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| Tribunal frena obras del Tramo 5 del Tren Maya hasta que se realicen las revisiones ambientales obligatorias. | ||||||
| El fallo también establece que, si se detecta riesgo para cenotes, selva, fauna o acuíferos, las instituciones tienen la obligación de intervenir mientras continúa el litigio. | ||||||
| Domingo 15 de Febrero de 2026 | ||||||
| Por: animalpolitico.com | ||||||
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La resolución deriva del amparo en revisión 199/2024 promovido por la organización ambientalista Sélvame del Tren, en el que el Tribunal Colegiado no admitió el recurso de revisión de la Profepa y, en cambio, validó los argumentos de la parte quejosa al modificar la sentencia de primera instancia. Con ello, el tribunal declaró procedente la suspensión definitiva contra actos y omisiones de la Subprocuraduría de Recursos Naturales y de la Dirección General de Delitos, Comunicaciones y Quejas de la Profepa, lo que obliga a las dependencias federales a realizar verificaciones, inspecciones y medidas de protección ambiental en la zona mientras continúa el litigio. Además, cualquier denuncia pública, alerta ciudadana o señalamiento sobre posibles daños deberá ser revisado y atendido por las autoridades, pues ignorarlo implicaría incumplir la suspensión definitiva. El fallo también establece que, si se detecta riesgo para cenotes, selva, fauna o acuíferos, las instituciones tienen la obligación de intervenir mientras continúa el litigio. Un fallo en medio de denuncias por daños irreversibles El Tren Maya, megaproyecto insignia del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien lo anunció desde 2018 e inició su construcción en junio de 2020, ya presenta impactos socioambientales significativos e irreversibles que fueron documentados por la “Misión Civil de Observación sobre impactos y afectaciones del proyecto Tren Maya” en Quintana Roo y Campeche, específicamente en los tramos 5, 6 y 7. Entre los hallazgos se reporta un incremento en la violencia criminal e institucional en territorios que hasta antes de la obra registraban bajo índice delictivo. Las disputas que antes se concentraban en Cancún y Playa del Carmen se han extendido a Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Othón P. Blanco. La misión señala que la presencia militar ha elevado la percepción de inseguridad e impunidad en la Península de Yucatán. Degradación ambiental acelerada y sin mitigación El informe retoma la sentencia del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, que responsabilizó al Estado mexicano de violar los derechos fundamentales de la naturaleza y del pueblo maya. La misión documentó una deforestación de más de 11 mil hectáreas, fragmentación de ecosistemas, perforación y destrucción de cenotes y cavernas, alteración de humedales, contaminación del acuífero y pérdida de hábitat para fauna emblemática. Las organizaciones denunciaron una “extendida, irreversible y acelerada degradación ambiental” y señalaron la actuación “irresponsable” de la Sedena, así como omisiones de Profepa y Semarnat. Hasta la fecha, advirtieron, no se ha implementado ninguna acción de mitigación. En los humedales del estero de Chaac, en Othón P. Blanco, expertos y pobladores describieron cómo las obras del tren alteraron los flujos hidrológicos, provocando daños a manglares e inundaciones severas en 2023 y 2024 que afectaron Bacalar, Chetumal y comunidades aledañas. Afectaciones sociales y presión sobre los recursos El documento también señaló la militarización del territorio, el cercamiento de espacios públicos y la afectación a actividades comunitarias a lo largo de los tramos 5 y 6. En el tramo 7 se documentaron intrusiones de personal militar en predios y parcelas, ruptura de cercas y abandono de desechos que dejaron inservibles tierras ejidales. Los habitantes de Calakmul denunciaron que la extracción de grandes cantidades de agua por parte del personal militar llegó a secar aljibes y jagüeyes sin consulta previa. Boom inmobiliario y urbanización irregular El informe advierte de un boom inmobiliario descontrolado desde el anuncio del proyecto, con especulación territorial que ha elevado los precios de la tierra hasta en un 400% desde 2019. Entre finales de 2023 y octubre de 2024 se contabilizaron más de 600 proyectos inmobiliarios, muchos en zonas selváticas sin permisos ambientales ni licencias de construcción. La misión identificó un corredor de especulación a lo largo de 57 kilómetros entre Playa del Carmen y Tulum, y otro entre Tulum y el aeropuerto de Felipe Carrillo Puerto, donde proliferan desarrollos hoteleros, residenciales y comerciales sin regulación efectiva. |
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