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| Departamentos, autos y hasta una concesión de agua, entre los bienes de los ministros de la Corte. | ||||||
| El ministro Irving Espinosa reportó un departamento en 3,712 pesos, mientras que la exconsejera jurídica de la Presidencia, María Estela Ríos, informó de un terreno que cuenta con una concesión de agua. | ||||||
| Jueves 05 de Febrero de 2026 | ||||||
| Por: Expansión Política | ||||||
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Luego de una promesa de transparencia, los ministros dieron a conocer versiones públicas de sus declaraciones, que por ley deben entregar para seguir su hilo patrimonial cuando llegan y salen del cargo y en ellas, los juzgadores aseguraron contar con casas, departamentos, terrenos, así como autos, joyas, obras de arte y hasta una concesión de agua. En una revisión a los documentos es posible darse cuenta que alguna de la cifras en las declaraciones de algunos ministros pueden parecer irreales, pues se declaran compras de departamentos por 3,700 pesos, de autos por 60,000 y otros se declaran sin bienes. En algunas de ellas, también falta información de colonias o entidades donde se encuentran los inmuebles, las marcas y/o modelos de vehículos. Jorge Alatorre, expresidente de comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), comentó que la presentación de declaraciones patrimoniales representan la oportunidad de contar con una dimensión precisa de su patrimonio para poder, en su caso, rastrear incrementos que no se ajusten a las percepciones que reciben, pero si hay inconsistencias el Órgano de Disciplina Judicial debe llamar a cuentas a los funcionarios públicos. Las declaraciones de los ministros del pueblo El presidente de la Corte Hugo Aguilar reportó que solo cuenta con un vehículo Chevrolet 2017 que compró al contado por 60,000 pesos en 2020 y menaje de casa por 400,000 pesos. El ministro comenzó su trayectoria laboral en 1989 al ser auxiliar en la Delegación de la Procuraduría para la Defensa del Indígena en Tlaxiaco, Oaxaca. De 2011 a 2015 se desempeñó como Subsecretario de Derechos Indígenas del Gobierno en Oaxaca; después estuvo a cargo de la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Indígenas del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, y ya con Andrés Manuel López Obrador, en 2018, asumió la Coordinación de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. La ministra María Estela Ríos González declaró que tiene tres departamentos, de los cuales dos compró al contado y uno a crédito. El primero, de 70 metros cuadrados, lo adquirió en 1987 por 7 millones de pesos; el segundo, de 64 metros cuadrados, lo compró en 1992 y el valor fue de 95,000 pesos, mientras el tercero es de 60 metros cuadrados, obtenido al contado en 2004 y cuyo costo fue de 470,000 pesos. A esto se agrega un terreno de 164 metros cuadrados, el cual compró en 2000 y costó 16,927 pesos. En 1967, adquirió otro inmueble con valor de 120,000 pesos y con una superficie de “120-99-42 HAS” y 125 metros cuadrados de construcción, el cual cuenta con una concesión de agua. La ministra, que lleva 27 años en el servicio público al haber comenzado como directora del Registro Civil en 1998, reportó un vehículo Ford 2015, el cual costó 139,400 pesos y cinco fondos de inversión. Ríos González también tiene trayectoria en el servicio público y principalmente junto a Andrés Manuel López Obrador. Fue dos veces consejera jurídica con el exlíder de Morena: primero cuando él era jefe de Gobierno en el Distrito Federal, y luego en la Presidencia de la República. Después se desempeñó como directora General en el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Su carrera profesional inició en 1970, como abogada litigante en derecho laboral y asesoría a sindicatos y trabajadores. El ministro Irving Espinosa Betanzo cuenta con un departamento que compró al contado en 1997, el cual costó 3,712 pesos y tiene una superficie de 64 metros cuadrados. Además, tiene un automóvil modelo Jetta 2012, la cual compró al contado por 260,342 pesos en 2011, así como un menaje de casa con un valor de adquisición de 100,000 pesos, y dos cuentas de ahorro. Espinosa Betanzo ha trabajado en los tres poderes de la Unión: en 2000 fue subdirector de Trámites Inmobiliarios y jefe de Unidad Departamental de Expropiaciones y Desincorporación de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del entonces Gobierno del Distrito Federal; también fue secretario Técnico de la Comisión de Desarrollo Social en la antes Asamblea Legislativa del Distrito Federal y asesor parlamentario en la Cámara de Diputados por Morena. La ministra Sara Irene Herrerías reportó en su declaración la compra de un departamento en 2018 de 182 metros cuadrados por un costo de 5 millones 550,000 pesos , y otro de 360 metros cuadrados, el cual compró a crédito en 2004 por un monto de 1 millón 300,000 pesos. Asimismo, reportó joyas con valor de 15,000 pesos; obras de arte por 20,000 y menaje de casa por 60,000. La ministra declaró otros ingresos por 40,059 por concepto de arrendamiento y 5,900 de herencia. En el servicio público se ha desempeñado como titular de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad en la extinta Procuraduría General de la República (PGR) y también ha encabezado la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB). Mientras, el ministro Giovanni Azaél Figueroa Mejía aseguró que cuenta con un departamento 92 metros cuadrados que obtuvo a crédito en 2014 en 3 millones 100,000 pesos. Además, cuenta con un terreno de 