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XALAPA.- A pesar de que por primera vez en Veracruz se implementó de manera obligatoria el principio de paridad de género en la elección de agentes y subagentes municipales, en diversas comunidades de la región de las Altas Montañas persisten resistencias que evidencian la distancia entre la normativa y su aplicación en territorio. Durante este proceso electoral, impulsado por el Congreso del Estado, se estableció que el 50 por ciento de las candidaturas debían ser encabezadas por mujeres, como parte de una estrategia para garantizar su participación en la vida pública comunitaria. Sin embargo, en la práctica, el avance ha sido desigual, especialmente en zonas indígenas donde los usos y costumbres continúan influyendo en la toma de decisiones comunitarias, tal como lo han documentado organismos como el Instituto Nacional de las Mujeres y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, en distintos diagnósticos sobre participación política femenina en ámbitos rurales. Tan es así que en comunidades como La Cuesta, en Camerino Z. Mendoza, se registraron inconformidades e incluso tensiones sociales ante la posibilidad de que una mujer asumiera el cargo. Un caso representativo se observó en el municipio de Rafael Delgado, donde pese a que se logró registrar igual número de hombres y mujeres en las boletas, ninguna candidata obtuvo el triunfo en las comunidades donde participaron. En la congregación de Tzoncolco, por ejemplo, una mujer obtuvo 121 votos frente a 265 del candidato ganador, mientras que en Omiquila la aspirante alcanzó 59 sufragios contra 139 de su contendiente masculino. “Ese es un claro ejemplo que algunas políticas se hacen desde el escritorio y para esto yo creo que tendría que haber un trabajo previo para ir cambiando el chip. Sé que es muy complicado, pero ahí se demuestra qué están haciendo los institutos municipales de las mujeres”, aseguró la activista Luz María Reyes Huerta, integrante del Colectivo Marea Verde Altas Montañas. Y es que si bien en las localidades se permitió el registro de mujeres por disposición oficial, en los hechos no hubo respaldo social suficiente para que ganaran. La activista refirió que la problemática no es aislada. A nivel estatal, el Tribunal Electoral de Veracruz ha recibido decenas de impugnaciones relacionadas con estas elecciones, algunas vinculadas a posibles casos de violencia política de género. Para la también abogada, la paridad no puede imponerse únicamente desde la ley, sino que requiere un proceso social más profundo. “Por decreto las cosas no funcionan; tiene que haber un trabajo constante en las comunidades para que entiendan que las mujeres también tienen derecho a participar”, aseguró. Reyes Huerta destacó que los ayuntamientos deben asumir un papel más activo, no sólo en la organización de elecciones, sino en la promoción de políticas públicas con perspectiva de género. “Se necesita capacitación, talleres y campañas que ayuden a abrir las mentes; si no hay ese trabajo, la paridad se queda sólo en el discurso”, advirtió. En municipios como Soledad Atzompa, caracterizados por altos niveles de marginación y población mayoritariamente indígena, el reto es aún mayor debido a condiciones estructurales de pobreza y aislamiento. De acuerdo con indicadores oficiales del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, este tipo de municipios presenta rezagos importantes en acceso a educación, ingresos y servicios básicos, factores que inciden también en la participación política de las mujeres. Además, en la Sierra de Zongolica persisten formas de organización comunitaria donde los roles tradicionales de género siguen marcando la dinámica social, lo que dificulta la incorporación plena de las mujeres en espacios de toma de decisiones. Aunque el Congreso del Estado estableció lineamientos obligatorios para garantizar la paridad, incluyendo medidas para prevenir violencia política y asegurar igualdad en las convocatorias municipales, los resultados aún enfrentan limitaciones. Organismos electorales como el Instituto Nacional Electoral han señalado que, si bien ha crecido la participación política de las mujeres en los últimos años, en el ámbito comunitario persisten brechas importantes, particularmente en zonas rurales e indígenas. Además, aunque en algunos municipios se registraron candidatas e incluso triunfos femeninos, en otros casos —como en Rafael Delgado— la inclusión se quedó en la boleta, sin traducirse en resultados electorales favorables. A pesar de los obstáculos, diversas autoridades y especialistas coinciden en que la implementación de la paridad en agencias municipales representa un paso importante hacia la igualdad sustantiva. Sin embargo, advierten que el reto no es sólo abrir espacios, sino garantizar que las mujeres que lleguen a estos cargos puedan ejercerlos plenamente y promover cambios en sus comunidades. “Se trata no sólo de que participen, sino de que quienes lleguen impulsen acciones para reducir la desigualdad; es un proceso que apenas comienza”, concluyó la integrante de Marea Verde Altas Montañas.
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