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XALAPA.- El litigio por el caso Calica en Playa del Carmen tendrá repercusiones negativas para nuestro país en la revisión de Tratado México-Estados Unidos y Canadá (T-MEC) a mediados del presente año, prevé Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía y exjefe del equipo de negociados del acuerdo trilateral de comercio de América del Norte. El asesor comercial externó: “Creo que el tema Calica va a ser muy importante. Sobre todo, si la revisión del tratado va a tener que recurrir a la ratificación legislativa en Washington; muchos legisladores americanos están muy enojados con México por la manera en la cual se ha resuelto el tema de Calica”. Sin entrar en el debate ambiental, el exfuncionario federal expresó que es necesario que México se apegue al Estado de derecho, respetando el contrato original que la empresa tenía y que le permitía la explotación de la piedra caliza para su exportación hacia Estados Unidos. Detalló que el tema Calica forma parte de los 54 puntos que la Agencia de Comercio Internacional de Estados Unidos le envió al gobierno mexicano como un anticipo a la mesa de revisión del T-MEC, junto a otros temas álgidos como las violaciones a los acuerdos en materia de energía y el tratamiento que se la ha dado a otras inversiones en materia fiscal. Calizas Industriales del Carmen, SA de CV (Calica) es una subsidiaria mexicana de Vulcan Materials Company, fundada en 1986. En su origen pertenecía de forma conjunta a Vulcan Materials Company y el Grupo ICA, pero Vulcan Materials Company compró Calica al Grupo ICA en 2001. Hasta 2022, la empresa produjo agregados para la construcción destinados a los mercados mexicano y, principalmente, estadounidense. Asimismo provee servicios de terminal marítima y de carga para la industria regional en el muelle de Punta Venado. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró por primera vez las actividades de aprovechamiento de roca caliza por debajo del manto freático en enero de 2017, tras un levantamiento topográfico por presunto incumplimiento a los términos primero, cuarto, sexto, décimo primero y décimo segundo de la autorización de impacto ambiental. En 2022 se clausuró por completo la mina y el muelle de Punta Venado, desde donde se exportaba el material pétreo a Estados Unidos. A finales de 2023, los senadores estadounidenses Bill Hagerty y Tim Kaine enviaron una carta pidiendo al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador detener las acciones "dañinas contra las empresas estadounidenses", en referencia a la clausura y cierre de la mina a cielo abierto Calica-Vulcan, en Playa del Carmen y el muelle Punta Venado desde donde exportaban material pétreo a la Unión Americana. En comunicaciones posteriores, los legisladores del país vecino, han advertido que si los terrenos y el puerto de Punta Venado son confiscados por el gobierno mexicano, “nos veremos obligados a considerar todos los recursos disponibles a nuestra disposición para garantizar que ninguna entidad o individuo e beneficie del robo de esta propiedad”. Vulcan Materials llevó el caso ante el Tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), por acciones del gobierno mexicano que impiden la operación de la empresa en Playa del Carmen. El litigio iniciado en 2018 se origina por acciones gubernamentales que datan de 2009, cuando el ayuntamiento de Solidaridad modificó el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) y cambió el uso de suelo de los predios La Adelita y el Corchalito, dos de los cuatro que pertenecen a Vulcan Materials en Playa del Carmen. El cambio de uso de suelo impide desde entonces a la empresa realizar actividades extractivas en éstos. Otro de los reclamos por los que Vulcan inició el arbitraje internacional es la clausura de otro de sus predios llamado El Corchalito, en 2017, previo a interponer la querella por 1,500 millones de pesos en contra del gobierno de México. A dichos reclamos se suma la clausura del predio La Adelita, ejecutada en mayo de 2018 por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), además de la cancelación de los permisos para operar el muelle Punta Venado, desde donde la compañía embarcaba el material pétreo extraído de Calica hacia Estados Unidos. La empresa solicitó una ampliación de su querella que le fue concedida por el CIADI, con lo cual la indemnización que exige Vulcan al gobierno mexicano se elevó a 1,900 millones de dólares.
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