160 metros cuadrados que adquirió al contado en 2010 por 50,000 pesos. Cuenta con un vehículo marca BMW modelo X2 del año 2022, el cual compró al contado en 2023 por 600,000 pesos. También señaló tener una tarjeta de crédito Liverpool. El ministro Figueroa Mejía se ha dedicado a la cátedra, a la investigación y al servicio público. Desde 2011 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y a partir del 2020 se le reconoce como Nivel II. Como profesor ha estado al frente de programas de doctorado, maestría, especialidad y licenciatura en diversas universidades públicas y privadas. Como funcionario se ha desempeñado ha sido de Acuerdos en la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit en 2002, directores de la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de Nayarit y asesor en la Presidencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 2014. El ministro Aristides Rodrigo Guerrero García no reportó ningún bien inmueble y mueble ni vehículos, tampoco cuentas bancarias, pero sí aseguró que tiene un crédito hipotecario que obtuvo en 2022 por 4 millones de pesos. Fue comisionado presidente en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales de la CDMX (Info CDXM) entre 2018 y 2024. Además, se desempeña como profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Yasmín Esquivel Mossa tampoco reportó contar con algún bien inmueble y o mueble ni vehículos. Solo que tiene seguros de inversión, de vida, de separación individualizado y Afore. La ministra tiene más de 40 años en el servicio público, de los cuales, los últimos 25 años se ha desempeñado como juzgadora en los Tribunales Agrarios. Fue Magistrada en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en el que ocupó la Presidencia del órgano en dos ocasiones, y desde 2019 es ministra de la Suprema Corte. La ministra está casada con José María Riobóo, quien con su empresa Grupo Riobóo, se convirtió en el contratista más cercano de Andrés Manue López Obrador, pues se ha encargado de la construcción de segundos pisos del periférico y hasta de los estudios de viabilidad para el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Mientras, la ministra Lenia Batres Guadarrama reportó contar solo con menaje de casa con un valor de 300,000 pesos, que adquirió en Ikea. En su declaración señaló que devolvió de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2025 un monto de 1 millón 479,083 pesos al asegurar que la ley ordena que ningún funcionario puede ganar más que la presidenta. Batres Guadarrama también ha tenido diversos cargos públicos y pertenece a una de las principales familias que crearon a Morena, por lo que la mayoría de sus integrantes están en la Administración Pública Federal. Ella fue diputada federal y directora general jurídica y de gobierno de la delegación Cuauhtémoc; también fue asesora de la Jefatura de Gobierno, directora general de Regulación al Transporte y directora general de Asuntos Jurídico-Normativos de la Autoridad del Espacio Público. La ministra Loretta Ortiz Alhf aseguró que desde 1997 tiene una casa de 437 metros cuadrados que compró por 675,000 pesos; tiene un departamento de 86 metros cuadrados adquirido de contado en 2020 en 2 millones 950,000 pesos. También declaró que heredó joyas con valor de 2 millones de pesos y obras de arte, por 5 millones de pesos. Ortiz Alhf también tiene una trayectoria en el servicio público. Ha ocupado diversos cargos de alto nivel: fue asesora jurídica en la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Banco de México y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes; además, se desempeñó como consejera legal del Acuerdo de Cooperación Ambiental del TLCAN, consejera de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y diputada federal de Morena. Informe obligatorio, ¿pero irreal? La declaración patrimonial es un informe obligatorio que los servidores públicos deben presentar para transparentar su situación financiera (bienes, ingresos, adeudos e inversiones) en tres etapas al inicio, durante y al concluir su cargo. "Esta declaración es considerada un mecanismo para el combate a la corrupción, pues permite verificar inconsistencias en el patrimonio de los servidores públicos", explica el académico de la UNAM, Alejandro Orrico Galvéz, en el artículo Declaración de situación patrimonial de los servidores públicos. Su análisis desde la perspectiva del control interno. Para Jorge Alatorre, expresidente de comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, es un mecanismo vital anticorrupción para rastrear incrementos que no se ajusten a las percepciones que reciben los funcionarios públicos. “De esta manera puede contarse con un punto de referencia que permite inferir probables ingresos irregulares que deben ser explicados por el funcionario aludido”, señaló. Alatorre explicó que cuando se detectan inconsistencias, el Órgano de Disciplina Judicial debe llamar a los ministros aludidos para aclarar la información. “Lo que debería hacer el Órgano de Disciplina Judicial es llamar a los ministros aludidos a que proporcionen información al respecto. Generalmente una inconsistencia de tal magnitud pudiera ser atribuible al error ya que es muy desproporcionada, en su caso deberán hacerse las aclaraciones correspondientes y tomar las medidas que procedan”, declaró. No obstante, sostuvo que la relevancia de que los ministros presenten sus declaraciones radica en que no solo es esencial para evaluar evoluciones patrimoniales inexplicables, sino para dar un ejemplo. |
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