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XALAPA.- Ipas Latinoamérica y el Caribe (Ipas LAC), indica que el arranque de un nuevo año es una oportunidad para retomar compromisos pendientes en materia de derechos humanos, uno de ellos es “reconocer y garantizar el aborto como parte del derecho al autocuidado, una condición indispensable para la dignidad, la autonomía y la salud de las personas”. El subdirectora de Incidencia de la agrupación internacional Marisol, Escudero Martínez, señala que este 2026 comienza con “consensos claros en derechos humanos, y la pregunta ya no es si el aborto es un tema de cuidado, sino ¿cuándo los Estados van a garantizarlo?”. explica que reconocer el aborto como una forma de autocuidado permite abordarlo desde una perspectiva de dignidad y bienestar, y también visibiliza el trabajo de cuidado históricamente sostenido por mujeres y comunidades que acompañan procesos de salud sexual y reproductiva. Al mismo tiempo, refuerza la obligación estatal de garantizar atención oportuna y de calidad, especialmente para quienes enfrentan mayores barreras de acceso. De acuerdo a Ipas LAC, en Latinoamérica y el Caribe, el acceso al aborto es desigual, ya que en países como Bahamas, El Salvador, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, República Dominicana y Surinam sus leyes prohíben de manera absoluta la práctica de este servicio de salud e imponen sanciones penales tanto a las personas que interrumpan un embarazo como a quienes les asistan. Existen otros países en los que se permite a las personas solicitar y acceder a un aborto seguro dentro de un plazo gestacional con independencia de las razones que tenga para ello y otros en los que el aborto es legal sólo en algunas situaciones específicas. “En la Guyana, la legislación permite el aborto a voluntad hasta las ocho semanas de gestación. En Uruguay, así como en varios estados de México la ley lo permite hasta las 12 semanas (en Sinaloa hasta la semana 13), y en Argentina y la Guyana Francesa hasta la 14”. Los leyes de Latinoamérica y El Caribe reconocen 14 situaciones o condiciones permitidas, variando de país a país. Una de ellas se permite cuando el embarazo es producto de violencia sexual, la que se aplica en los 32 estados de México, en Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Barbados y la Guyana. También, si la vida de la embarazada corre peligro, vigente en 25 estados de México, Argentina, Chile, Brasil, Bolivia, Paraguay, Perú, Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Belice, Barbados, Dominica, Antigua and Barbuda, Saint Kitty and Nevis, Puerto Rico y la Guyana. Otra es cuando exista la probabilidad de que la salud de la persona embarazada pueda verse afectada por la gestión, causal está prevista en 20 estados de la república mexicana, en Argentina, Colombia, Costa Rica, Belice, Cuba, Puerto Rico, Ecuador, Bolivia, Perú, Uruguay, Barbados, la Guyana y la Guyana Francesa, entre otras causales. Destaca que cuando la autogestión del aborto, cuando se realiza con información confiable y acceso a medicamentos recomendados por la Organización Mundial de la Salud es una práctica segura y eficaz, por lo que garantizar el acceso a esta información y a estos insumos es una medida concreta para proteger la salud, prevenir prácticas inseguras y fortalecer la autonomía reproductiva. la subdirectora de Fortalecimiento de Ipas LAC, Mara Zaragoza, comenta que “reconocer el aborto como autocuidado no es una concesión, es una obligación derivada del derecho al cuidado y a la salud”. Llamó a los Estados de la región a iniciar el año con acciones concretas: “fortalecer marcos normativos, garantizar servicios de salud sexual y reproductiva accesibles y eliminar las barreras que impidan a las personas decidir sobre su propio cuerpo. La vida digna y la justicia social no pueden seguir esperando.”
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