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XALAPA.- La irregularidades administrativas y financieras al interior de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) siguen brotando y remiten a gestiones anteriores a la llegada de la actual administración estatal, es decir, a los tiempos del ex gobernador Cuitláhuac García. Prueba de ello es que nuevos datos apuntan a responsabilidades concretas en el manejo de recursos y presunto daño patrimonial, así como a una nueva línea de investigación sobre la participación de exfuncionarios y una Asociación Civil ligada a la gestión de la institución educativa. De acuerdo con la documentación difundida, parte de la investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) en el caso de la UPAV incluye oficios y solicitudes formales de información entre exrectores y autoridades educativas vinculadas con los recursos de la institución, lo que ha permitido trazar una línea de posibles responsabilidades sobre las operaciones financieras de la universidad. Entre los documentos que han circulado figura un oficio fechado el 2 de enero de 2025, firmado por el entonces rector de la UPAV, Ome Tochtli Méndez Ramírez, en el que asegura no contar ni poseer información contable o financiera solicitada por su sucesor en la rectoría. Ese oficio respondía a una petición de Sergio Torres Mejía, quien solicitó datos sobre ingresos, gastos, cumplimiento fiscal y legal, así como gestión administrativa derivada del convenio entre la UPAV y la Asociación Educación es Primero AEP, A.C., con fecha 30 de diciembre de 2024. La investigación también menciona que la Asociación Educación es Primero AEP, A.C., firmó originalmente un convenio de colaboración con la UPAV en diciembre de 2018, el cual fue modificado en julio de 2022 para extender sus efectos hasta enero de 2027, con el objetivo declarado de apoyar actividades educativas, según los documentos consultados. Otro anexo del convenio indicó que la asociación presentaba un adeudo de más de 42 millones 710 mil pesos, pasivo que fue absorbido por la Fundación para la Educación, Salud y Recuperación del Medio Ambiente, EDAL Asociación Civil, que se comprometió a supervisar y apoyar financieramente a la universidad. El caso UPAV forma parte de una mayor revisión del manejo de recursos públicos en entidades fiscalizables en Veracruz, donde auditorías y procesos de solventación han identificado presuntos daños patrimoniales por miles de millones de pesos en distintos organismos. La titular de la FGE local, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, ha informado que la investigación sobre la gestión de los recursos de la UPAV aún continúa y que varios de los actores documentados podrían enfrentar responsabilidades legales una vez que concluya el proceso de integración de evidencias. Este caso se suma a otras investigaciones y acciones en torno a la UPAV, incluida la detención reciente de exdirectivos por presunto desvío de cerca de 800 millones de pesos y la confirmación de auditorías internas a la institución por la Contraloría General del Estado. La divulgación de estos documentos y avances en la investigación se da en un contexto en el que la comunidad educativa —entre alumnos, docentes y administrativos— ha expresado incertidumbre por la irregularidad en pagos, nombramientos y la situación operativa de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, que atiende a decenas de miles de estudiantes en el estado.
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