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XALAPA.- De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), durante el último año de gobierno de Cuitláhuac García Jiménez – el peor gobernador de la historia de Veracruz - se registraron facturas por más de 414 millones de pesos por la compra de arracheras y salmón, como parte de la dieta destinada a los centros penitenciarios del estado. Y es que, García Jiménez reportó que ofrecía "comida gourmet" a los reos de los centros penitenciarios. La ASF identificó esos productos como parte de contratos de suministro de alimentos bajo revisión en la Cuenta Pública. El órgano fiscalizador también reportó irregularidades en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), entonces encabezada por Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, y un probable daño patrimonial por 642 millones 934 mil pesos derivado de contratos de adquisiciones y servicios vinculados con la provisión de alimentos en los penales del estado. La ASF documentó que en las facturas se incluyeron productos de alto costo, como arrachera y salmón, sin que exista evidencia suficiente de su entrega. El informe señala que la dependencia no acreditó la recepción real de los insumos ni la ejecución efectiva del servicio contratado en diversos centros penitenciarios. Entre los hallazgos se reportó la ausencia de actas de entrega-recepción de alimentos, la falta de reportes de supervisión válidos y la presentación de fotografías duplicadas en los supuestos comprobantes de suministro. A Cuitláhuac García, frecuentemente visto departiendo con amigos en restaurantes de moda de la Ciudad de México y Xalapa, también se indicó que en su gobierno no se acreditó la capacidad técnica del personal que validó las dietas para personas privadas de la libertad. La auditoría concluyó que la documentación presentada carece de validez técnica, lo que impide comprobar que los productos fueron efectivamente distribuidos. Mientras tanto, según la Información Estadística Penitenciaria Mensual, los 17 penales estatales de Veracruz operan con sobrepoblación del 26%, pues la capacidad instalada es de 6,946 espacios, pero la población real asciende a 8,781 personas privadas de la libertad. El excedente es de 1,790 internos. Con esa diferencia, Veracruz se ubica en el octavo lugar nacional entre las entidades con mayor sobrecupo carcelario. El hacinamiento no se reparte de forma pareja. Hay centros que todavía operan dentro de márgenes manejables, pero otros concentran la mayor parte de la presión y empujan al sistema completo por encima de su límite. El Cereso de Jalacingo registra una sobrepoblación relativa del 113.19%, al albergar 163 internos más de los espacios disponibles. La cifra lo ubica entre los centros más saturados del estado. La situación es aún más crítica en otros penales. Pánuco opera con un sobrecupo del 126.09%; Chicontepec alcanza el 142.22%, y Tantoyuca se mantiene cerca del límite máximo, con 98.18%. En estos centros, la población prácticamente duplica la capacidad para la que fueron diseñadas sus instalaciones. A este grupo se suman otros Ceresos con niveles elevados de ocupación, aunque menores a los casos extremos. Amatlán reporta una sobrepoblación del 70.71%; Xalapa–Pacho Viejo, del 45.26%, y Papantla, del 44.52%. En conjunto, estos centros concentran buena parte del excedente de internos del sistema estatal. Así las cosas.
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