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Xalapa, Ver.- Mientras el gobierno mexicano rechaza el informe del Comité por ser tendencioso y no tomar en cuenta las observaciones, análisis y actualizaciones presentadas por el Gobierno de México, las cuales demuestran que los argumentos no coinciden ni con la definición de desaparición forzada del propio comité, ni los avances. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México considera que la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU de remitir la situación de México a la Asamblea General “plantea condiciones para fortalecer el diálogo y la cooperación a fin de consolidar una política integral de Estado”. En un comunicado, el organismo externa que el contexto de desapariciones que atraviesa el país “requiere mantener una disposición abierta al escrutinio y a la cooperación técnica, tanto de instancias nacionales como internacionales de derechos humanos que, durante décadas, han acompañado esta agenda con aportes valiosos para la búsqueda, la verdad, la justicia y la reparación”. El llamado del comité, asegura la comisión, “abre una coyuntura para establecer un diálogo constructivo y participativo, orientado a generar nuevas alternativas, rutas y posibilidades de colaboración frente a los retos que persisten para romper los círculos de colusión, impunidad y desprotección”. La Comisión local recordó que el Estado mexicano, rechazó la decisión del Comité, argumentando su desacuerdo con las perspectivas y conclusiones adoptadas, y señalando que no tomó en cuenta las acciones normativas, políticas, presupuestales y operativas implementadas en años recientes para enfrentar más integralmente esta situación. “Esta decisión se da en el marco de una crisis que representa un desafío urgente para el Estado y una exigencia permanente de las familias, protagonistas fundamentales de este proceso, quienes mantienen la demanda de condiciones efectivas para la búsqueda y el acceso a la verdad, la justicia y la reparación”. Prosiguió: “Su voz, su experiencia y su persistencia han sido decisivas para visibilizar la magnitud de esta crisis y para exigir que la respuesta institucional esté a la altura de su dimensión y profundidad”. En el escrito, recalcó que el organismo internacional en su resolución señala que, si bien no encontró evidencia de una política federal para cometer desapariciones, ya sea por acción deliberada u omisión, sí identificó indicios fundados de que éstas se han perpetrado y continúan en diferentes lugares y momentos del país, en algunos casos con participación directa de servidores públicos y, en otros, con la autorización, apoyo o aquiescencia de éstos. “El Comité reconoce los esfuerzos del Estado mexicano, pero concluye que han sido insuficientes. Por ello, somete a consideración de la Asamblea General la necesidad de brindar cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada para la búsqueda, identificación e investigación, así como un mecanismo para esclarecer la verdad y proteger a las familias y organizaciones acompañantes”, reiteró la CDHCM. Dicha Comisión indicó que la desaparición de personas es una de sus agendas centrales. Se reconoce su gravedad, como violación a los derechos humanos que genera profundas afectaciones individuales, familiares y sociales que ocasiona, así como la necesidad de que el Estado garantice los derechos de las víctimas. Destaca que se han emitido recomendaciones en materia de búsqueda de personas y acceso a la justicia por lo que mantiene expedientes de queja activos centrados en la búsqueda inmediata, la debida diligencia en la investigación, las condiciones y capacidades forenses y la atención a víctimas.
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