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Xalapa, Ver.-
Personal de la delegación regional de Catastro con sede en Orizaba contradijo las declaraciones del presidente municipal de Nogales, Libni Zuriel de la Cruz Cruz, quien denunció públicamente un presunto fraude en perjuicio de más de 130 familias de la congregación de El Encinar. De acuerdo con funcionarios de la dependencia estatal, todos los movimientos catastrales realizados en Nogales, como altas, bajas y modificaciones, están debidamente registrados, validados y supervisados por la Dirección General de Catastro en Xalapa, lo que imposibilita un fraude como el que el edil ha intentado hacer creer a la opinión pública. El personal técnico, asegura ningún trámite catastral puede concretarse sin una cadena de validaciones oficiales que incluye a la delegación regional, la Coordinación Estatal y la Dirección General, además del aval del notario público y su posterior inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. “No hay ningún hecho de corrupción como dice el presidente. Todo está legal. Jurídicamente las familias están bien”, afirman funcionarios durante una revisión interna del caso. Explican que Catastro es una dependencia estatal y que los ayuntamientos únicamente participan mediante convenios de colaboración administrativa para cobrar el impuesto predial, pero no tienen facultad para alterar ni desaparecer registros catastrales. En ese contexto detallaron que todas las propiedades de El Encinar fueron integradas dentro del Programa Operativo Anual número 6, el cual tiene como objetivo “conservar y actualizar el padrón catastral” mediante reportes mensuales que cada municipio, incluido Nogales, debe entregar y que son supervisados por el Estado. “Si un movimiento tiene errores se devuelve para corrección. Nada se puede colar fuera del sistema. Aquí no hay nada ilegal”, señalan. Los funcionarios lamentaron que las declaraciones del alcalde “embarraron” injustamente a la dependencia estatal, a anteriores administraciones y hasta a notarios públicos sin un sustento técnico o legal que respalde la acusación. “Son temas políticos del presidente, no técnicos ni legales”, aseguran. Expusieron que lo dicho por el edil contrasta con la realidad administrativa, pues el supuesto “fraude” no se refleja en los sistemas estatales ni en los registros oficiales, los cuales confirman que las familias de El Encinar tienen el respaldo jurídico pleno sobre sus propiedades. Especialistas advierten que confundir problemas administrativos municipales con fraude penal no sólo causa alarma social, sino que también pone en riesgo la seguridad jurídica de cientos de familias al sembrar dudas sobre propiedades que están plenamente regularizadas. Plantearon que lo que existe es una falla interna del ayuntamiento de Nogales en su base de datos o en la gestión de su padrón, no un fraude cometido por Catastro ni por los ciudadanos. La delegación regional reitera que la información oficial del estado es la que tiene validez jurídica y que cualquier incongruencia en los registros municipales debe resolverse administrativamente, no mediante acusaciones públicas sin fundamento. El cruce de declaraciones entre el edil y la dependencia han causado incertidumbre en las familias que legalmente no tienen ningún problema con sus escrituras ni con su situación patrimonial...
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