, Chiapas y Ciudad de México, es un trámite en el que las personas, en estado sano, firman su deseo o rechazo a mantener un tratamiento médico que prolongue “innecesariamente la vida” en caso de una enfermedad terminal.
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